Reficar no es igual a Odebrecht

El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, ha anunciado en reciente entrevista con El Tiempo, entre otras cosas, que próximamente el ente que dirige imputará cargos en el caso Reficar y que en septiembre, una vez abandone el cargo, decidirá sobre su futuro político, incluida una posible aspiración presidencial. Porque conocemos de cerca su prolongada carrera de servicio público, damos por descontado que la perspectiva respecto a la segunda decisión no tendrá efecto alguno sobre la primera. Con todo, si eso genera confianza sobre las imputaciones anunciadas, no ocurre igual con la manera como se ha planteado desde el comienzo este escándalo de posibles sobrecostos millonarios en el mayor proyecto de infraestructura en la historia del país.

Reficar no es Odebrecht. El segundo es un caso de crimen transnacional, con evidencia de una lluvia de sobornos, en muchos casos al más alto nivel. En Odebrecht hay cheques, hay fotos, hay grabaciones, hay maletines llenos de dinero... En Reficar, por lo menos de lo que se sabe hasta el momento, lo palpable es que se trata de una moderna refinería de talla mundial, cuya construcción costó el doble de lo originalmente presupuestado.

Que esto haya ocurrido, por supuesto, es un tema que nos debe preocupar a todos. Primero, lleva a cuestionar la calidad y la precisión con que se hizo el presupuesto original. Segundo, pone en tela de juicio la selección del constructor, en este caso CB&I, y el tipo de contrato que se utilizó. Y, claro, invita a cuestionar el gerenciamiento del proyecto por quienes contrataron al constructor.

El deficiente trabajo del contratista dio origen a una demanda por parte de Reficar, que aspira a recuperar para la nación una cifra no inferior a los US$2.000 millones en un tribunal de arbitramento internacional que debe concluir su trabajo en 2019. Una demanda que, según se deduce de las actas de juntas directivas que se han venido conociendo, se comenzó a documentar desde años antes a su presentación, en el entendido de que lo mejor era terminar el proyecto y apretar los controles a las malas prácticas detectadas al contratista.

En cuanto a responsabilidades de actores colombianos, es importante tener en cuenta que Reficar es una filial de Ecopetrol, con su propia junta directiva. La de Ecopetrol, como toda junta directiva de un grupo empresarial, tiene responsabilidades estratégicas, mas no operativas. En el caso de Reficar, y así lo ha entendido la Contraloría, a la junta de Ecopetrol le corresponde explicar, no el detalle de cada uno de los hallazgos fiscales, sino la decisión estratégica de haber aportado los recursos para continuar con el proyecto cada vez que la junta de Reficar aprobó los aumentos de presupuesto. Esta aportación de recursos adicionales comenzó en 2012, cuando ya se habían ejecutado gastos por alrededor de US$2.000 millones. Los directivos de Ecopetrol que aprobaron dichas adiciones no enfrentaban la disyuntiva entre “hacer el proyecto o no hacerlo”, sino un reto mucho más complejo: “abandonar el proyecto o terminarlo”. A juicio de ellos, resultaba mucho más conveniente aportar los recursos para terminar el proyecto que haber enterrado en ese momento más de US$2.000 millones ya invertidos.

En días pasados se conoció que la Fiscalía le había otorgado principio de oportunidad a un funcionario de Reficar. Esa es una gran noticia, que nos anima a confiar que pronto conoceremos detalles de actuaciones indebidas en este proyecto que permitan dar más claridad a la opinión sobre lo que sucedió. Por supuesto que a quienes se involucraron en acciones delictivas les debe caer todo el peso de la ley, sin ninguna contemplación. No pareciera, empero, que ese sea el caso de quienes, desde la presidencia o la junta de Ecopetrol —sin haber diseñado el proyecto, sin haber elaborado el presupuesto original, sin haber seleccionado el contratista, sin haber decidido sobre el tipo de contrato— tuvieron que decidir aportar los recursos para terminar el proyecto, teniendo como única alternativa práctica haberlo abandonado. Esto último sí que hubiera producido un incuestionable y enorme detrimento al patrimonio de la nación.

Advertencia: Familiares del director de este diario fueron miembros en diferentes momentos de la junta directiva de Ecopetrol.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, ha anunciado en reciente entrevista con El Tiempo, entre otras cosas, que próximamente el ente que dirige imputará cargos en el caso Reficar y que en septiembre, una vez abandone el cargo, decidirá sobre su futuro político, incluida una posible aspiración presidencial. Porque conocemos de cerca su prolongada carrera de servicio público, damos por descontado que la perspectiva respecto a la segunda decisión no tendrá efecto alguno sobre la primera. Con todo, si eso genera confianza sobre las imputaciones anunciadas, no ocurre igual con la manera como se ha planteado desde el comienzo este escándalo de posibles sobrecostos millonarios en el mayor proyecto de infraestructura en la historia del país.

Reficar no es Odebrecht. El segundo es un caso de crimen transnacional, con evidencia de una lluvia de sobornos, en muchos casos al más alto nivel. En Odebrecht hay cheques, hay fotos, hay grabaciones, hay maletines llenos de dinero... En Reficar, por lo menos de lo que se sabe hasta el momento, lo palpable es que se trata de una moderna refinería de talla mundial, cuya construcción costó el doble de lo originalmente presupuestado.

Que esto haya ocurrido, por supuesto, es un tema que nos debe preocupar a todos. Primero, lleva a cuestionar la calidad y la precisión con que se hizo el presupuesto original. Segundo, pone en tela de juicio la selección del constructor, en este caso CB&I, y el tipo de contrato que se utilizó. Y, claro, invita a cuestionar el gerenciamiento del proyecto por quienes contrataron al constructor.

El deficiente trabajo del contratista dio origen a una demanda por parte de Reficar, que aspira a recuperar para la nación una cifra no inferior a los US$2.000 millones en un tribunal de arbitramento internacional que debe concluir su trabajo en 2019. Una demanda que, según se deduce de las actas de juntas directivas que se han venido conociendo, se comenzó a documentar desde años antes a su presentación, en el entendido de que lo mejor era terminar el proyecto y apretar los controles a las malas prácticas detectadas al contratista.

En cuanto a responsabilidades de actores colombianos, es importante tener en cuenta que Reficar es una filial de Ecopetrol, con su propia junta directiva. La de Ecopetrol, como toda junta directiva de un grupo empresarial, tiene responsabilidades estratégicas, mas no operativas. En el caso de Reficar, y así lo ha entendido la Contraloría, a la junta de Ecopetrol le corresponde explicar, no el detalle de cada uno de los hallazgos fiscales, sino la decisión estratégica de haber aportado los recursos para continuar con el proyecto cada vez que la junta de Reficar aprobó los aumentos de presupuesto. Esta aportación de recursos adicionales comenzó en 2012, cuando ya se habían ejecutado gastos por alrededor de US$2.000 millones. Los directivos de Ecopetrol que aprobaron dichas adiciones no enfrentaban la disyuntiva entre “hacer el proyecto o no hacerlo”, sino un reto mucho más complejo: “abandonar el proyecto o terminarlo”. A juicio de ellos, resultaba mucho más conveniente aportar los recursos para terminar el proyecto que haber enterrado en ese momento más de US$2.000 millones ya invertidos.

En días pasados se conoció que la Fiscalía le había otorgado principio de oportunidad a un funcionario de Reficar. Esa es una gran noticia, que nos anima a confiar que pronto conoceremos detalles de actuaciones indebidas en este proyecto que permitan dar más claridad a la opinión sobre lo que sucedió. Por supuesto que a quienes se involucraron en acciones delictivas les debe caer todo el peso de la ley, sin ninguna contemplación. No pareciera, empero, que ese sea el caso de quienes, desde la presidencia o la junta de Ecopetrol —sin haber diseñado el proyecto, sin haber elaborado el presupuesto original, sin haber seleccionado el contratista, sin haber decidido sobre el tipo de contrato— tuvieron que decidir aportar los recursos para terminar el proyecto, teniendo como única alternativa práctica haberlo abandonado. Esto último sí que hubiera producido un incuestionable y enorme detrimento al patrimonio de la nación.

Advertencia: Familiares del director de este diario fueron miembros en diferentes momentos de la junta directiva de Ecopetrol.

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