La idea central de los procesos de paz es que las partes del conflicto se conviertan en constructoras activas de una sociedad sin violencia. Suena idealista, claro, pero así es como ha funcionado a lo largo y ancho del planeta y como hemos visto que se han podido aterrizar acuerdos complejos en nuestro país. El rol de los ex-FARC en el cumplimiento del acuerdo de La Habana, su contribución a la verdad y sus voces políticas para ubicar la atención internacional sobre el asesinato a excombatientes son piezas claves de la nueva Colombia que se está construyendo. En ese marco, el anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz puede tratarse de una decisión muy útil para los distintos procesos de paz que se adelantan en nuestro territorio, por más polémica que sea.
Reaccionando a un hilo en Twitter de El Espectador sobre cómo se cumplieron 23 años del Pacto de Ralito en Córdoba, en el que 32 congresistas, excongresistas, alcaldes y civiles firmaron un documento con los paramilitares para “refundar la patria”, el presidente Petro dio a conocer su anuncio. “El proceso de paz entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad”, escribió el mandatario y concluyó: “Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”.
El anuncio causó escándalo, lo que es entendible. Mancuso, quien está recluido aún en los Estados Unidos a pesar de que se ha buscado su extradición desde marzo del 2020, ha sido una presencia confusa en los procesos colombianos de justicia y paz. Sus declaraciones, a menudo rimbombantes, no han estado acompañadas de pruebas; sus actitudes frente a las víctimas también han dejado mucho que desear. Está pendiente la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre si aceptarlo en la justicia transicional, después de las declaraciones explosivas que dio en testimonio libre. La pregunta, válida, es si el paramilitar está dispuesto a aportarle al país la verdad que el presidente Petro pidió al anunciar su designación como gestor de paz.
Adicionalmente, al cierre de esta edición hay preguntas sobre cuál será su rol. El Espectador pudo contactar al abogado de Mancuso, quien contó que el paramilitar todavía no sabía de la designación de Petro. En la comunicación de Presidencia tampoco se conocieron detalles de lo que se le pedirá hacer a Mancuso, por lo que es necesario que el decreto sea publicado cuanto antes. Una noticia tan importante para el país debe ir acompañada de completa transparencia.
Con las precauciones anteriores en mente, el nombramiento de Mancuso como gestor de paz es un acto de coherencia. El proceso de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares dejó muchos vacíos; sus fallas en la ejecución llevaron a que ahora pululen grupos neoparamilitares por todo el país. Varios de los diálogos que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro son con organizaciones criminales cuya historia está directamente ligada al paramilitarismo de Mancuso o cuentan con muchos de sus miembros. Entonces, si en efecto la voluntad de colaborar lleva a aportes verificables a la verdad y reparación, se hace sin afectar los derechos de las víctimas y garantiza que los futuros acuerdos de paz sean lo más amplios posibles, se trata de una decisión acertada. La apuesta por la paz exige medidas de este estilo.
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La idea central de los procesos de paz es que las partes del conflicto se conviertan en constructoras activas de una sociedad sin violencia. Suena idealista, claro, pero así es como ha funcionado a lo largo y ancho del planeta y como hemos visto que se han podido aterrizar acuerdos complejos en nuestro país. El rol de los ex-FARC en el cumplimiento del acuerdo de La Habana, su contribución a la verdad y sus voces políticas para ubicar la atención internacional sobre el asesinato a excombatientes son piezas claves de la nueva Colombia que se está construyendo. En ese marco, el anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz puede tratarse de una decisión muy útil para los distintos procesos de paz que se adelantan en nuestro territorio, por más polémica que sea.
Reaccionando a un hilo en Twitter de El Espectador sobre cómo se cumplieron 23 años del Pacto de Ralito en Córdoba, en el que 32 congresistas, excongresistas, alcaldes y civiles firmaron un documento con los paramilitares para “refundar la patria”, el presidente Petro dio a conocer su anuncio. “El proceso de paz entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad”, escribió el mandatario y concluyó: “Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”.
El anuncio causó escándalo, lo que es entendible. Mancuso, quien está recluido aún en los Estados Unidos a pesar de que se ha buscado su extradición desde marzo del 2020, ha sido una presencia confusa en los procesos colombianos de justicia y paz. Sus declaraciones, a menudo rimbombantes, no han estado acompañadas de pruebas; sus actitudes frente a las víctimas también han dejado mucho que desear. Está pendiente la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre si aceptarlo en la justicia transicional, después de las declaraciones explosivas que dio en testimonio libre. La pregunta, válida, es si el paramilitar está dispuesto a aportarle al país la verdad que el presidente Petro pidió al anunciar su designación como gestor de paz.
Adicionalmente, al cierre de esta edición hay preguntas sobre cuál será su rol. El Espectador pudo contactar al abogado de Mancuso, quien contó que el paramilitar todavía no sabía de la designación de Petro. En la comunicación de Presidencia tampoco se conocieron detalles de lo que se le pedirá hacer a Mancuso, por lo que es necesario que el decreto sea publicado cuanto antes. Una noticia tan importante para el país debe ir acompañada de completa transparencia.
Con las precauciones anteriores en mente, el nombramiento de Mancuso como gestor de paz es un acto de coherencia. El proceso de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares dejó muchos vacíos; sus fallas en la ejecución llevaron a que ahora pululen grupos neoparamilitares por todo el país. Varios de los diálogos que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro son con organizaciones criminales cuya historia está directamente ligada al paramilitarismo de Mancuso o cuentan con muchos de sus miembros. Entonces, si en efecto la voluntad de colaborar lleva a aportes verificables a la verdad y reparación, se hace sin afectar los derechos de las víctimas y garantiza que los futuros acuerdos de paz sean lo más amplios posibles, se trata de una decisión acertada. La apuesta por la paz exige medidas de este estilo.
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