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La condena por siete años y diez meses de prisión al exdirector del DAS Jorge Noguera es un añadido más a la larga y tenebrosa lista de sentencias por la utilización indebida de la agencia de inteligencia estatal. Aunque ya es mucho lo que sabe el país, gracias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía, sobre la creación de una policía política en esa institución, la falta de indignación alrededor del caso es un síntoma preocupante. También es lamentable que varios de los delitos de los que se acusaba a Noguera hayan prescrito. ¿Qué sucede con la responsabilidad política por lo ocurrido?
El proceso contra Noguera fue uno de tantos que estuvieron en el congelador de la CSJ. Aunque celebramos que el más reciente escándalo haya sacudido al tribunal, no sobra preguntarse: ¿por qué la tardanza? Es una lástima que los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos receptores y transmisores hayan prescrito, lo que explica la baja tasación de la condena. Este tipo de casos tan importantes para el país no pueden quedarse a medias por culpa de la negligencia judicial.
En todo caso, los hallazgos de la CSJ son preocupantes. Según la decisión proferida, “el director de la entidad diseñó y organizó, con su asesor José Miguel Narváez y miembros de la Dirección General de Inteligencia, el G-3 para cometer al amparo de la llamada inteligencia estratégica delitos”. Y no se trató de cualquier delito, sino de una persecución organizada y perversa contra personas que habían expresado diferencias con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Noguera, “en su condición de director del DAS a través de la dirección general de inteligencia y el G-3 dirigió y encabezó una organización criminal conformada por miembros de ese organismo en marzo de 2003, la cual bajo la apariencia de adelantar labores de inteligencia estratégica interceptó comunicaciones privadas con los equipos de la entidad y llevó a cabo seguimientos pasivos y patrimoniales, por fuera de la ley”.
La Procuraduría lo dijo de manera clara durante el proceso: el DAS se convirtió en un aparato de guerra con el objetivo de desarrollar “una guerra política e ideológica prohibida por la Constitución”. Los efectos fueron nefastos. Todos los perseguidos vieron cómo su vida se convertía en una tensión constante, plagada de amenazas que buscaban silenciar sus protestas. El país, por su parte, vio cómo una institución diseñada para protegerlo se convertía en un mecanismo de opresión. Perdió la democracia.
Noguera, por cierto, ya había sido condenado a 25 años de prisión por haberles facilitado a grupos paramilitares información que terminó en el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis, quien había sido señalado falsamente como colaborador de las Farc. Esa es la calidad de persona que estaba al mando del DAS.
La decisión de la CSJ también pide reparación a las víctimas, lo cual es una medida necesaria y un reconocimiento simbólico importante del Estado por sus fallas. El tribunal también le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue si el expresidente Álvaro Uribe tiene responsabilidad por estos hechos que ocurrieron bajo su gobierno. Al respecto, el ahora senador contestó que “interceptar en contra de la ley y por razones políticas es ajeno a mi manera de ser. Acostumbro proceder de frente y sin trampa”.
Independientemente de las posibles responsabilidades penales por los hechos en cuestión que involucren al expresidente, sí queda en el aire una pregunta que no se ha contestado: ¿cómo fue posible que bajo la obsesión de la seguridad democrática se permitiera utilizar el DAS de manera criminal? Así todo haya sido a espaldas del mandatario, el funcionario de más alto rango en el DAS, nombrado por él, deberá pagar cárcel por hechos que son innegables. ¿No debería haber ahí más responsabilidad política? Esta es una faceta de la historia reciente colombiana que no puede volver a ocurrir.
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