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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) necesita un macrocaso dedicado a estudiar de manera transversal la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. Lo hemos mencionado en un par de ocasiones, así como la necesidad de implementar un enfoque diferencial para los casos que involucren a personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT), y ahora desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) tanto Jineth Bedoya como el presidente Iván Duque se unieron al llamado. Es lo necesario a medida que vamos conociendo más información sobre cómo la violencia sexual se utilizó como arma de guerra de manera sistemática en todo el territorio colombiano.
Al ser nombrada embajadora de buena voluntad en la lucha contra la violencia sexual, Bedoya, reconocida periodista y vocera de las víctimas en Colombia, fue contundente: “Las cicatrices que dejaron las torturas que tuve que enfrentar me recuerdan que no puedo desfallecer y que debo seguir levantando la voz”. Por eso, pidió que la JEP inicie un macrocaso enfocado en violencia sexual, pues “no podemos pasar por encima de los derechos de millones de mujeres que tienen su fe de justicia puesta en esta jurisdicción”. Hablando de la impunidad del 98 % en estos delitos, dijo que “es una vergüenza como país y sociedad. No enfrentamos uno de los peores crímenes que se cometen contra los seres humanos”. Estamos por completo de acuerdo.
El Gobierno Nacional también parece estar de acuerdo. En la ceremonia de nombramiento de Bedoya, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, dijo que “el Estado colombiano es consciente para crear escenarios de protección para los derechos de las mujeres”. Horas antes, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Iván Duque había dicho que “hoy Colombia quiere seguir transitando hacia la consolidación de una paz con legalidad, pero eso, también, requiere que los macrocasos del reclutamiento de menores, de los vejámenes contra las mujeres, de los ataques contra la fuerza pública y de las afectaciones derivadas del narcotráfico sean esclarecidos en el marco de la justicia transicional”. Todos los caminos, entonces, apuntan hacia la justicia transicional.
La JEP se ha equivocado en su reticencia para abrir un macrocaso de violencia sexual. Varias organizaciones sociales llevan un buen tiempo pidiéndole que lo haga, con suficientes evidencias a su favor. El conflicto armado colombiano fue un espacio para los peores crímenes de violencia sexual, para la vulneración de los cuerpos, en especial de las mujeres, como métodos de humillación y armas de guerra, y para negar toda responsabilidad. Todos los actores del conflicto niegan, con notable vergüenza, su participación en estos hechos, lo que demuestra la importancia de que una entidad con tanto peso histórico como la JEP le dedique toda su atención al problema.
Sistematizar la información sobre todos los casos de violencia sexual durante el conflicto sería un gran aporte para Colombia ante crímenes que suelen ser subreportados, poco investigados y que, como ya vimos, quedan en la impunidad. Serviría no solo en el proceso de reconciliación por los crímenes cometidos en el conflicto, sino como impulso para reconocer la importancia de investigaciones serias en la justicia ordinaria. Es una vergüenza que no tengamos ese macrocaso. La JEP debería escuchar a las víctimas.
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