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Dentro de todo lo que ha dicho el gobierno de Gustavo Petro sobre su nueva política antidrogas, una frase del ministro de Justicia, Néstor Osuna, nos parece la más importante. En la explicación de todo lo que se propone hacer la administración, el plan, que implicará una inversión de unos $21 billones en la próxima década, “promete que el Estado va completo”. Tan sencillo y, sin embargo, tan poderoso, en una Colombia que ha estado secuestrada por una guerra contra las drogas impuesta desde Estados Unidos y donde la única solución ha sido castrense, algo altamente ineficiente. Claro, persisten dudas y, como ha sido habitual en este Gobierno, falta ver si la teoría va acompañada de la práctica, pero celebramos algo de sentido común en un debate estéril a nivel mundial.
El fin de semana pasado en Cali, Colombia fue anfitrión de 17 países latinoamericanos para discutir la política antidrogas. Luego, el sábado, el Gobierno presentó su política a escala nacional. Ambos hechos mostraron la dificultad del tema: aunque hubo voluntad por parte de los representantes que asistieron a la cumbre, el comunicado final fue tibio y habló de seguir buscando una estrategia unificada. Mientras tanto, la política en el país se estrella con las limitaciones del paradigma prohibicionista internacional. Colombia no puede avanzar solo, pero el mundo sigue siendo reacio a las ideas de cambio.
Para completar el panorama, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) dijo que en 2022 rompimos un récord y llegamos a 230.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas. Se trata de un aumento del 12,7 % sobre 2021 y del 43 % a lo que teníamos en 2020. En respuesta el ministro Osuna, quien está de viaje por Estados Unidos socializando la política antidrogas, afirmó que “la idea de que estamos inundados de coca no es cierta”, y señaló cómo el incremento está concentrado en Putumayo, mientras el resto del país se ha mantenido estable. Sin embargo, el problema es evidente: Colombia sigue sin saber qué hacer con tanta droga cultivada. Con el agravante de que, si el año entrante Joe Biden pierde la reelección en Estados Unidos, podríamos tener a un presidente hostil a los ajustes que ha pedido Colombia.
Entonces, ¿a qué le apostamos? A lo que se ha pedido durante años: menos represión y que llegue el Estado, con la Fuerza Pública, pero también con oportunidades. El Gobierno se compromete a no perseguir a los pequeños cultivadores, a brindarles la opción de cultivos alternativos, a no utilizar el glifosato y a empujar por una estrategia que nos aleje del prohibicionismo terco. Con esto, de nuevo en palabras del ministro Osuna, espera “acompañar en el tránsito a economías lícitas a 50.000 familias” y “disminuir la producción de cocaína en un 40 %”.
Compartimos el diagnóstico y la necesidad de un cambio en la política antidrogas. Llevamos años pidiendo que el Estado entero aparezca, que se abandone la violencia como estrategia. No obstante, después de un año de gobierno, los resultados han sido decepcionantes. Con el documento ya publicado, ¿ahora sí empezaremos a ver el cambio aterrizar?
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