La salud más allá del negocio

El Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Alejandro Gaviria, acaba de tomar una decisión valiente que, por sus implicaciones económicas, será atacada de manera implacable por los afectados. Sin embargo, declarar un medicamento esencial para el tratamiento de un tipo de cáncer como de interés público es un necesitado cambio de rumbo para empezar a aliviar el asfixiado sistema de salud colombiano. Y para sentar un precedente.

El imatinib es un medicamento que se utiliza en los tratamientos del 90 % de los casos de leucemia mieloide crónica. Novartis, empresa de origen suizo, es la encargada de comercializarlo en todo el mundo gracias a su derecho de patente, y eso le representa un mercado de US$4.700 millones.

En Colombia, en un principio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le había negado la patente, lo que permitió la existencia de hasta seis génericos del imatinib compitiendo con Glivec® -el nombre comercial del medicamento vendido por Novartis-, pero el Consejo de Estado revocó esa decisión y desde entonces en el país sólo se vende el de origen suizo. Ahí es donde empieza el problema.

Según el informe de una comisión técnica, los precios de venta del Glivec® son tres veces más altos que los genéricos que fueron obligados a salir del mercado. Eso que en cifras le representó al sistema de salud el pago de cerca de $400.000 millones en los últimos seis años, es un costo exagerado para los pacientes y para el Estado. El imatinib, por cierto, está incluido en el POS y se encuentra en el Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS. No es cualquier cosa.

Ante esa situación, el Ministerio le propuso a Novartis que redujera, de manera negociada, el precio de venta al público a la mitad: $140 por miligramo de imatinib. Esto con el objetivo de darle un poco de aire al sistema de salud, y teniendo en cuenta que ese sería el precio en una competencia simulada. Pero la empresa se negó y hasta ahí llegó el diálogo.

Por eso, el ministro anunció que en los próximos días expedirá un acto administrativo para que el imanitib sea declarado como de interés público en Colombia. El siguiente paso es una evaluación de la SIC, que administra el derecho de patente, a ver si levanta la exclusividad de la comercialización del imatinib.

Una precisión importante: si la SIC apoya la decisión del Ministerio, eso permitiría la venta de genéricos, pero éstos le pagarían una porción a Novartis por el uso de su patente.

La discusión entre progreso científico e interés público no es nueva. Novartis ha insistido en que la patente fomenta la inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos, lo que a su vez beneficia a la humanidad. Es cierto, pero también se han dado casos, como en Brasil e India, donde la importancia de ciertas drogas para la salud pública amerita levantar la exclusividad de ese derecho para salvaguardar el interés de los ciudadanos.

Hace poco lo dijimos: el mundo farmacéutico le está fallando a la población más vulnerable del mundo dado su desinterés por reducir la rentabilidad de ciertos medicamentos. Sí, la salud es un negocio, pero también es un derecho fundamental de las personas. Esta medida, necesaria, debe abrir una discusión más amplia: ¿qué modelo económico necesitamos para que la ciencia avance, pero sus costos no sean prohibitivos?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

El Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Alejandro Gaviria, acaba de tomar una decisión valiente que, por sus implicaciones económicas, será atacada de manera implacable por los afectados. Sin embargo, declarar un medicamento esencial para el tratamiento de un tipo de cáncer como de interés público es un necesitado cambio de rumbo para empezar a aliviar el asfixiado sistema de salud colombiano. Y para sentar un precedente.

El imatinib es un medicamento que se utiliza en los tratamientos del 90 % de los casos de leucemia mieloide crónica. Novartis, empresa de origen suizo, es la encargada de comercializarlo en todo el mundo gracias a su derecho de patente, y eso le representa un mercado de US$4.700 millones.

En Colombia, en un principio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le había negado la patente, lo que permitió la existencia de hasta seis génericos del imatinib compitiendo con Glivec® -el nombre comercial del medicamento vendido por Novartis-, pero el Consejo de Estado revocó esa decisión y desde entonces en el país sólo se vende el de origen suizo. Ahí es donde empieza el problema.

Según el informe de una comisión técnica, los precios de venta del Glivec® son tres veces más altos que los genéricos que fueron obligados a salir del mercado. Eso que en cifras le representó al sistema de salud el pago de cerca de $400.000 millones en los últimos seis años, es un costo exagerado para los pacientes y para el Estado. El imatinib, por cierto, está incluido en el POS y se encuentra en el Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS. No es cualquier cosa.

Ante esa situación, el Ministerio le propuso a Novartis que redujera, de manera negociada, el precio de venta al público a la mitad: $140 por miligramo de imatinib. Esto con el objetivo de darle un poco de aire al sistema de salud, y teniendo en cuenta que ese sería el precio en una competencia simulada. Pero la empresa se negó y hasta ahí llegó el diálogo.

Por eso, el ministro anunció que en los próximos días expedirá un acto administrativo para que el imanitib sea declarado como de interés público en Colombia. El siguiente paso es una evaluación de la SIC, que administra el derecho de patente, a ver si levanta la exclusividad de la comercialización del imatinib.

Una precisión importante: si la SIC apoya la decisión del Ministerio, eso permitiría la venta de genéricos, pero éstos le pagarían una porción a Novartis por el uso de su patente.

La discusión entre progreso científico e interés público no es nueva. Novartis ha insistido en que la patente fomenta la inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos, lo que a su vez beneficia a la humanidad. Es cierto, pero también se han dado casos, como en Brasil e India, donde la importancia de ciertas drogas para la salud pública amerita levantar la exclusividad de ese derecho para salvaguardar el interés de los ciudadanos.

Hace poco lo dijimos: el mundo farmacéutico le está fallando a la población más vulnerable del mundo dado su desinterés por reducir la rentabilidad de ciertos medicamentos. Sí, la salud es un negocio, pero también es un derecho fundamental de las personas. Esta medida, necesaria, debe abrir una discusión más amplia: ¿qué modelo económico necesitamos para que la ciencia avance, pero sus costos no sean prohibitivos?

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