La salud pública y las presiones comerciales

Uno de los instrumentos de presión más eficaces con que cuentan el gobierno de Estados Unidos y sus multinacionales (farmacéuticas, editoriales, etc.) para imponer al mundo su agenda de propiedad intelectual (PI) es el denominado Informe Especial 301 (IE 301), contenido en su Ley de Comercio. Se trata de unas listas que la Oficina del Representante Comercial (USTR) publica cada año y en las cuales incluye países que, a su juicio, no protegen adecuadamente la PI, así cumplan plenamente los estándares a los que están obligados de conformidad con la normativa internacional y los tratados comerciales.

Las listas son el resultado del análisis que hace el gobierno estadounidense de los informes que envían los actores interesados, entre los que se encuentra PhRMA, el gremio de las multinacionales farmacéuticas en dicho país. La inclusión en estas listas puede significar para los países presiones comerciales más o menos intensas, según si se está en la lista de países bajo observación (Watch List o WL), en observación prioritaria (Priority Watch List o PWL) o país extranjero prioritario (Priority Foreign Country o PFC).

En el caso de Colombia, el país forma parte de la WL desde 1989, año en que comenzó la publicación del IE 301. La única excepción fue en 2002, cuando pasó a ser PWL. El cambio se debió al interés de EE. UU. de forzar al país a expedir el decreto 2085 de 2002, que creó una nueva forma de monopolio farmacéutico, equivalente a las patentes. Una vez expedido, el país recibió el “privilegio” de regresar a la WL, donde ha estado desde entonces.

Este año, PhRMA ha solicitado a la USTR que vuelva a llevar a Colombia a la PWL, y lo sustenta en parte en medidas tomadas por el Gobierno en favor de la salud pública, que en su concepto no convienen a sus intereses comerciales, y en parte en omisiones en que, según PhRMA, ha incurrido el Gobierno.

La solicitud de inclusión en cualquiera de estas listas tiene por objeto forzar a los países a reversar avances logrados en la protección de intereses públicos, como el derecho a la salud en este caso, para proteger el monopolio del mercado farmacéutico. Se trata de un instrumento de carácter unilateral y violatorio del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC, que obliga a su aplicación para resolver las controversias que surjan entre los miembros de la organización en lo que se refiere a acuerdos firmados en el marco de este cuerpo multilateral y excluye el uso de otros mecanismos.

Pretender que todos los países tengan los mismos estándares de PI que rigen en EE. UU. ignora el hecho de la disparidad en los niveles de desarrollo entre los países e incentiva a los poseedores del monopolio farmacéutico a fijar precios que privan a los sistemas de salud y a la población del acceso a medicinas necesarias para la salud y la vida. Con razón la American University expresó que el IE 301 debería abolirse, pues “puede perturbar la estabilidad y el equilibrio que el mecanismo de solución de diferencias de la OMC quiso fomentar”. Entretanto, todos los países deben rechazarlo resueltamente.

Los argumentos expuestos por PhRMA sorprenden, pues se refieren bien a decisiones adoptadas por el Gobierno en ejercicio del derecho de soberanía nacional, por ejemplo algunos artículos que quedaron en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo que propenden por garantizar el acceso a medicamentos, o bien a supuestas obligaciones que el país no ha adquirido bajo ninguna normativa internacional ni bajo ningún tratado comercial.

Frente a las aspiraciones de las multinacionales farmacéuticas, la soberanía nacional en salud está en ascuas. Es de esperar que el Gobierno asuma una posición unificada en defensa de la autonomía para tomar medidas que velen por el bienestar de la población. El derecho fundamental a la salud debe primar sobre los intereses comerciales, por poderosos que sean sus protagonistas.

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