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El expresidente Álvaro Uribe dejó entrever, en su puesta en escena ante la Comisión de la Verdad la semana pasada, que su oposición al Acuerdo de Paz no es, en esencia, un problema de impunidad, sino más bien de quiénes se quedan por fuera de ella. Su propuesta de una amnistía general, a todas luces incompatible con los compromisos en derechos humanos de Colombia y con la justicia para las víctimas, puede sin embargo interpretarse como un gesto político que permita un cambio importante en el debate público. La incoherencia y el cinismo del Centro Democrático en su oposición al Acuerdo de Paz no niegan, en todo caso, que el país necesita encontrar maneras de superar la polarización. Si la paz total es todavía un anhelo alcanzable, vale la pena cualquier esfuerzo para abrir nuevas avenidas de diálogo.
Al exmandatario lo encontró desprevenido la pregunta de la Comisión sobre cómo podría alcanzarse una paz total en Colombia. Él mismo lo aceptó en entrevista con Blu Radio: “En algún momento el padre (Francisco de Roux) me dice que yo puedo contribuir a la paz total de Colombia y me pregunta qué hay que hacer. Yo le dije que son varios los puntos que no permiten la paz. Uno, que aquí hay un diferencial, una asimetría en el tratamiento judicial, eso no va a permitir que se curen heridas. El país debe pensar en algún modelo de amnistía”.
Su propuesta parte de un hecho falso. Para Uribe, el problema es “la impunidad total para las Farc y los civiles que han delinquido, mientras que los paramilitares, con la Ley Justicia y Paz, tuvieron que pagar entre cinco y ocho años de cárcel”. Esa es una caricaturización del sistema de justicia transicional, que ha mostrado con resultados cómo su compromiso con la verdad, la reparación y el esclarecimiento de hechos es serio. Comparar Justicia y Paz, un proceso truncado por obstáculos judiciales y lleno de falencias, como el ejemplo superior en contraste con el sistema de justicia transicional es deshonesto.
Hay que ser claros: una amnistía general es incompatible con el Estatuto de Roma y con los compromisos en derechos humanos. Se trata, además, de una exclusión injustificada de las víctimas, las cuales deben tener la última palabra en cualquier proceso de perdón. La fórmula de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición que contempla el Acuerdo de La Habana está mucho más cerca de lo aceptable como moneda de cambio a la flexibilización de las penas.
Sin embargo, el gesto político del expresidente Uribe abre otro debate. En efecto, la polarización que se expresó en el plebiscito sigue dominando el debate colombiano. Cada vez hay más radicalismos de parte y parte, no solo sobre el Acuerdo, sino sobre los opositores políticos. Un país tan dividido, con tal resentimiento en el fondo, no puede llegar a buen puerto. Por eso la pregunta por la paz total sigue siendo una invitación abierta y por lo demás necesaria.
¿Hay una manera de sentarnos a conseguir un acuerdo político entre todos? ¿Puede el hablar de una amnistía moderada servir como punto de partida? Algo inevitable es que necesitamos hablarnos. Si el Centro Democrático empieza a moderar su posición sobre los procesos de paz, ¿por qué no tomarlos en serio y comenzar una conversación? Puede sonar ingenuo y resultar en una trampa (otra “jugadita”) que nos lleve a otra gran frustración, pero la urgencia de abrir puertas a la convivencia pacífica merece asumir el riesgo.
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