Hace apenas un par de semanas los excombatientes que llevaban siete años en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en Caquetá, tuvieron que salir desplazados. “La razón de esta decisión fue la imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, con la confrontación armada, que después de siete años está de regreso en nuestros territorios”, escribieron en un comunicado. “Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”, agregaron. Es en ese trasfondo que hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, presenta ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el reporte de avances de la implementación del Acuerdo con las FARC en 2016.
Traemos a colación ese ejemplo puntual, porque es sintomático del fracaso rotundo del Estado colombiano en estos años de implementación. Ni el gobierno de Juan Manuel Santos, en sus últimos alientos, ni el de Iván Duque, en franca hostilidad con lo pactado, ni el de Gustavo Petro, que en dos años ha visto en la seguridad su mayor reto, han podido evitar la violencia contra los firmantes del Acuerdo de Paz. Se cuentan en centenares los excombatientes asesinados mientras que, una y otra vez, los voceros de la exguerrilla piden que se cumpla lo que se prometió. Dice el Gobierno que ha logrado avances, lo que es cierto, pero la misma Casa de Nariño reconoce que no son suficientes. Colombia no ha podido aterrizar su promesa de la paz y, en ese proceso, les ha fallado a las personas más vulnerables en reincorporación a la sociedad.
Hoy se espera que el presidente Petro pida ocho años adicionales a los 15 originalmente pactados para la implementación del Acuerdo de Paz. Reconocerá que a nuestro país le ha faltado voluntad política y, también, que los nuevos diálogos con los grupos armados al margen de la ley requieren que se expanda el acompañamiento internacional. Estamos de acuerdo. Es evidente que necesitaremos más tiempo para cumplir y, ojalá, incorporar a nuevas personas que dejen las armas en el marco de la paz total. La gran pregunta abierta es si el presidente Petro seguirá en su campaña de desprestigio contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Misión de Verificación de la ONU vio con buenos ojos el plan de choque anunciado por el Gobierno. En documento entregado al Consejo de Seguridad, la Misión dice que “el trabajo en curso para poner en marcha un plan de choque que acelere la implementación es prometedor, al igual que el proceso de revisión del Plan Marco de Implementación con sus objetivos a más largo plazo”. También reconoce, no obstante, el ruido que generó en el país hablar de constituyente por vía de lo pactado. Eso tiene que quedar claro en lo que se decida hoy: la extensión es para cumplir lo que se firmó, no para saltarse el proceso dispuesto por la Constitución para cambiarla.
Lo más importante, en todo caso, es que el Gobierno pueda garantizar mejorías en sus dos grandes fallas. La hostilidad con la JEP debe cesar y la crisis de seguridad necesita respuestas. Sin esos dos componentes no habrá aplazamiento que valga.
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Hace apenas un par de semanas los excombatientes que llevaban siete años en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en Caquetá, tuvieron que salir desplazados. “La razón de esta decisión fue la imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, con la confrontación armada, que después de siete años está de regreso en nuestros territorios”, escribieron en un comunicado. “Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”, agregaron. Es en ese trasfondo que hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, presenta ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el reporte de avances de la implementación del Acuerdo con las FARC en 2016.
Traemos a colación ese ejemplo puntual, porque es sintomático del fracaso rotundo del Estado colombiano en estos años de implementación. Ni el gobierno de Juan Manuel Santos, en sus últimos alientos, ni el de Iván Duque, en franca hostilidad con lo pactado, ni el de Gustavo Petro, que en dos años ha visto en la seguridad su mayor reto, han podido evitar la violencia contra los firmantes del Acuerdo de Paz. Se cuentan en centenares los excombatientes asesinados mientras que, una y otra vez, los voceros de la exguerrilla piden que se cumpla lo que se prometió. Dice el Gobierno que ha logrado avances, lo que es cierto, pero la misma Casa de Nariño reconoce que no son suficientes. Colombia no ha podido aterrizar su promesa de la paz y, en ese proceso, les ha fallado a las personas más vulnerables en reincorporación a la sociedad.
Hoy se espera que el presidente Petro pida ocho años adicionales a los 15 originalmente pactados para la implementación del Acuerdo de Paz. Reconocerá que a nuestro país le ha faltado voluntad política y, también, que los nuevos diálogos con los grupos armados al margen de la ley requieren que se expanda el acompañamiento internacional. Estamos de acuerdo. Es evidente que necesitaremos más tiempo para cumplir y, ojalá, incorporar a nuevas personas que dejen las armas en el marco de la paz total. La gran pregunta abierta es si el presidente Petro seguirá en su campaña de desprestigio contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Misión de Verificación de la ONU vio con buenos ojos el plan de choque anunciado por el Gobierno. En documento entregado al Consejo de Seguridad, la Misión dice que “el trabajo en curso para poner en marcha un plan de choque que acelere la implementación es prometedor, al igual que el proceso de revisión del Plan Marco de Implementación con sus objetivos a más largo plazo”. También reconoce, no obstante, el ruido que generó en el país hablar de constituyente por vía de lo pactado. Eso tiene que quedar claro en lo que se decida hoy: la extensión es para cumplir lo que se firmó, no para saltarse el proceso dispuesto por la Constitución para cambiarla.
Lo más importante, en todo caso, es que el Gobierno pueda garantizar mejorías en sus dos grandes fallas. La hostilidad con la JEP debe cesar y la crisis de seguridad necesita respuestas. Sin esos dos componentes no habrá aplazamiento que valga.
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