Las reacciones a la supuesta supresión de los Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas muestran las prevenciones que hay en un sector de los militares retirados y de la oposición hacia el gobierno de Gustavo Petro. Aunque no sean del todo infundadas ciertas prevenciones, no se puede caer en ligerezas ni mucho menos tratar de aprovechar la coyuntura para obtener réditos políticos. Si bien es cierto que al Ministerio de Defensa le faltó comunicar bien los cambios en un principio, ahora que se sabe que el objetivo es una transformación estratégica, no pueden continuar las voces que, con poco disimulo, buscan sembrar terror con la excusa de luchar por la seguridad.
Las voces de la oposición fueron irresponsables. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, dijo que “se acaban los Comandos Conjuntos, las Fuerzas de Tarea y los comandos específicos. Estamos de vuelta a las brigadas y divisiones que tuvimos hace 25 años y que le permitieron a la delincuencia tomarse el país”. Por la misma línea, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, afirmó en Blu Radio que “lo que está pasando es que están usando una cobija pequeña para tapar un lado y dejar descubierto el otro”. Pero la declaración más escandalosa la dio el exfiscal general Francisco Barbosa, quien especuló que “los cabecillas de todas esas organizaciones de bandidos, que a estas alturas parecen socios del Gobierno, deben estar celebrando esta absurda decisión. Saben que pueden delinquir a sus anchas”. Ese tipo de declaraciones no cuidan a las Fuerzas Armadas, sino que desinforman para generar temor.
Lo que ocurre está lejos de esa realidad. Primero, no es cierto que el Gobierno y las Fuerzas Armadas sean “socias” de los delincuentes; los golpes recientes muestran que las autoridades siguen en la lucha por garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Segundo, la Resolución 4760 de 2024 lo que busca es hacer modificaciones administrativas que permitan más agilidad, comprendiendo que la lucha contra las fuerzas criminales ha cambiado. El ministro de Defensa explicó que la resolución “no significa que se esté abandonando la conjuntez, la colaboración entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Al contrario, se fortalecen a nivel estratégico y operacional. La conjuntez sigue siendo clave, porque garantiza la participación de las capacidades de cada una de las fuerzas en un propósito común de asumir plenamente este control del territorio”.
La principal confusión nació de utilizar en el decreto la palabra “suprimir”, que hizo pensar en desaparición. Sobre eso el comandante de las Fuerzas Militares, contraalmirante Francisco Cubides, aseguró que “la palabra suprimir aparece en la resolución porque deben suprimirse como fuerzas de tarea conjunta, para volverse a crear administrativamente dentro del Ejército. Se suprime en ese nivel, pero se crea en esa fuerza militar. Es un cambio administrativo. No significa que la misionalidad de la Omega va a cambiar”. Suena razonable.
Por supuesto que necesitamos rodear a las Fuerzas Armadas, hacer preguntas sobre el deterioro en la seguridad o criticar la estrategia propuesta, pero todo debe hacerse con responsabilidad. El Gobierno ya autorizó un aumento de 16.000 soldados profesionales entre 2024 y 2025, distribuidos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En ese contexto se está llevando el reajuste estratégico. Eso no es un debilitamiento, como han querido que creamos. Ya veremos si funciona, pero esa es otra historia.
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Las reacciones a la supuesta supresión de los Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas muestran las prevenciones que hay en un sector de los militares retirados y de la oposición hacia el gobierno de Gustavo Petro. Aunque no sean del todo infundadas ciertas prevenciones, no se puede caer en ligerezas ni mucho menos tratar de aprovechar la coyuntura para obtener réditos políticos. Si bien es cierto que al Ministerio de Defensa le faltó comunicar bien los cambios en un principio, ahora que se sabe que el objetivo es una transformación estratégica, no pueden continuar las voces que, con poco disimulo, buscan sembrar terror con la excusa de luchar por la seguridad.
Las voces de la oposición fueron irresponsables. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, dijo que “se acaban los Comandos Conjuntos, las Fuerzas de Tarea y los comandos específicos. Estamos de vuelta a las brigadas y divisiones que tuvimos hace 25 años y que le permitieron a la delincuencia tomarse el país”. Por la misma línea, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, afirmó en Blu Radio que “lo que está pasando es que están usando una cobija pequeña para tapar un lado y dejar descubierto el otro”. Pero la declaración más escandalosa la dio el exfiscal general Francisco Barbosa, quien especuló que “los cabecillas de todas esas organizaciones de bandidos, que a estas alturas parecen socios del Gobierno, deben estar celebrando esta absurda decisión. Saben que pueden delinquir a sus anchas”. Ese tipo de declaraciones no cuidan a las Fuerzas Armadas, sino que desinforman para generar temor.
Lo que ocurre está lejos de esa realidad. Primero, no es cierto que el Gobierno y las Fuerzas Armadas sean “socias” de los delincuentes; los golpes recientes muestran que las autoridades siguen en la lucha por garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Segundo, la Resolución 4760 de 2024 lo que busca es hacer modificaciones administrativas que permitan más agilidad, comprendiendo que la lucha contra las fuerzas criminales ha cambiado. El ministro de Defensa explicó que la resolución “no significa que se esté abandonando la conjuntez, la colaboración entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Al contrario, se fortalecen a nivel estratégico y operacional. La conjuntez sigue siendo clave, porque garantiza la participación de las capacidades de cada una de las fuerzas en un propósito común de asumir plenamente este control del territorio”.
La principal confusión nació de utilizar en el decreto la palabra “suprimir”, que hizo pensar en desaparición. Sobre eso el comandante de las Fuerzas Militares, contraalmirante Francisco Cubides, aseguró que “la palabra suprimir aparece en la resolución porque deben suprimirse como fuerzas de tarea conjunta, para volverse a crear administrativamente dentro del Ejército. Se suprime en ese nivel, pero se crea en esa fuerza militar. Es un cambio administrativo. No significa que la misionalidad de la Omega va a cambiar”. Suena razonable.
Por supuesto que necesitamos rodear a las Fuerzas Armadas, hacer preguntas sobre el deterioro en la seguridad o criticar la estrategia propuesta, pero todo debe hacerse con responsabilidad. El Gobierno ya autorizó un aumento de 16.000 soldados profesionales entre 2024 y 2025, distribuidos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En ese contexto se está llevando el reajuste estratégico. Eso no es un debilitamiento, como han querido que creamos. Ya veremos si funciona, pero esa es otra historia.
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