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Todo el proceso de licitación para la expedición de pasaportes ha sido un desastre. Durante la Cancillería dirigida por Álvaro Leyva, el gobierno de Gustavo Petro diseñó unas reglas de competición, adelantó las etapas precontractuales, calificó a los proponentes y estaba listo para entregar la renovación al ganador, Thomas Greg & Sons, empresa encargada de la producción de pasaportes en Colombia desde hace 17 años. Sin embargo, pasó lo ya conocido: el presidente Petro se opuso a las licitaciones de un solo oferente, el canciller Leyva se burló de las normas de contratación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tuvo un encontrón con la Cancillería que terminó en despidos/renuncias de alto nivel, la Nación está demandada y, quizás más importante aún, el país está en incertidumbre sobre la posible interrupción de la expedición eficiente de pasaportes. Mientras tanto, para completar el panorama, el sistema de agendamiento que usa la Cancillería es arcaico, permite una economía paralela de tramitadores abusivos, y hace que la experiencia más común de los ciudadanos sea la frustración.
Como ya es común en la administración Petro, las buenas ideas se chocan con la ejecución torpe y negligente. Tiene razón el mandatario en no querer promover las licitaciones donde un solo oferente “de facto” tiene posibilidades de triunfar. También es loable querer que los datos privados y sensibles de los colombianos, como es el caso de los pasaportes y sus componentes biométricos, estén bajo control y resguardo del Estado y no de una empresa privada. El problema es que esos cambios se deben hacer por las vías adecuadas. Si las normas de contratación vigentes no funcionan, se tramita una reforma en el Congreso, no se entorpecen procesos en marcha con vías que rozan con la ilegalidad. Si se quiere encargar a la Imprenta Nacional de imprimir los pasaportes, el proceso toma tiempo, y requiere inversiones con asesorías expertas.
Eso fue lo que descubrió el nuevo canciller, Luis Gilberto Murillo, cuando asumió el cargo en reemplazo del suspendido Leyva. Murillo se encontró con el sentido común: es inaceptable el incumplimiento de las normas contractuales con Thomas Greg & Sons, y es ilusorio pensar que la Imprenta Nacional podrá asumir las funciones sin experiencia previa y sin una etapa de preparación. En vez de pedir que le notifiquen en la tumba una eventual sentencia en contra del Estado por este caso, el canciller está haciendo acercamientos conciliatorios con Thomas Greg & Sons, al mismo tiempo que adelanta el proceso licitatorio de reemplazo de proveedor. Esta semana se supo que hay varios países extranjeros interesados, y la Procuraduría anunció que la empresa seguirá asesorando, e incluso imprimiendo los pasaportes, después del inminente vencimiento de su contrato el próximo 2 de octubre.
También es buena noticia que parece haber voluntad de mejorar la experiencia de los usuarios. Las quejas por el sistema de agendamiento de citas de renovación de pasaporte son ya “vox populi”. Se trata de una página arcaica que se colapsa a los pocos segundos de abrir cada día el espacio para citas. Como muy bien lo dijo la procuradora segunda delegada para la Vigilancia, Claudia Hernández: “Es un sistema obsoleto, que se ha quedado atrás con la tecnología, que no responde a las necesidades de los ciudadanos”. Con la Cancillería recobrando la sensatez y abandonando las discusiones anodinas, quizás pueda concentrarse en servirles mejor a los colombianos.
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