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La condena contra Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es también un intento de reivindicación por parte de la Rama Judicial. Fue un juez penal quien, después de años de testimonios, llegó a la conclusión de que Ricaurte formó parte de un entramado de corrupción sobre el que el país sigue teniendo varias preguntas. El cartel de la toga, con el intercambio de favores, de recursos indebidos y de influencias, es una de las peores épocas en la historia de la justicia colombiana. La decisión, que no debería ser la última contra los involucrados, también ubica los reflectores sobre el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno y sus promesas de testimonios. ¿Qué falta que Colombia conozca?
Duró tres años y la decisión es apenas en primera instancia. Sin embargo, las conclusiones del juez lucen contundentes. Además, en sus palabras se puede escuchar el eco de los funcionarios judiciales que se sintieron traicionados por un presidente de la Corte Suprema de Justicia. No es para menos. Si la corrupción llega a esos espacios elevados, la legitimidad de toda la rama se ve afectada. Por eso era tan importante que, después de un análisis juicioso de las pruebas, llegáramos a una decisión. Que no ocurra como otros casos de alto nivel que, gracias a habilidosos abogados y consideraciones políticas, quedan en la impunidad.
“A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional, pues contaba con la ilustración y el suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal; por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”, escribió el juez. Es decir, todo lo que ocurrió es aún peor porque fue cometido por un magistrado que conoce la ley y prometió protegerla y cumplirla. Personajes como Ricaurte que se infiltran en el sistema para abusarlo causan varios tipos de daños, más allá de los casos puntuales que fueron objeto de investigación. Lo más general y problemático es ver cómo la confianza en las instituciones se ve afectada. Ahora la Corte Suprema de Justicia y toda la rama tienen que resistir ataques de quienes dudan de cualquier actuación por culpa del cartel de la toga.
Ricaurte fue condenado por una serie de delitos: concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho (soborno) por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente. Pésimo final para quien fue presidente de una corte con larga historia en la lucha contra la corrupción.
Dentro de las deliberaciones del juez fue esencial el testimonio de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal Anticorrupción. Según la decisión, no hubo razones para “desvirtuar las aseveraciones que ha hecho Moreno”. Se trata de un respaldo judicial al ventilador que inició hace unos años y que se ha chocado con procesos estancados. Hace poco, el exfiscal prometió que iba a compartir con Colombia más detalles sobre todo lo que sabe. Es una deuda que tiene. La Fiscalía debe presionar para que conozcamos quiénes más estuvieron involucrados en la compra y venta de ciertas actuaciones judiciales.
Celebramos que la justicia actúe de forma contundente. Así debería ser siempre. Es la única forma para reconstruir la confianza.
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