Sigue creciendo el escándalo de Hidroituango

La Contraloría y la Procuraduría acaban de dar declaraciones que ponen en duda el manejo que se le ha dado al proyecto de Hidroituango desde su concepción. Los investigados en un incidente fiscal, entre políticos y administradores de EPM, así como las entidades entuteladas por daños ecológicos le deben explicaciones al país sobre un desastre cuyas consecuencias todavía no conocemos con suficiente profundidad.

Basta leer la conclusión de la Contraloría para dimensionar el problema que ha rodeado la construcción de Hidroituango. Las inversiones que se han hecho para “solucionar los graves problemas” de planeación y ejecución del proyecto, dice el ente de control fiscal, “destruyeron el valor del proyecto tal y como fue concebido desde su línea de base, generando un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida por $2.971.400’000.000”. Agrega que, como Hidroituango no ha entrado en funcionamiento, el Estado está dejando de percibir un poco más de $1 billón cada año. Son cifras inaceptables.

Siempre que se habla del proyecto de Hidroituango el debate se polariza en torno a si la construcción debe continuar o no. Ese no es el debate en este punto: nos parece claro que Colombia necesita que Hidroituango entre en funcionamiento tan pronto como sea posible y responsable hacerlo. Eso no significa que quienes han estado detrás de los retrasos, daños y malos manejos no tengan que responderle al país entero.

Como resultado de sus hallazgos, la Contraloría abrió un proceso contra 34 personas y contratistas por fallas en la planeación y ejecución de la hidroeléctrica. Entre ellos se encuentran Federico Restrepo, representante legal de EPM; Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM; Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín entre 2012 y 2015 y hoy gobernador electo de Antioquia; Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011, y Luis Alfredo Ramos (2008-2011) y Sergio Fajardo (2012-2016), exgobernadores de Antioquia. Esperamos que el proceso que se adelante permita entender qué ocurrió y dónde estuvieron las fallas.

Por su parte, esta semana la Procuraduría entuteló a una serie de instituciones porque no están protegiendo los derechos fundamentales “de las comunidades afrodescendientes e indígenas del área del proyecto, y de los ciudadanos y personas que encuentran ubicados en las cuencas media y baja del río Cauca”. Entre las entidades entuteladas están EPM e Hidroituango S.A., así como varios ministerios. Según la Procuraduría, “la información entregada por EPM en su condición de constructora y ejecutora del proyecto hidroeléctrico ha sido inexacta, contradictoria, extemporánea y poco veraz”. Además, “la interrupción del caudal del río Cauca (…) trajo consigo consecuencias gravemente lesivas para los derechos fundamentales de las personas de esa región del país”.

La conclusión en ambos recursos jurídicos es que, por donde se le mire, Hidroituango le ha salido muy costoso al país. Es hora de empezar a ver quiénes fueron los responsables.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

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La Contraloría y la Procuraduría acaban de dar declaraciones que ponen en duda el manejo que se le ha dado al proyecto de Hidroituango desde su concepción. Los investigados en un incidente fiscal, entre políticos y administradores de EPM, así como las entidades entuteladas por daños ecológicos le deben explicaciones al país sobre un desastre cuyas consecuencias todavía no conocemos con suficiente profundidad.

Basta leer la conclusión de la Contraloría para dimensionar el problema que ha rodeado la construcción de Hidroituango. Las inversiones que se han hecho para “solucionar los graves problemas” de planeación y ejecución del proyecto, dice el ente de control fiscal, “destruyeron el valor del proyecto tal y como fue concebido desde su línea de base, generando un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida por $2.971.400’000.000”. Agrega que, como Hidroituango no ha entrado en funcionamiento, el Estado está dejando de percibir un poco más de $1 billón cada año. Son cifras inaceptables.

Siempre que se habla del proyecto de Hidroituango el debate se polariza en torno a si la construcción debe continuar o no. Ese no es el debate en este punto: nos parece claro que Colombia necesita que Hidroituango entre en funcionamiento tan pronto como sea posible y responsable hacerlo. Eso no significa que quienes han estado detrás de los retrasos, daños y malos manejos no tengan que responderle al país entero.

Como resultado de sus hallazgos, la Contraloría abrió un proceso contra 34 personas y contratistas por fallas en la planeación y ejecución de la hidroeléctrica. Entre ellos se encuentran Federico Restrepo, representante legal de EPM; Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM; Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín entre 2012 y 2015 y hoy gobernador electo de Antioquia; Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011, y Luis Alfredo Ramos (2008-2011) y Sergio Fajardo (2012-2016), exgobernadores de Antioquia. Esperamos que el proceso que se adelante permita entender qué ocurrió y dónde estuvieron las fallas.

Por su parte, esta semana la Procuraduría entuteló a una serie de instituciones porque no están protegiendo los derechos fundamentales “de las comunidades afrodescendientes e indígenas del área del proyecto, y de los ciudadanos y personas que encuentran ubicados en las cuencas media y baja del río Cauca”. Entre las entidades entuteladas están EPM e Hidroituango S.A., así como varios ministerios. Según la Procuraduría, “la información entregada por EPM en su condición de constructora y ejecutora del proyecto hidroeléctrico ha sido inexacta, contradictoria, extemporánea y poco veraz”. Además, “la interrupción del caudal del río Cauca (…) trajo consigo consecuencias gravemente lesivas para los derechos fundamentales de las personas de esa región del país”.

La conclusión en ambos recursos jurídicos es que, por donde se le mire, Hidroituango le ha salido muy costoso al país. Es hora de empezar a ver quiénes fueron los responsables.

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