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Sorpresivamente, fiel a su estilo de lanzar ideas grandes sin tener claros los métodos para aterrizarlas, el presidente Gustavo Petro anunció que la búsqueda de la paz tendrá una nueva mesa de negociación. Lo curioso es que se hará con personas que ya se desmovilizaron y pagaron o están pagando sus condenas. El mandatario quiere sentarse a dialogar con los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el propósito de encontrar los bienes necesarios para reparar a las víctimas. El fin es loable, aunque el tono es confuso, pero la gran pregunta es si podrá hacerlo realidad en medio de un proyecto estancado de “paz total”. El reloj juega en contra.
El evento era histórico. En Montería, el presidente Petro anunciaba la entrega de 8.430 hectáreas de tierras para restitución. Sin embargo, una extraña camaradería con Salvatore Mancuso se robó los reflectores. Voces lo recibieron con un “te queremos, mono”. El mismo presidente se mostró cercano a él, con gestos que hacen preguntar: ¿dónde quedó el respeto por las víctimas que no han sido reparadas? ¿Esa es la manera de tratar a alguien que, a pesar de sus discursos rimbombantes, se ha burlado a menudo de la justicia, la verdad, la reparación?
Claro, ahora sabemos lo que vendría. El presidente, de nuevo con una inusitada amabilidad con criminales condenados, dijo: “Salvatore, Macaco, Jorge 40, podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia; el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido, y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”.
La preocupación del presidente viene de un diagnóstico preocupante: hay muchos bienes embolatados que no se han devuelto a las víctimas. Los procesos de reparación en el marco de Justicia y Paz se han estancado. En general, los diálogos con las AUC terminaron con falsas desmovilizaciones, mentiras al Estado, la extradición de los exjefes de manera intempestiva y una sensación de justicia pendiente. Es cierto que hay mucho por hacer, lo que no queda claro es qué se puede lograr reabriendo la mesa. Y, ante todo, cómo se haría.
El Gobierno, como contó Colombia+20 de El Espectador, está en vísperas de abrir el proceso de diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), pero no conocemos cuál marco jurídico se empleará para esa y otras tantas negociaciones en curso. En las víctimas hay un temor fundado de que se prefiera la impunidad por encima de la reparación.
La Presidencia Petro es abundante en buenas intenciones, pero carente de métodos. Sus diálogos de “paz total” están demorados y en algunos casos, como con el ELN, en cuidados intensivos. ¿Traer a los exparas es enlodar aún más el pozo? ¿Se sigue, acaso, cultivando la idea de un tribunal de cierre, una ley de punto final? ¿De allí surgen tantas críticas injustificadas a la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Y las víctimas?
Se le acaba el tiempo a la administración Petro. Mientras intercambia sombreros con Mancuso, su margen de maniobra política se reduce y el país calienta motores para una nueva campaña electoral. Por eso es inconveniente que haya tantos interrogantes pendientes en torno a los procesos de paz. Ahora, con una nueva mesa a la vista, volvemos a preguntar: ¿qué, exactamente, tenemos para negociar con las AUC? ¿Y cómo lo vamos a hacer?
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