Las protestas en El Quimbo

A pesar de las denuncias hechas en su momento en el Senado de la República (en el año 2009 se presentó la primera), los cuestionamientos más fuertes se han producido ahora, justo cuando se hacía necesario cambiar el curso del río Magdalena, al que en cuestión de minutos unas retroexcavadoras lograron bifurcar para hacerlo pasar por unos túneles y permitir la construcción de la presa.

Por estos días, estudiantes y campesinos, liderados por Miller Dussán, han venido protestando en la zona y aseguran que el proyecto es lesivo para el interés general. Un video que circula en internet presenta de manera dramática el desalojo hace unos días de una protesta allí, en el sitio donde se llevaría a cabo el desvío del río. El Gobierno responde a los excesos que muestra el video asegurando que se han cumplido los protocolos, acordes con los derechos humanos, para desalojar a las personas que se asentaron en la zona de la construcción de la represa. Y que se seguirá usando el principio de autoridad para hacer respetar el interés general (que ve en el desarrollo del proyecto).

Lo cierto es que el debate sobre la construcción de la represa de El Quimbo tiene tanto de largo como de ancho. Emgesa, la empresa encargada de la obra, ha asegurado muchas cosas: tener una licencia ambiental, diseñar las medidas de contingencia ecológica, actividades de arqueología preventiva, estudios previos que consideran la zona como “segura” para la realización de la obra, compatibilidad del megaproyecto con actividades como la piscicultura y el turismo y, además, inversiones por 143 millones de dólares para la compensación socioambiental, el reasentamiento y la restitución de la actividad productiva y económica de los pobladores, con base en un censo que tomó dos años realizar.

Vistas así las cosas, el panorama no suena tan devastador como se ha pretendido mostrar. Por supuesto que es importante hacer seguimiento a las actividades que ha hecho Emgesa para certificar su cumplimiento o, incluso, aunque suene tardío, evaluar críticas como la que ha planteado el Polo Democrático en el sentido de que el proyecto contempla un embalse unipropósito (es decir, sólo para proveer energía) y no uno de múltiples propósitos para controlar el flujo del agua. Pero lo que no puede suceder es que, luego de cumplir con un proceso de consultas, acuerdos y lleno de requisitos, se intente frenar el proyecto con el trasteo de personas de otros lugares o el desconocimiento de acuerdos ya firmados. Si hubo algo impropio en el proceso, bienvenidas las denuncias. Pero desconocerlo provoca la devaluación de esos requisitos ambientales y sociales que no poco ha costado imponer para asegurar que los proyectos cumplan con los estándares adecuados.

Cierto es que la Fiscalía iniciará una investigación, a través de una comisión de fiscales especializados de la Unidad Anticorrupción y de Delitos contra el Medio Ambiente, para determinar si el contrato para el desarrollo del proyecto fue hecho de manera irregular. La Procuraduría, a su vez, ha anunciado que hará seguimiento a la obra, de acuerdo con las funciones preventivas que tiene la entidad. Que así sea. Si se encuentran irregularidades, no dudaremos en apoyar la suspensión de la obra. Esperamos asimismo que, como lo ha dicho el presidente Santos, los desalojos legales a que haya lugar se cumplan con los cánones más estrictos de derechos humanos. Y que pronto se haga la reparación y la restitución de la actividad agrícola y del daño ambiental. Vigilar el curso de estos eventos es más oportuno que pedir la suspensión de la obra.

A pesar de las denuncias hechas en su momento en el Senado de la República (en el año 2009 se presentó la primera), los cuestionamientos más fuertes se han producido ahora, justo cuando se hacía necesario cambiar el curso del río Magdalena, al que en cuestión de minutos unas retroexcavadoras lograron bifurcar para hacerlo pasar por unos túneles y permitir la construcción de la presa.

Por estos días, estudiantes y campesinos, liderados por Miller Dussán, han venido protestando en la zona y aseguran que el proyecto es lesivo para el interés general. Un video que circula en internet presenta de manera dramática el desalojo hace unos días de una protesta allí, en el sitio donde se llevaría a cabo el desvío del río. El Gobierno responde a los excesos que muestra el video asegurando que se han cumplido los protocolos, acordes con los derechos humanos, para desalojar a las personas que se asentaron en la zona de la construcción de la represa. Y que se seguirá usando el principio de autoridad para hacer respetar el interés general (que ve en el desarrollo del proyecto).

Lo cierto es que el debate sobre la construcción de la represa de El Quimbo tiene tanto de largo como de ancho. Emgesa, la empresa encargada de la obra, ha asegurado muchas cosas: tener una licencia ambiental, diseñar las medidas de contingencia ecológica, actividades de arqueología preventiva, estudios previos que consideran la zona como “segura” para la realización de la obra, compatibilidad del megaproyecto con actividades como la piscicultura y el turismo y, además, inversiones por 143 millones de dólares para la compensación socioambiental, el reasentamiento y la restitución de la actividad productiva y económica de los pobladores, con base en un censo que tomó dos años realizar.

Vistas así las cosas, el panorama no suena tan devastador como se ha pretendido mostrar. Por supuesto que es importante hacer seguimiento a las actividades que ha hecho Emgesa para certificar su cumplimiento o, incluso, aunque suene tardío, evaluar críticas como la que ha planteado el Polo Democrático en el sentido de que el proyecto contempla un embalse unipropósito (es decir, sólo para proveer energía) y no uno de múltiples propósitos para controlar el flujo del agua. Pero lo que no puede suceder es que, luego de cumplir con un proceso de consultas, acuerdos y lleno de requisitos, se intente frenar el proyecto con el trasteo de personas de otros lugares o el desconocimiento de acuerdos ya firmados. Si hubo algo impropio en el proceso, bienvenidas las denuncias. Pero desconocerlo provoca la devaluación de esos requisitos ambientales y sociales que no poco ha costado imponer para asegurar que los proyectos cumplan con los estándares adecuados.

Cierto es que la Fiscalía iniciará una investigación, a través de una comisión de fiscales especializados de la Unidad Anticorrupción y de Delitos contra el Medio Ambiente, para determinar si el contrato para el desarrollo del proyecto fue hecho de manera irregular. La Procuraduría, a su vez, ha anunciado que hará seguimiento a la obra, de acuerdo con las funciones preventivas que tiene la entidad. Que así sea. Si se encuentran irregularidades, no dudaremos en apoyar la suspensión de la obra. Esperamos asimismo que, como lo ha dicho el presidente Santos, los desalojos legales a que haya lugar se cumplan con los cánones más estrictos de derechos humanos. Y que pronto se haga la reparación y la restitución de la actividad agrícola y del daño ambiental. Vigilar el curso de estos eventos es más oportuno que pedir la suspensión de la obra.