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El viernes pasado la Corte Penal Internacional (CPI) decidió expedir una orden de captura contra el autócrata ruso, Vladimir Putin, y su comisionada para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, por la presunta participación en la deportación de menores de edad desde Ucrania hasta Rusia. A pesar de que su efecto práctico, la eventual detención física de los dos implicados no parece viable por ahora, dado que Moscú no es Estado parte de la CPI, sí envía un claro mensaje a la comunidad internacional cuando hay tan serios indicios de la comisión de crímenes contra los ucranianos.
Esta acusación es solo la punta del iceberg de una larga lista de atropellos cometidos en la guerra de agresión que Putin inició hace un año contra Ucrania, con pruebas recopiladas sobre masacres, abusos sexuales, bombardeos a población civil y torturas indiscriminadas. De allí que sea una noticia esperanzadora el que el tribunal mundial creado para juzgar a los máximos responsables de atrocidades cometidas en la guerra haya actuado con presteza en este caso. El fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, dijo que las deportaciones de más de 16.000 menores “demuestran la intención de sacar de manera permanente a los niños [ucranianos] de su país”. Khan espera que sean devueltos a sus familias, en el entendido de que no se puede permitir que “sean tratados como si fuesen un botín de guerra”.
La mayor dificultad para que se pueda materializar la orden de captura radica en que Rusia no es parte de los 123 países que suscribieron el Estatuto de Roma, que estableció la CPI. De esta manera, y dado que no cuenta con una fuerza coercitiva que permita su detención, esta solo podría ocurrir si Putin o Lvova-Belova visitaran alguno de los Estados miembros del Estatuto y que este desee entregarlos. El dictador ruso es el tercer jefe de Estado que es objeto de una medida de esta naturaleza, como sucedió con Omar al Bashir, de Sudán, y Muamar el Gadafi, de Libia. Otro caso similar fue el de Slobodan Milosevic, ex presidente de Serbia, que eludió la acción de la Corte hasta que cambió el gobierno en su país. Si sucediera algo similar en Rusia, que permita el retorno a la democracia, las nuevas autoridades podrían entregarlo para que sea juzgado en La Haya.
El caso concreto sobre el cual el fiscal Khan sustenta la acusación se dio tras los traslados de los menores, desde Ucrania, después de los ataques y masacres cometidas contra la población civil. El objetivo, como se ha señalado desde Kiev y es ratificado ahora por la CPI, era el de someterlos a un proceso de rusificación en el país vecino. Se trata de un delito atroz en la medida en que se dirige contra menores de edad que se encuentran dentro del segmento de la población más desprotegido. Aunque el Estatuto de Roma tipifica este crimen como de lesa humanidad, de momento Khan ha preferido avanzar con pies de plomo y ha preferido referirse al mismo como retención, con lo cual hay una relación causa-efecto más evidente entre Putin y Lvova-Belova con los hechos.
Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, tiene toda la razón al definir el paso dado por la Corte como histórico: “Separar a niños de sus familias, privarlos de cualquier oportunidad de ponerse en contacto con sus familiares, escondiéndolos en territorio ruso, repartiéndolos por regiones remotas (…) es, obviamente, una política de Estado rusa”. Mientras tanto, y como era de esperarse, Moscú ha negado desde el primer día las acusaciones por crímenes de guerra y le restó importancia a la decisión de la Corte al considerarla “indignante e inaceptable”.
Esto corrobora que los señalamientos hechos por Kiev desde hace un año, que han tenido eco en la comunidad internacional, no eran falsos, sino que no deberían quedar impunes. Puede ser que tome un tiempo, pero es de esperar que Putin responda por los muchos crímenes cometidos en Ucrania.
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