La responsabilidad de los partidos políticos

La condena a 55 años de prisión para el exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, por su responsabilidad en el asesinato de tres personas, incluida la alcaldesa del municipio de Barrancas, es aterradora no sólo por los hechos relatados, que de por sí generan escalofríos, sino por la impunidad con que Cambio Radical, partido que le concedió el aval, pretende salir del paso. No es el primero ni el único caso, pues se ha vuelto demasiado común en el país que las colectividades políticas se laven las manos cuando uno de sus avalados es condenado por algún delito. Si los partidos siguen renunciando a su responsabilidad de filtrar adecuadamente a quienes conforman sus listas, y si el electorado no les cobra esos errores, será muy difícil cambiar la cultura política de Colombia.

El juez octavo especializado de Bogotá emitió la sentencia fundamentado en que “Kiko” Gómez habría dado órdenes precisas para acabar con la vida de la exmandataria Yandra Brito, debido a que consideraba que le había incumplido las promesas que le había hecho si llegaba a la Alcaldía municipal. La alcaldesa fue asesinada el 28 de agosto de 2012 por la organización criminal de “Marquitos” Figueroa, la cual también había matado a Henry Ustáriz Guerra —esposo de Yandra Brito— y al escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda el 2 de abril de 2008en la vía que comunica al municipio de Fonseca con Barrancas.

Según los testigos, “Marquitos” Figueroa operaba como el sicario personal del exgobernador, quien además tenía montada una red de influencia y corrupción en todo el departamento que lo blindaba de cualquier investigación. Por eso, el juez octavo dijo en su sentencia que Gómez Cerchar “se enteraba de cualquier investigación o denuncia que fuera interpuesta en su contra, pese a que eran reservadas. Era muy grande el miedo y poder corruptor del procesado. ¿Cuántos otros “Kiko” Gómez están regados por el país y, peor aún, cuántos han sido condenados pero siguen ejerciendo su influencia a través de terceras personas?

Pero hay otra pregunta necesaria si realmente estamos en plan de romper esa convivencia que se ha vuelto casi natural de la política y el crimen. Y que en este caso es por qué Cambio Radical le otorgó el aval a un personaje con estas credenciales, así a último momento hubiera intentado cancelárselo. Argumentar ignorancia y buena fe no es suficiente, ni debido. Cuando un partido político entrega un aval le está diciendo al país que confía en la persona en cuestión y no puede, cuando la justicia llega (aunque cojeando), simplemente declararse traicionado. ¿No debería castigarse socialmente a quienes les abren las puertas del Estado a personas que resultan lejos de ser idóneas, simplemente por obtener un éxito electoral?

Especialmente porque la actitud, de Cambio Radical y de muchos otros, suele ser una facilista deferencia al estado de los procesos judiciales: hasta que no exista condena en contra, no se preocupan por retirar avales. El senador y candidato a la Presidencia Jorge Enrique Robledo envió una carta a los directores de medios de comunicación, pidiéndonos “que en cada caso de corrupción o delito, sin excepción, se informe la filiación política del involucrado, de forma que también sufran su condigno castigo los partidos o movimientos que los llevan a los cargos de los que abusan”. Estamos de acuerdo y acogemos la propuesta, sin olvidar, claro, la pasividad y demora con que el Polo Democrático enfrentó el carrusel de la contratación cuando ese partido fue gobierno en Bogotá. La permisividad con los personajes cuestionados es mal de todo el espectro político.

Ya es hora de que en Colombia la responsabilidad por los delitos deje de ser individual cuando se trata de nombramientos políticos. Los partidos y los gobiernos deben entender que asumieron una obligación particular de velar por la idoneidad de sus avalados. Si hay indicios, motivos para dudar, no se vale esperar a una sentencia judicial. El mensaje tiene que ser contundente: no hay cabida en la política colombiana para quienes juegan quebrantando la ley.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

La condena a 55 años de prisión para el exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, por su responsabilidad en el asesinato de tres personas, incluida la alcaldesa del municipio de Barrancas, es aterradora no sólo por los hechos relatados, que de por sí generan escalofríos, sino por la impunidad con que Cambio Radical, partido que le concedió el aval, pretende salir del paso. No es el primero ni el único caso, pues se ha vuelto demasiado común en el país que las colectividades políticas se laven las manos cuando uno de sus avalados es condenado por algún delito. Si los partidos siguen renunciando a su responsabilidad de filtrar adecuadamente a quienes conforman sus listas, y si el electorado no les cobra esos errores, será muy difícil cambiar la cultura política de Colombia.

El juez octavo especializado de Bogotá emitió la sentencia fundamentado en que “Kiko” Gómez habría dado órdenes precisas para acabar con la vida de la exmandataria Yandra Brito, debido a que consideraba que le había incumplido las promesas que le había hecho si llegaba a la Alcaldía municipal. La alcaldesa fue asesinada el 28 de agosto de 2012 por la organización criminal de “Marquitos” Figueroa, la cual también había matado a Henry Ustáriz Guerra —esposo de Yandra Brito— y al escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda el 2 de abril de 2008en la vía que comunica al municipio de Fonseca con Barrancas.

Según los testigos, “Marquitos” Figueroa operaba como el sicario personal del exgobernador, quien además tenía montada una red de influencia y corrupción en todo el departamento que lo blindaba de cualquier investigación. Por eso, el juez octavo dijo en su sentencia que Gómez Cerchar “se enteraba de cualquier investigación o denuncia que fuera interpuesta en su contra, pese a que eran reservadas. Era muy grande el miedo y poder corruptor del procesado. ¿Cuántos otros “Kiko” Gómez están regados por el país y, peor aún, cuántos han sido condenados pero siguen ejerciendo su influencia a través de terceras personas?

Pero hay otra pregunta necesaria si realmente estamos en plan de romper esa convivencia que se ha vuelto casi natural de la política y el crimen. Y que en este caso es por qué Cambio Radical le otorgó el aval a un personaje con estas credenciales, así a último momento hubiera intentado cancelárselo. Argumentar ignorancia y buena fe no es suficiente, ni debido. Cuando un partido político entrega un aval le está diciendo al país que confía en la persona en cuestión y no puede, cuando la justicia llega (aunque cojeando), simplemente declararse traicionado. ¿No debería castigarse socialmente a quienes les abren las puertas del Estado a personas que resultan lejos de ser idóneas, simplemente por obtener un éxito electoral?

Especialmente porque la actitud, de Cambio Radical y de muchos otros, suele ser una facilista deferencia al estado de los procesos judiciales: hasta que no exista condena en contra, no se preocupan por retirar avales. El senador y candidato a la Presidencia Jorge Enrique Robledo envió una carta a los directores de medios de comunicación, pidiéndonos “que en cada caso de corrupción o delito, sin excepción, se informe la filiación política del involucrado, de forma que también sufran su condigno castigo los partidos o movimientos que los llevan a los cargos de los que abusan”. Estamos de acuerdo y acogemos la propuesta, sin olvidar, claro, la pasividad y demora con que el Polo Democrático enfrentó el carrusel de la contratación cuando ese partido fue gobierno en Bogotá. La permisividad con los personajes cuestionados es mal de todo el espectro político.

Ya es hora de que en Colombia la responsabilidad por los delitos deje de ser individual cuando se trata de nombramientos políticos. Los partidos y los gobiernos deben entender que asumieron una obligación particular de velar por la idoneidad de sus avalados. Si hay indicios, motivos para dudar, no se vale esperar a una sentencia judicial. El mensaje tiene que ser contundente: no hay cabida en la política colombiana para quienes juegan quebrantando la ley.

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