La captura de Jorge Ignacio Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional, marca un punto de inflexión en una larga historia de corrupción en las más altas esferas de la Rama Judicial. Pretelt, quien en 2013 pidió $500 millones de Fidupetrol para intervenir en la selección de una tutela que luego buscaría fallar a su favor, está condenado a seis años y medio de prisión. En un comunicado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo que “la decisión, adoptada por unanimidad con la participación de cuatro conjueces, ratifica la pena de prisión en centro carcelario impuesta por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, pero modifica la pena de multa, fijándola en el equivalente a 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos”. Al cierre de esta edición, el exmagistrado estaba internado en una clínica de Montería bajo supervisión de las autoridades, previo su traslado a Bogotá.
El caso de Pretelt, quien fue nominado a la Corte Constitucional por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, ha sido una de las principales manchas de la administración de justicia nacional. Ocurrió en el marco del Cartel de la Toga, una serie de casos de magistrados que utilizaban su poder para cobrar coimas a cambio de influir en decisiones de alto nivel. Por ejemplo, lo que buscaba Fidupetrol al darle tanto dinero al entonces magistrado era no tener que pagar $22.500 millones a la Gobernación del Casanare. Ese detalle demuestra lo perverso de todo el entramado: un funcionario que devengaba un sueldo que sale de los impuestos de todos los colombianos estaba ayudando a una fiduciaria a no responder ante una entidad territorial. Doble trampa y traición a la ciudadanía.
Claro, hubo escándalo y pataleo. En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde inició el proceso, hubo más política que investigación. Se habló, como es común en estos casos, de montajes y persecución. Pero las pruebas estaban sobre la mesa y los mismos magistrados de la Corte Constitucional tuvieron que testificar para devolver la dignidad a sus cargos. La defensa del exmagistrado hizo lo posible por dilatar el proceso, recusando a casi todos los jueces involucrados, lo que llevó a que la decisión final, anunciada esta semana, fuese tomada por conjueces. La condena contra Pretelt termina siendo un corto período en la cárcel, mientras que el daño reputacional a la justicia se seguirá sintiendo por años.
No hay discusión política que no mencione el Cartel de la Toga como argumento contra la labor judicial. Tiene sentido: es la materialización de los temores de la ciudadanía con una justicia que necesita ser autónoma y transparente. Sin embargo, esta condena a Pretelt también debe reconocerse como el trabajo de una rama capaz de purgar su propia corrupción. Envía, ante todo, el mensaje de que nadie está por encima de la ley, menos aquellos que abusen del poder y la confianza conferidos por la Constitución y la ley. Aunque tardó, la condena a Pretelt es un símbolo bienvenido para Colombia.
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