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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue dándole al país momentos de gran peso simbólico. Ayer, en audiencia de reconocimiento de responsabilidad, vimos a los altos mandos de las desaparecidas Farc ser confrontados de manera directa por las víctimas, interrogados en sus silencios, cuestionados por la falta de reparación económica y motivados a seguir aportando a la verdad. También presenciamos un reconocimiento inequívoco de responsabilidad, algo que hace unos años e incluso durante las negociaciones de paz en La Habana se creía imposible. Así avanza hacia la reconciliación la gran apuesta por la paz del país.
“Señores magistrados”, dijo Rodrigo Londoño, el último líder de las Farc antes de su reintegro a la sociedad, “hemos venido aquí como último Secretariado de las desaparecidas Farc, y en mi calidad de último comandante, a reconocer nuestra responsabilidad en uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización”. Se trata de una declaración histórica. A lo largo de los años de conflicto, las Farc justificaban todos sus crímenes bajo un supuesto propósito revolucionario. Lo mismo han hecho, por cierto, guerrillas aún activas como el Eln. En ese marco, el secuestro, un acto de tortura y deshumanización deplorable, era visto como una herramienta de presión. Por eso es tan importante que haya un rechazo contundente a esa práctica.
Pablo Catatumbo explicó: “Durante esa larga confrontación que sostuvimos, muchos militares y policías fueron hechos prisioneros y se liberaban pasado un tiempo. Pero en 1997 un pleno del Estado Mayor, al que yo asistí, decidió (y por supuesto soy responsable) tomarlos como rehenes y forzar un intercambio humanitario por los guerrilleros que estaban en las cárceles. En 1998 se tomó otra decisión grave: involucrar a personas civiles dentro del canje”. Entonces, como pudimos comprobar en los más de 20.000 secuestros que han sido recopilados por la JEP, las personas empezaron a ser privadas de su libertad por el grupo guerrillero bajo la estrategia de forzar la liberación de presos por parte del Estado. En ese proceso, el actuar inhumano contra los secuestrados fue la norma.
Tal vez lo más valioso de las audiencias de reconocimiento ante la JEP es que víctimas del secuestro pudieron tomar la palabra. Varias les exigieron respuestas a los excombatientes sobre casos que, como el de los diputados del Valle, llevan años sumidos en la impunidad. También hubo un reclamo común: no es suficiente el reconocimiento de responsabilidad si no hay un aporte excepcional a la construcción de la verdad sobre lo ocurrido. Sigifredo López, por ejemplo, dijo con claridad: “A mí me pusieron preso por la mentira que dijeron”. Los ex-Farc le dieron la razón.
Falta mucho trecho en el camino hacia la reconciliación, pero estas audiencias públicas son una muestra de la importancia de apostar a la paz y a los mecanismos de justicia transicional. Qué importante es para el país escuchar a Pastor Alape decir: “Estamos acá para asumir nuestra responsabilidad. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que nuestra organización se convirtió en una máquina de odios”. Por más espacios como estos, el respaldo a la JEP tiene que seguir creciendo.
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