Saqueo a los recursos de la paz, y todos muy tranquilos

La denuncia es gravísima. Una investigación de Blu Radio encontró que cerca de $500.000 millones se habrían pagado en coimas para 355 proyectos. Esto, en el marco del OCAD Paz, uno de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión que hacen parte del Sistema General de Regalías. En las narices de la Dirección Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría y el mismo Emilio Archila, entonces consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, se habría armado un entramado de corrupción para feriarse los recursos destinados a los 170 municipios PDET, donde viven más de seis millones de colombianos en medio de la pobreza, la violencia y el abandono estatal. Las respuestas del Gobierno y de la Fiscalía han sido pocas, tardías e insuficientes.

Una de las fuentes consultadas por Blu Radio explica el esquema: “Si el proyecto no lleva la bendición de un congresista, de un amigo del alto Gobierno, no va a pasar y no lo van a pagar. También cobran las dádivas o algún recurso (porcentaje de un 10 % o 15 %) para que sea llevado a la mesa técnica y sea aprobado (por el OCAD Paz). Y luego, ahí llevar eso al municipio para que el municipio haga gestión del mismo”. Además, denuncian que si los administradores o los alcaldes no pagaban la coima, “automáticamente al proyecto lo sacaban de la bolsa o de la lista y no lo metían a aprobación. Y esos municipios pagaron estudios y diseños. Hicieron todos los esfuerzos con recurso humano, ingenieros, para subsanar lo que metía el DNP”. Es curioso, entonces, que entre el 2019 y el 2022 un departamento como el Cesar recibiera $652.000 millones mientras que a Guainía solo llegaron $1.500 millones. ¿Por qué la diferencia? ¿Y por qué la plata que estaba destinada para 10 años terminó con ejecución máxima hasta el 2022, con aprobación del Congreso y sanción presidencial?

Emilio Archila dijo en un comunicado: “Durante todo mi ejercicio invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparentes”. También dijo que celebraba que el caso fuera de interés público, pues él mismo reenvió correos a la Fiscalía donde se hacían denuncias contra Álvaro Ávila, quien era el secretario técnico de los OCAD. Uno de esos correos electrónicos que recibió Archila fue publicado por Noticias RCN y decía que, para cobrar una coima del 5 % , “las llamadas las hace a través de unos calanchines que citan a los alcaldes a su oficina para proponerles la extorsión”. Sin embargo, la Fiscalía dijo que un correo electrónico no era suficiente para investigar, sino que necesitaba una denuncia, que no presentó el exconsejero.

Nos cuesta comprender que, si existían estas denuncias y Archila las consideró de suficiente importancia como para reenviarlas a las autoridades, el mismo Gobierno no haya dado más impulso a las investigaciones. La Fiscalía no actuó, los contratos se siguieron asignando y hay decenas de alcaldes preocupados porque fueron sometidos a coimas que condicionaron su acceso a recursos necesarios.

Aunque el gobierno de Iván Duque va de salida, se hace urgente una investigación y que el próximo gobierno también la priorice. La Fiscalía debería actuar de oficio ante los fuertes indicios de corrupción. ¿Se habrán robado la paz, acaso?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

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La denuncia es gravísima. Una investigación de Blu Radio encontró que cerca de $500.000 millones se habrían pagado en coimas para 355 proyectos. Esto, en el marco del OCAD Paz, uno de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión que hacen parte del Sistema General de Regalías. En las narices de la Dirección Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría y el mismo Emilio Archila, entonces consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, se habría armado un entramado de corrupción para feriarse los recursos destinados a los 170 municipios PDET, donde viven más de seis millones de colombianos en medio de la pobreza, la violencia y el abandono estatal. Las respuestas del Gobierno y de la Fiscalía han sido pocas, tardías e insuficientes.

Una de las fuentes consultadas por Blu Radio explica el esquema: “Si el proyecto no lleva la bendición de un congresista, de un amigo del alto Gobierno, no va a pasar y no lo van a pagar. También cobran las dádivas o algún recurso (porcentaje de un 10 % o 15 %) para que sea llevado a la mesa técnica y sea aprobado (por el OCAD Paz). Y luego, ahí llevar eso al municipio para que el municipio haga gestión del mismo”. Además, denuncian que si los administradores o los alcaldes no pagaban la coima, “automáticamente al proyecto lo sacaban de la bolsa o de la lista y no lo metían a aprobación. Y esos municipios pagaron estudios y diseños. Hicieron todos los esfuerzos con recurso humano, ingenieros, para subsanar lo que metía el DNP”. Es curioso, entonces, que entre el 2019 y el 2022 un departamento como el Cesar recibiera $652.000 millones mientras que a Guainía solo llegaron $1.500 millones. ¿Por qué la diferencia? ¿Y por qué la plata que estaba destinada para 10 años terminó con ejecución máxima hasta el 2022, con aprobación del Congreso y sanción presidencial?

Emilio Archila dijo en un comunicado: “Durante todo mi ejercicio invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparentes”. También dijo que celebraba que el caso fuera de interés público, pues él mismo reenvió correos a la Fiscalía donde se hacían denuncias contra Álvaro Ávila, quien era el secretario técnico de los OCAD. Uno de esos correos electrónicos que recibió Archila fue publicado por Noticias RCN y decía que, para cobrar una coima del 5 % , “las llamadas las hace a través de unos calanchines que citan a los alcaldes a su oficina para proponerles la extorsión”. Sin embargo, la Fiscalía dijo que un correo electrónico no era suficiente para investigar, sino que necesitaba una denuncia, que no presentó el exconsejero.

Nos cuesta comprender que, si existían estas denuncias y Archila las consideró de suficiente importancia como para reenviarlas a las autoridades, el mismo Gobierno no haya dado más impulso a las investigaciones. La Fiscalía no actuó, los contratos se siguieron asignando y hay decenas de alcaldes preocupados porque fueron sometidos a coimas que condicionaron su acceso a recursos necesarios.

Aunque el gobierno de Iván Duque va de salida, se hace urgente una investigación y que el próximo gobierno también la priorice. La Fiscalía debería actuar de oficio ante los fuertes indicios de corrupción. ¿Se habrán robado la paz, acaso?

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