A rendirle cuentas al ambiente

Los colombianos acabamos de adquirir un arma jurídica para exigir la sostenibilidad ambiental de Colombia en el futuro inmediato. Gracias a una sentencia histórica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a otra decisión esperada de la Corte Constitucional, queda claro que la prioridad del país debe ser encontrar la manera de proteger eficientemente nuestro medio ambiente. Llegan en un momento crítico, pues el peso del cambio climático es ineludible.

Ante la CSJ, un grupo de 25 niños y jóvenes, en alianza con la organización Dejusticia, presentaron una acción de tutela contra el Gobierno Nacional. Su argumento era que la torpeza mostrada por las autoridades en cumplir con las metas de reducción de la deforestación, que es una de nuestras principales armas para mitigar la emisiones de carbono y el cambio climático, afecta su derecho a la vida, la salud, un ambiente sano, la alimentación y el agua. De ellos, por cierto, y de las futuras generaciones, bajo una idea que ya debería ser aceptada por todos los colombianos: si no nos tomamos en serio la protección de la sostenibilidad ambiental, los efectos serán cada vez más graves y sentidos por todos.

Se trataba de una tutela ambiciosa, pues era la primera vez en la historia del país, y de América Latina, que un grupo de ciudadanos exigían responsabilidad puntual por las fallas en los planes ambientales. Hace unos años, las pretensiones hubiesen sido desestimadas. Pero ahora el mundo ha cambiado y es más consciente del riesgo inminente.

La ciencia ha avanzado a tal punto que podemos señalar, con precisión, la responsabilidad de cada uno de los actores en las emisiones de carbono y, por ende, en el cambio climático. La defensa de “todos aportamos al daño del medio ambiente” dejó de ser aceptable, cuando claramente hay factores que influyen mucho más que otros. Además, en el tema de la deforestación, los sistemas de monitoreo permiten alertar en tiempo real los puntos críticos que requieren acción. No hay excusas para no proteger la sostenibilidad ambiental.

En su decisión, la CSJ hizo varios reconocimientos que pueden tener repercusiones monumentales a largo plazo. Aceptó que el Amazonas es un territorio sujeto de derechos y que, por ende, debe ser protegido. También dijo que los niños y jóvenes, y todos los colombianos, podemos vernos afectados por la inacción ante los retos del cambio climático. Por eso reconoció la tutela como mecanismo idóneo para exigirle al Gobierno de turno que modifique su actitud y cumpla con las promesas.

Sobre el caso particular, la CSJ encontró algo que ya habíamos discutido en este espacio: la lucha contra la deforestación va muy lenta. Para el tribunal, el Gobierno y las autoridades locales han sido ineficientes en cumplir con sus obligaciones. Como prueba, la deforestación aumentó 44 % el año pasado. Por eso expidió dos órdenes. Al Gobierno Nacional le dio cuatro meses para presentar un plan de acción que le haga frente a la deforestación en la Amazonia, y a las entidades territoriales de esa zona les dio cinco meses para actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial y contar con un plan de acción de reducción de la deforestación neta a cero antes de 2020 con estrategias medibles.

Esta decisión va de la mano con la sentencia de la Corte Constitucional que introduce a nuestro ordenamiento los compromisos adquiridos en el contexto del Acuerdo Climático de París. Colombia prometió reducir en un 20 % sus emisiones antes de 2030, para lo cual es imprescindible detener la deforestación.

El mensaje para este Gobierno, pero también para los que vienen, es que su prioridad debe ser la sostenibilidad ambiental. Y, además, que los ciudadanos tenemos reconocimiento jurídico para exigir el cumplimiento de todas las promesas realizadas. Se trata de una herramienta histórica en contra del cambio climático y la desidia política.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Los colombianos acabamos de adquirir un arma jurídica para exigir la sostenibilidad ambiental de Colombia en el futuro inmediato. Gracias a una sentencia histórica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a otra decisión esperada de la Corte Constitucional, queda claro que la prioridad del país debe ser encontrar la manera de proteger eficientemente nuestro medio ambiente. Llegan en un momento crítico, pues el peso del cambio climático es ineludible.

Ante la CSJ, un grupo de 25 niños y jóvenes, en alianza con la organización Dejusticia, presentaron una acción de tutela contra el Gobierno Nacional. Su argumento era que la torpeza mostrada por las autoridades en cumplir con las metas de reducción de la deforestación, que es una de nuestras principales armas para mitigar la emisiones de carbono y el cambio climático, afecta su derecho a la vida, la salud, un ambiente sano, la alimentación y el agua. De ellos, por cierto, y de las futuras generaciones, bajo una idea que ya debería ser aceptada por todos los colombianos: si no nos tomamos en serio la protección de la sostenibilidad ambiental, los efectos serán cada vez más graves y sentidos por todos.

Se trataba de una tutela ambiciosa, pues era la primera vez en la historia del país, y de América Latina, que un grupo de ciudadanos exigían responsabilidad puntual por las fallas en los planes ambientales. Hace unos años, las pretensiones hubiesen sido desestimadas. Pero ahora el mundo ha cambiado y es más consciente del riesgo inminente.

La ciencia ha avanzado a tal punto que podemos señalar, con precisión, la responsabilidad de cada uno de los actores en las emisiones de carbono y, por ende, en el cambio climático. La defensa de “todos aportamos al daño del medio ambiente” dejó de ser aceptable, cuando claramente hay factores que influyen mucho más que otros. Además, en el tema de la deforestación, los sistemas de monitoreo permiten alertar en tiempo real los puntos críticos que requieren acción. No hay excusas para no proteger la sostenibilidad ambiental.

En su decisión, la CSJ hizo varios reconocimientos que pueden tener repercusiones monumentales a largo plazo. Aceptó que el Amazonas es un territorio sujeto de derechos y que, por ende, debe ser protegido. También dijo que los niños y jóvenes, y todos los colombianos, podemos vernos afectados por la inacción ante los retos del cambio climático. Por eso reconoció la tutela como mecanismo idóneo para exigirle al Gobierno de turno que modifique su actitud y cumpla con las promesas.

Sobre el caso particular, la CSJ encontró algo que ya habíamos discutido en este espacio: la lucha contra la deforestación va muy lenta. Para el tribunal, el Gobierno y las autoridades locales han sido ineficientes en cumplir con sus obligaciones. Como prueba, la deforestación aumentó 44 % el año pasado. Por eso expidió dos órdenes. Al Gobierno Nacional le dio cuatro meses para presentar un plan de acción que le haga frente a la deforestación en la Amazonia, y a las entidades territoriales de esa zona les dio cinco meses para actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial y contar con un plan de acción de reducción de la deforestación neta a cero antes de 2020 con estrategias medibles.

Esta decisión va de la mano con la sentencia de la Corte Constitucional que introduce a nuestro ordenamiento los compromisos adquiridos en el contexto del Acuerdo Climático de París. Colombia prometió reducir en un 20 % sus emisiones antes de 2030, para lo cual es imprescindible detener la deforestación.

El mensaje para este Gobierno, pero también para los que vienen, es que su prioridad debe ser la sostenibilidad ambiental. Y, además, que los ciudadanos tenemos reconocimiento jurídico para exigir el cumplimiento de todas las promesas realizadas. Se trata de una herramienta histórica en contra del cambio climático y la desidia política.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.