Semillas, video y confusión

La imagen más fuerte muestra la destrucción de toneladas de arroz en un país que sufre de hambre. Y el mensaje central es que los campesinos en Colombia no pueden guardar las semillas de sus mejores cosechas para utilizarlas en sus resiembras, so pena de una serie de sanciones, multas y decomisos. Argumenta el video que se les obliga a comprar semillas certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–, en su mayoría, se asegura, producidas por transnacionales. Todo amparado en la resolución 970 del 10 de marzo de 2010, proferida por el ICA, como un supuesto condicionamiento unilateral del Gobierno de los Estados Unidos para la firma del TLC con Colombia.

Suena aterrador. Y se ve aterrador en el documental. Sin embargo, el tema tiene tanto de largo como de ancho. De acuerdo con los expertos consultados por este diario, la semilla transgénica sí tiene una protección en términos de propiedad intelectual que debe ser respetada y reconocida, pero esta obligación es universal y anterior a la negociación del TLC con Estados Unidos. Una semilla natural, por el contrario, no tiene (ni tendrá, al parecer) restricción alguna para el almacenamiento o la siembra.

La 970 es un enredo casi ininteligible de premisas y conceptos y nombres y títulos científicos que es lógico pensar que no entenderá un campesino que ha dedicado (y limitado) su vida a sembrar y cosechar arroz, muy a pesar de que es a él a quien va destinada. ¿No estará ahí el verdadero problema? ¿En esa falta de entendimiento que las autoridades competentes tienen de las comunidades a las que dirigen sus normas?

En ella se habla, justamente, de “reservar la cosecha”. Artículo 15. Allí se indica que el agricultor debe solicitar la autorización del ICA y decir dónde hará el cultivo. Lo que interesa en este sentido es el numeral cuatro: demostrar que en la explotación ha habido uso de semilla certificada o seleccionada. Para ello, hay un reguero de normas en los que se indica cómo debe hacerse este registro.

El ICA, mas no los campesinos, parecería tenerlo todo muy claro. Oímos ayer en La W a Teresita Beltrán, su directora, diciendo que si la semilla es resultado de la tradición de la comunidad, es decir, si es nativa, no tiene restricción alguna. Sí hay, entonces, derecho a la reserva de semillas en Colombia, si nos atenemos a sus palabras. Ha dicho también, esta vez a través de un comunicado, que el 85% de esas semillas son producidas por empresas nacionales y apenas el 15% son importadas por multinacionales. ¿Y qué hay de la impactante imagen de la destrucción del arroz de Campoalegre? La respuesta es que fue un decomiso por no cumplir la normatividad vigente. Un concepto del Invima, conocido por El Espectador, estableció que ese arroz no era apto para el consumo humano.

Tenga quien tuviere la razón, y ambos parecieran tenerla parcialmente, lo cierto es que la 970 es una resolución de la que, como se atestigua en el documental, no se conoce mucho. ¿Estará el ICA dispuesto a ir hasta las localidades y trabajar en conjunto con los campesinos para que su verborrea técnica se traduzca en una normatividad clara y práctica? No estaría de más que a los demás mortales nos lo explicaran también pues la gravedad de la denuncia de este documental cuya audiencia crece cada día, lo merece. Eso es lo que al parecer hace falta.

La imagen más fuerte muestra la destrucción de toneladas de arroz en un país que sufre de hambre. Y el mensaje central es que los campesinos en Colombia no pueden guardar las semillas de sus mejores cosechas para utilizarlas en sus resiembras, so pena de una serie de sanciones, multas y decomisos. Argumenta el video que se les obliga a comprar semillas certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–, en su mayoría, se asegura, producidas por transnacionales. Todo amparado en la resolución 970 del 10 de marzo de 2010, proferida por el ICA, como un supuesto condicionamiento unilateral del Gobierno de los Estados Unidos para la firma del TLC con Colombia.

Suena aterrador. Y se ve aterrador en el documental. Sin embargo, el tema tiene tanto de largo como de ancho. De acuerdo con los expertos consultados por este diario, la semilla transgénica sí tiene una protección en términos de propiedad intelectual que debe ser respetada y reconocida, pero esta obligación es universal y anterior a la negociación del TLC con Estados Unidos. Una semilla natural, por el contrario, no tiene (ni tendrá, al parecer) restricción alguna para el almacenamiento o la siembra.

La 970 es un enredo casi ininteligible de premisas y conceptos y nombres y títulos científicos que es lógico pensar que no entenderá un campesino que ha dedicado (y limitado) su vida a sembrar y cosechar arroz, muy a pesar de que es a él a quien va destinada. ¿No estará ahí el verdadero problema? ¿En esa falta de entendimiento que las autoridades competentes tienen de las comunidades a las que dirigen sus normas?

En ella se habla, justamente, de “reservar la cosecha”. Artículo 15. Allí se indica que el agricultor debe solicitar la autorización del ICA y decir dónde hará el cultivo. Lo que interesa en este sentido es el numeral cuatro: demostrar que en la explotación ha habido uso de semilla certificada o seleccionada. Para ello, hay un reguero de normas en los que se indica cómo debe hacerse este registro.

El ICA, mas no los campesinos, parecería tenerlo todo muy claro. Oímos ayer en La W a Teresita Beltrán, su directora, diciendo que si la semilla es resultado de la tradición de la comunidad, es decir, si es nativa, no tiene restricción alguna. Sí hay, entonces, derecho a la reserva de semillas en Colombia, si nos atenemos a sus palabras. Ha dicho también, esta vez a través de un comunicado, que el 85% de esas semillas son producidas por empresas nacionales y apenas el 15% son importadas por multinacionales. ¿Y qué hay de la impactante imagen de la destrucción del arroz de Campoalegre? La respuesta es que fue un decomiso por no cumplir la normatividad vigente. Un concepto del Invima, conocido por El Espectador, estableció que ese arroz no era apto para el consumo humano.

Tenga quien tuviere la razón, y ambos parecieran tenerla parcialmente, lo cierto es que la 970 es una resolución de la que, como se atestigua en el documental, no se conoce mucho. ¿Estará el ICA dispuesto a ir hasta las localidades y trabajar en conjunto con los campesinos para que su verborrea técnica se traduzca en una normatividad clara y práctica? No estaría de más que a los demás mortales nos lo explicaran también pues la gravedad de la denuncia de este documental cuya audiencia crece cada día, lo merece. Eso es lo que al parecer hace falta.