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Los cargos presentados contra Nicolás Maduro y otros de sus cómplices por parte del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se enmarcan dentro de la estrategia de Washington contra la dictadura venezolana. Aunque eran esperados, dada su veracidad, sorprendió que se conocieran en momentos de crisis mundial. Hay dudas sobre su real efectividad, pues, de momento, no parecen acarrear mayores consecuencias y, por el contrario, radicalizan aún más al régimen en el país vecino.
La medida, que cobija a la plana mayor de la dictadura, incluye a los involucrados en el llamado Cartel de los Soles, funcionarios militares y civiles culpables de narcotráfico y apoyo al terrorismo. Además de Maduro figuran Diosdado Cabello —su segundo a bordo—; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional, y Maikel Moreno, cabeza del Tribunal Supremo de Justicia. También están dos exmilitares cercanos a Hugo Chávez: los generales Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, que rompieron con Maduro y se convirtieron en sus enemigos. Según Barr, “abusaron del pueblo venezolano y corrompieron sus instituciones legítimas”, y ofrece hasta US$15 millones por información para su captura. Por último, en la lista están Iván Márquez y Jesús Santrich, disidentes de las Farc. Se les acusa de entregar droga al Cartel en Venezuela y recibir armas a cambio desde 1999. Nicolás Maduro, como era previsible, llamó “miserable” a Donald Trump y dijo que todo se debe a una conspiración en la que está involucrado el Gobierno de Colombia.
La medida se anuncia justo cuando se abría una vía de cooperación entre Bogotá y Caracas, a través de la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de armonizar medidas binacionales en medio de la crisis del COVID-19. También el expresidente Andrés Pastrana, crítico del régimen, se ofreció para establecer un puente directo entre Duque y Maduro. Ambas medidas son válidas y bienvenidas. Pastrana recoge la gran preocupación que existe ante el colapsado sistema de salud en Venezuela. Si el flujo de migrantes se mantiene como está, o aumenta debido a esta situación, las consecuencias para Colombia serán impredecibles.
No hay duda de que la única solución posible para resolver el grave problema del país vecino pasa por la salida de Maduro y la realización de elecciones libres y transparentes. Esto es esencial. Sin embargo, el ocupante de Miraflores cuenta con el apoyo de Rusia y China, así como con el reconocimiento internacional de Naciones Unidas. Las medidas anunciadas parecen dar más munición a las mentiras del régimen de una campaña internacional, que tiene a Colombia como su principal centro de acción, para derrocar a un gobierno legítimo. De otro lado, si la fortaleza interna de gobierno ilegítimo se ha sustentado en el contubernio del poder entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, el Legislativo y el Judicial, todo indica que, como en Cuba, en adelante este bloque monolítico será mucho más difícil de quebrar.
En medio de esta situación surgió un hecho adicional relacionado con Colombia. El general retirado Clíver Alcalá, quien huyó a Barranquilla y hace parte de las personas vinculadas al Cartel de los Soles, dijo en La W que un arsenal incautado en estos días, en la costa Atlántica, era parte de un plan autorizado por el presidente encargado, Juan Guaidó, para derrocar a Maduro. Según Alcalá, el Gobierno colombiano no tenía conocimiento de esto. Este es un tema que hay que aclarar y en el cual las autoridades deben dar una pronta explicación.
Los países de la región, con Colombia a la cabeza, han afirmado no aceptar acciones de fuerza contra Venezuela. Este escenario tendría consecuencias muy graves, especialmente para las naciones limítrofes como la nuestra. La lucha contra la dictadura del país vecino y el retorno de la democracia son temas esenciales, pero no a costa de un precio tan alto para Colombia.
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