La justicia transicional sigue conmoviendo con su capacidad de crear espacios para crudos reconocimientos de responsabilidad. Las 49 ejecuciones extrajudiciales que fueron objeto de la última audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) demuestran el horror del conflicto, la gravedad de los relatos que han sido censurados a lo largo de los años y, sí, la importancia de que haya magistrados dedicados a esclarecer la verdad, contarle al país qué ocurrió y ofrecerles un atisbo de reparación a las víctimas. Caen los discursos políticos ante la contundencia de lo dicho por los militares: las fuerzas del Estado colombiano fueron llevadas a matar personas a sangre fría y luego presentarlas como bajas en combate, con el objetivo de convencer al país de que estábamos ganando la guerra.
Se trata de un momento doloroso. Escuchar a los militares reconocer los horrores que cometieron rompe con la idea de la Fuerza Pública como protectora de los colombianos. Necesitamos ser claros para poder pasar la página: lo que ocurrió en el país, con particular frecuencia durante la presidencia de Álvaro Uribe, fue una traición a la Constitución y a la dignidad humana. El coronel retirado Efraín Enrique Prada, quien tenía para entonces a cargo la brigada de Dabeiba, le hace eco a ese sentimiento: “Es muy duro estar frente a las personas a las que les causamos tanto dolor, a las que les quitamos a sus hijos que ya no pueden ver a sus padres ni que estos puedan compartir una Navidad, un Día de la Madre o los cumpleaños. Fueron víctimas ingenuas porque los engañamos. No me cansaré el resto de mi vida de pedirles perdón”.
Hará falta, en efecto, una vida entera y quizá más para pedir perdón, pues los métodos fueron terribles. Todo el proceso implicaba engaños y manipulaciones. Buscaban “habitantes de calle o drogadictos, personas vulnerables y de bajos recursos que creíamos que nadie iba a reclamar”, para luego presentarlos como grandes criminales. “Nos daban informes con los nombres sobre qué personas ilegales delinquen en el sector. Ahí se debía colocar con precisión quiénes fueron los muertos en combate y cuál fue el material de guerra incautado. En el municipio de Dabeiba se le solicitaba a la Personería corroborarlo y a la Fiscalía se le informaba que había existido un combate para que ellos no subieran hacia el sitio en donde ocurrieron los hechos. Se entrenaba a las personas con una historia ficticia para que en la justicia penal militar no hubiese contradicciones. Se cumplía con todos los indicadores de las muertes en combate, pero en realidad al hacer toda la documentación se ocultaba el asesinato”, explicó Prada.
Entre todas las consecuencias de este relato, una debería ser la de romper los discursos negacionistas de lo ocurrido. Sí, en Colombia hubo ejecuciones extrajudiciales. Sí, además, fueron fomentadas por una estrategia de seguridad implacable que premiaba las bajas en combate por encima de otros mecanismos, así los documentos oficiales busquen ocultar esa realidad. Sí, muchas personas murieron y fueron desaparecidas para ser presentadas como criminales. Entre más pronto reconozcamos esta realidad, más rápido podemos empezar a sanar y, quizá más importante, más fácil podremos garantizar que algo así nunca vuelva a ocurrir.
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