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La confesión tácita en la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sobre la EPS Sura es que el Gobierno se dio cuenta de lo mucho que necesita a las EPS. No lo dirá, por supuesto, pues eso va en contra de los mensajes que se han dado en medio del hostil trámite de la reforma a la salud, pero se puede leer entre las líneas de los argumentos. Mientras las quejas por el mal servicio aumentan, incluso en las entidades intervenidas por el Estado, que una EPS como Sura, con buenos manejos, esté a cargo de casi cinco millones de afiliados es un aporte al país. La pregunta es si esto implicará un ajuste a la estrategia del Ministerio de Salud en 2025 o se continuará con el deterioro paulatino del sistema solo para tratar de probar sus hipótesis.
En mayo, EPS Sura, una de las que mejores puntajes recibe en satisfacción de los colombianos, sorprendió al país al solicitar su retiro voluntario del sistema de salud. El motivo, en síntesis, era que la situación financiera no resistía más para prestar un servicio a largo plazo con responsabilidad. La causa latente, también, es que, a pesar de los intentos de su liderazgo por construir puentes con el Gobierno Nacional, el desastre de la reforma a la salud había empeorado la situación de todo el sistema. En palabras de Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana: “Hemos buscado caminos para mantener un rol en el sistema. Hemos conversado con actores. Sin embargo, el tiempo se agotó. El sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica. Es una problemática que nos supera como compañía”.
Noobstante, el lunes pasado la Supersalud negó la salida de EPS Sura del sistema. A grandes rasgos, dijo que era imposible pasar sus afiliados a otras EPS, pues no hay los recursos ni la capacidad instalada. Es comprensible. En un sistema en crisis financiera, EPS Sura atiende a 4,5 millones de afiliados en el régimen contributivo, que son el 20,5 % del total de afiliados de ese régimen a nivel nacional, y 858.552 afiliados en el subsidiado, un 4,6 % de todos los afiliados en el país. En otras palabras, el país necesita a EPS Sura. Por eso es comprensible que no se permita su liquidación. Aunque surge la pregunta: ¿entonces vamos a permitir que se marchite hasta su liquidación?
La obsesión del Gobierno Nacional con reformar el sistema de salud con hostilidad hizo que, a estas alturas, no se haya aprobado un proyecto, que tengamos el 57 % de la población afiliada al sistema bajo EPS intervenidas por la Supersalud y que las entidades que hacían un buen trabajo, como EPS Sura, estén asfixiadas y sin campo de acción política. Mientras tanto, las quejas aumentan. Datos compartidos por la representante Catherine Juvinao muestran que, en octubre, se incrementaron un 36,8 % las incomodidades de los colombianos con el sistema de salud. De poco ha servido la administración estatal y los constantes señalamientos a los privados. A las malas, el Gobierno ha comprendido que la solución tiene que ser concertada y con base en la colaboración, como se le advirtió desde un principio.
Ausente está, en la decisión de la Supersalud, la alternativa. ¿Cómo evitar que EPS Sura se marchite? ¿Cómo garantizar que los proveedores sigan recibiendo pagos? ¿Cómo proteger a los colombianos en medio de un sistema en crisis? El Gobierno Nacional no ha hecho mucho con este tema, a pesar de tener la palabra hace dos años.
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