Seguimos deforestando

La sostenibilidad ambiental futura de Colombia se está viendo obstaculizada por la incapacidad de enfrentar fenómenos como la minería ilegal.

En el 2015, por ejemplo, según un estudio del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como consecuencia de la minería ilegal, la extensión progresiva de los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva, la conversión de los bosques a pastos, la construcción de infraestructura vial, la minería a cielo abierto y la extracción de madera de manera ilegal, el país perdió un total de 124.035 hectáreas de bosque. Una mejora del 12% si se compara con la cifra de 140.356 hectáreas de bosque perdidas en el 2014, aunque ligeramente superior a las 120.934 hectáreas perdidas en el 2013. El punto, no obstante, es que todavía perdemos demasiado bosque cada año y los esfuerzos de sostenibilidad se están quedando cortos.

El problema es especialmente agudo en cinco departamentos (Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare y Putumayo, en ese orden) que concentran el 60 % de la deforestación del país.

Según el ministro de Ambiente, Luis Murillo, “estas son áreas de alta intensidad del conflicto armado (...) donde ha habido una ausencia sistemática de la integralidad del Estado, que se caracterizan por una alta incidencia de altos indicadores de pobreza y desigualdad, con presencia de criminalidad e ilegalidad”. Ese diagnóstico se ha vuelto común en los esfuerzos por entender las falencias del país y reitera que lo fundamental para el éxito del posacuerdo es que el Estado sea capaz de empezar a suplir esos vacíos. En lo ambiental, especialmente, esa intervención debe darse cuanto antes, pues el tiempo se acaba y hasta ahora la pelea se está perdiendo.

El ministro habla de la necesidad de fortalecer el pago por servicios ambientales y la institucionalidad de las corporaciones autónomas regionales, que a veces no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con su función. ¿En esta Colombia de vacas flacas habrá suficientes recursos para corregir estos problemas?

Especialmente porque hay una desigualdad que se mantiene. Según un estudio realizado por los economistas del proyecto La Rama Ciudadana, las reforestaciones realizadas en el marco del Certificado de Incentivo Forestal, que busca promover la tala legal de madera, no se hacen en los departamentos más afectados. Ahora, si bien hay quienes dicen que el mencionado incentivo no busca solucionar el déficit de deforestación, es diciente que incluso esos proyectos no estén interviniendo donde serían más necesarios.

Dentro de todas las deudas históricas que tiene Colombia, la del ambiente es una de las más complicadas de solucionar. Las cifras, además, no son alentadoras. Debemos prestarle atención a la deforestación antes de que sea demasiado tarde.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

La sostenibilidad ambiental futura de Colombia se está viendo obstaculizada por la incapacidad de enfrentar fenómenos como la minería ilegal.

En el 2015, por ejemplo, según un estudio del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como consecuencia de la minería ilegal, la extensión progresiva de los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva, la conversión de los bosques a pastos, la construcción de infraestructura vial, la minería a cielo abierto y la extracción de madera de manera ilegal, el país perdió un total de 124.035 hectáreas de bosque. Una mejora del 12% si se compara con la cifra de 140.356 hectáreas de bosque perdidas en el 2014, aunque ligeramente superior a las 120.934 hectáreas perdidas en el 2013. El punto, no obstante, es que todavía perdemos demasiado bosque cada año y los esfuerzos de sostenibilidad se están quedando cortos.

El problema es especialmente agudo en cinco departamentos (Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare y Putumayo, en ese orden) que concentran el 60 % de la deforestación del país.

Según el ministro de Ambiente, Luis Murillo, “estas son áreas de alta intensidad del conflicto armado (...) donde ha habido una ausencia sistemática de la integralidad del Estado, que se caracterizan por una alta incidencia de altos indicadores de pobreza y desigualdad, con presencia de criminalidad e ilegalidad”. Ese diagnóstico se ha vuelto común en los esfuerzos por entender las falencias del país y reitera que lo fundamental para el éxito del posacuerdo es que el Estado sea capaz de empezar a suplir esos vacíos. En lo ambiental, especialmente, esa intervención debe darse cuanto antes, pues el tiempo se acaba y hasta ahora la pelea se está perdiendo.

El ministro habla de la necesidad de fortalecer el pago por servicios ambientales y la institucionalidad de las corporaciones autónomas regionales, que a veces no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con su función. ¿En esta Colombia de vacas flacas habrá suficientes recursos para corregir estos problemas?

Especialmente porque hay una desigualdad que se mantiene. Según un estudio realizado por los economistas del proyecto La Rama Ciudadana, las reforestaciones realizadas en el marco del Certificado de Incentivo Forestal, que busca promover la tala legal de madera, no se hacen en los departamentos más afectados. Ahora, si bien hay quienes dicen que el mencionado incentivo no busca solucionar el déficit de deforestación, es diciente que incluso esos proyectos no estén interviniendo donde serían más necesarios.

Dentro de todas las deudas históricas que tiene Colombia, la del ambiente es una de las más complicadas de solucionar. Las cifras, además, no son alentadoras. Debemos prestarle atención a la deforestación antes de que sea demasiado tarde.

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