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Lo ocurrido el domingo pasado en Nicaragua es una afrenta contra la comunidad democrática en la región y en el mundo. La farsa de reelección presidencial con la cual Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, buscan afianzarse eternamente en el poder violenta todos los estándares democráticos. Con siete candidatos opositores detenidos, con un alto número de presos políticos, la violación sistemática de los derechos humanos y siguiendo el ejemplo de impunidad del que goza Nicolás Maduro en Venezuela, apuntalan ahora su dictadura en el país centroamericano. Urgen sanciones de la comunidad internacional contra Managua.
La pareja Ortega-Murillo ha convertido a Nicaragua en su finca personal. Desde las masivas protestas en 2018, saldadas con más de 400 muertos, heridos, detenidos, torturados y exiliados, el régimen continúa reprimiendo a quien se identifique como opositor. En los últimos meses acabaron con lo poco que quedaba de institucionalidad, sin equilibrio de poderes, con las fuerzas armadas y de policía bajo su mando directo y órganos de control de bolsillo. Los medios de comunicación independientes fueron amenazados, reprimidos, sus representantes encarcelados o se encuentran, como el periodista Carlos Fernando Chamorro, exiliados y adelantando labor de manera virtual. Personalidades como el escritor Sergio Ramírez, uno de los grandes referentes de lucha contra la dictadura de Somoza, también debieron tomar el camino del exilio para salvar su vida.
Lo más grave es que estas situaciones se están convirtiendo en algo común en la región. Ortega-Murillo afirman contar con más del 75 % de los votos, con una participación del 65 % en los comicios. Una entidad independiente habla de una abstención superior al 80 % y el nivel de intención de voto hacia los Ortega era del 19 %. Lo cierto es que, además de los siete candidatos detenidos, se ilegalizaron tres partidos y cerca de 40 líderes fueron encarcelados bajo cargos montados sobre delitos inexistentes y pruebas falsas. A pesar de las advertencias, la pareja gobernante hizo caso omiso a los llamados externos y continuó adelante con el fraude.
Mientras Nicolás Maduro en Caracas y Luis Arce en La Paz saludaban el resultado de los comicios, el presidente Joe Biden calificó de “autócratas” a Ortega-Murillo y dijo que “Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas (…) para apoyar al pueblo de Nicaragua y exigir responsabilidades al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”. La paradoja para Washington es que deben aplicar con cuidado las sanciones, pues si afectan demasiado a la población, se puede presentar un gran desplazamiento de nicaragüenses hacia el país del norte, agravando la ya de por sí compleja situación con los migrantes.
Existe un importante instrumento jurídico, la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la OEA, que fue adoptado hace 20 años con el fin de prevenir abusos o, frente a casos como el de Nicaragua o Venezuela, que se les pudiera excluir de la organización hemisférica. La realidad ha sido que, en ambos casos y a pesar de la voluntad de su secretario general, Luis Almagro, no se ha contado con los votos necesarios por parte de los Estados miembros para actuar de manera más contundente. Un instrumento como la CDI requiere del real interés de los gobiernos de la región para que ejemplos como los mencionados, con evidente desprecio por la democracia, reciban el tipo de sanciones que les corresponden.
La OEA llevará a cabo su Asamblea General a partir de mañana. Los cancilleres de las Américas deberían aprovechar la actual circunstancia para probar que sí hay voluntad política de su parte para frenar a las dictaduras de la región. Es el momento de demostrar ante la comunidad internacional que no se puede seguir atentando contra la democracia con impunidad.
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