Pura democracia

Siendo específicos, a que se realice sísmica en siete veredas de esa jurisdicción, en el marco del proyecto Odisea D, de la empresa Ecopetrol.

No solo dijeron que no, sino que fueron contundentes al decirlo. Alzaron la voz: 4.426 personas votaron en contra, al lado de un pálido 151 de quienes sí quieren el proyecto. Y para realzar lo rotundo del mensaje, Alexander Contreras, el alcalde del municipio –uno que se caracteriza por su abstencionismo en elecciones– dijo que la cifra fue superior a la que lo eligió a él. Democracia expresa e inequívoca, se nos antoja. No la quieren porque la sísmica, según ellos, puede llegar a afectar las zonas montañosas y las reservas hídricas que allí existen y que los protege. Voto a voto el hecho debería contar y ser relevante.

Mucho más porque el proceso no es cosa de una semana: desde hace tres años los habitantes de esta región empezaron a inquietarse, y a oponerse a los yacimientos de petróleo: tal fue el caso de 400 pobladores que protestaron contra la producción de la multinacional British Petroleum, por temas laborales. Pero también cuando interpusieron una acción popular para frenar el proyecto de Odisea 3D. La inconformidad se sentía: por ello, de nada sirvió la comitiva ministerial que fue enviada allí a conciliar con los pobladores. Ni el Ministerio de Minas, ni el de Medio Ambiente, ni tampoco la viceministra del Interior o el presidente de Ecopetrol. Nadie. No hubo quien le pusiera dique a la oposición.

¿Vale jurídicamente, sin embargo? Un entusiasta de la democracia participativa diría que sí. Y con razón. Una de las médulas de la Constitución de 1991 es la descentralización administrativa: la oportunidad de que las comunidades locales decidan sobre sus asuntos, no solo a través de la elección de un dirigente, sino, como es el caso, directamente, tomándose por mano propia los mecanismos que la ley permite.

El presidente Santos, en entrevista con este diario, decía que “esas consultas son ilegales y no tienen ningún efecto legal” porque el “subsuelo es de todos los colombianos”. Y desvirtuaba la votación por una supuesta manipulación con las preguntas. Ya el ministro de Minas y Energía había indicado que la consulta pone en riesgo las inversiones y que rebasa las competencias del municipio. El Gobierno, que ha expedido decretos, y la Procuraduría General, que ha sentado su opinión, dicen que es la Nación quien decide.

Argumentos de lado y lado hay. Pero lo cierto es que ante estos precedentes, los municipios de Colombia seguirán esta tendencia. Tanto más en cuanto con las nuevas normas sobre regalías muchos de estos habitantes sienten que se están quedando con todos los costos y apenas parte de los beneficios. ¿Algo hay por hacer? ¿Algo mucho más allá de la imposición, pese a la negativa de la gente? Porque no es solo rechazo, también es miedo y desconfianza. Miedo a que las cosas salgan mal y los recursos hídricos escaseen. Desconfianza con que el Estado sea capaz de impedir que las empresas pasen como un virus, extrayendo todo, para luego irse dejando la desesperanza.

No puede ser que de esta confrontación no resulte algo positivo. Algo que, por fin, ponga a la locomotora de la minería sobre los rieles que deben ser. ¿Podremos conciliar los intereses nacionales y los locales de forma armónica? El desenlace será la respuesta.

Siendo específicos, a que se realice sísmica en siete veredas de esa jurisdicción, en el marco del proyecto Odisea D, de la empresa Ecopetrol.

No solo dijeron que no, sino que fueron contundentes al decirlo. Alzaron la voz: 4.426 personas votaron en contra, al lado de un pálido 151 de quienes sí quieren el proyecto. Y para realzar lo rotundo del mensaje, Alexander Contreras, el alcalde del municipio –uno que se caracteriza por su abstencionismo en elecciones– dijo que la cifra fue superior a la que lo eligió a él. Democracia expresa e inequívoca, se nos antoja. No la quieren porque la sísmica, según ellos, puede llegar a afectar las zonas montañosas y las reservas hídricas que allí existen y que los protege. Voto a voto el hecho debería contar y ser relevante.

Mucho más porque el proceso no es cosa de una semana: desde hace tres años los habitantes de esta región empezaron a inquietarse, y a oponerse a los yacimientos de petróleo: tal fue el caso de 400 pobladores que protestaron contra la producción de la multinacional British Petroleum, por temas laborales. Pero también cuando interpusieron una acción popular para frenar el proyecto de Odisea 3D. La inconformidad se sentía: por ello, de nada sirvió la comitiva ministerial que fue enviada allí a conciliar con los pobladores. Ni el Ministerio de Minas, ni el de Medio Ambiente, ni tampoco la viceministra del Interior o el presidente de Ecopetrol. Nadie. No hubo quien le pusiera dique a la oposición.

¿Vale jurídicamente, sin embargo? Un entusiasta de la democracia participativa diría que sí. Y con razón. Una de las médulas de la Constitución de 1991 es la descentralización administrativa: la oportunidad de que las comunidades locales decidan sobre sus asuntos, no solo a través de la elección de un dirigente, sino, como es el caso, directamente, tomándose por mano propia los mecanismos que la ley permite.

El presidente Santos, en entrevista con este diario, decía que “esas consultas son ilegales y no tienen ningún efecto legal” porque el “subsuelo es de todos los colombianos”. Y desvirtuaba la votación por una supuesta manipulación con las preguntas. Ya el ministro de Minas y Energía había indicado que la consulta pone en riesgo las inversiones y que rebasa las competencias del municipio. El Gobierno, que ha expedido decretos, y la Procuraduría General, que ha sentado su opinión, dicen que es la Nación quien decide.

Argumentos de lado y lado hay. Pero lo cierto es que ante estos precedentes, los municipios de Colombia seguirán esta tendencia. Tanto más en cuanto con las nuevas normas sobre regalías muchos de estos habitantes sienten que se están quedando con todos los costos y apenas parte de los beneficios. ¿Algo hay por hacer? ¿Algo mucho más allá de la imposición, pese a la negativa de la gente? Porque no es solo rechazo, también es miedo y desconfianza. Miedo a que las cosas salgan mal y los recursos hídricos escaseen. Desconfianza con que el Estado sea capaz de impedir que las empresas pasen como un virus, extrayendo todo, para luego irse dejando la desesperanza.

No puede ser que de esta confrontación no resulte algo positivo. Algo que, por fin, ponga a la locomotora de la minería sobre los rieles que deben ser. ¿Podremos conciliar los intereses nacionales y los locales de forma armónica? El desenlace será la respuesta.