Sigue el goteo macabro de asesinatos
No habían solicitado protección ni denunciado amenazas en su contra. Esa es la frase que repitieron, casi con las mismas palabras, las autoridades nacionales y locales que investigan el asesinato de seis líderes sociales en lo que va del 2019. Sigue el goteo macabro de homicidios de personas que le apuestan a la construcción de democracia en Colombia. ¿Hasta cuándo?
El Espectador
El año pasado, el Centro de Memoria Histórica publicó un informe esencial que hace un recuento sobre el genocidio que sufrió la Unión Patriótica. Para los investigadores, es más que evidente que se trató de una violencia sistemática en su contra. El título del documento es Todo pasó frente a nuestros ojos.
Es inevitable no pensar en ese título con las noticias de asesinatos a líderes sociales en el 2019. Mientras el Gobierno y la Fiscalía se distraen sobre si hubo o no sistematicidad, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, dice en la W que “desafortunadamente ellos no habían pedido protección ni, hasta donde tengo entendido, habían reportado amenazas contra su vida”, los asesinatos continúan. ¿Cómo hablar de democracia en un país incapaz de proteger a quienes defienden los derechos humanos de todos los colombianos, especialmente en zonas que han sido marginadas históricamente?
A Maritza Quiroz, suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres víctimas de desplazamiento afro en la zona rural, la asesinaron en la vereda de San Isidro en la Sierra Nevada. Varios sujetos armados entraron a matarla. Ella vivía en un predio que le había sido otorgado por ser víctima de desplazamiento forzado. La violencia del conflicto no cesa sus ciclos perversos.
Sobre esa muerte, el coronel Gustavo Berdugo Garavito, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, le dijo a El Heraldo que la lideresa no había denunciado amenazas en su contra. No sobra la pregunta: ¿el Estado solo puede garantizar la seguridad de quienes hayan anunciado el riesgo de sus vidas?
Como Quiroz fueron asesinados Jesús Adier Perafán, líder social y veedor ciudadano del municipio de Caicedonia (Valle del Cauca); Gilberto Valencia, emprendedor social, constructor de paz y gestor cultural del municipio Suárez (Cauca); Wílmer Antonio Miranda, integrante activo de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío; José Solano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jobo, en Antioquia, y Wilson Pérez Ascanio, líder de varios procesos sociales e integrante del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), en Hacarí (Norte de Santander).
Seis líderes sociales asesinados en este año que apenas comienza. ¿Debemos resignarnos? La administración de Juan Manuel Santos demostró su incapacidad para detener el problema y, lastimosamente, el gobierno de Iván Duque parece ir por el mismo camino.
El país necesita respuestas. Es cierto que las autoridades han realizado consejos de seguridad extraordinarios, pero es claro que eso no ha sido suficiente. ¿Cuántos más muertos vamos a contar este año?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
El año pasado, el Centro de Memoria Histórica publicó un informe esencial que hace un recuento sobre el genocidio que sufrió la Unión Patriótica. Para los investigadores, es más que evidente que se trató de una violencia sistemática en su contra. El título del documento es Todo pasó frente a nuestros ojos.
Es inevitable no pensar en ese título con las noticias de asesinatos a líderes sociales en el 2019. Mientras el Gobierno y la Fiscalía se distraen sobre si hubo o no sistematicidad, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, dice en la W que “desafortunadamente ellos no habían pedido protección ni, hasta donde tengo entendido, habían reportado amenazas contra su vida”, los asesinatos continúan. ¿Cómo hablar de democracia en un país incapaz de proteger a quienes defienden los derechos humanos de todos los colombianos, especialmente en zonas que han sido marginadas históricamente?
A Maritza Quiroz, suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres víctimas de desplazamiento afro en la zona rural, la asesinaron en la vereda de San Isidro en la Sierra Nevada. Varios sujetos armados entraron a matarla. Ella vivía en un predio que le había sido otorgado por ser víctima de desplazamiento forzado. La violencia del conflicto no cesa sus ciclos perversos.
Sobre esa muerte, el coronel Gustavo Berdugo Garavito, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, le dijo a El Heraldo que la lideresa no había denunciado amenazas en su contra. No sobra la pregunta: ¿el Estado solo puede garantizar la seguridad de quienes hayan anunciado el riesgo de sus vidas?
Como Quiroz fueron asesinados Jesús Adier Perafán, líder social y veedor ciudadano del municipio de Caicedonia (Valle del Cauca); Gilberto Valencia, emprendedor social, constructor de paz y gestor cultural del municipio Suárez (Cauca); Wílmer Antonio Miranda, integrante activo de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío; José Solano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jobo, en Antioquia, y Wilson Pérez Ascanio, líder de varios procesos sociales e integrante del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), en Hacarí (Norte de Santander).
Seis líderes sociales asesinados en este año que apenas comienza. ¿Debemos resignarnos? La administración de Juan Manuel Santos demostró su incapacidad para detener el problema y, lastimosamente, el gobierno de Iván Duque parece ir por el mismo camino.
El país necesita respuestas. Es cierto que las autoridades han realizado consejos de seguridad extraordinarios, pero es claro que eso no ha sido suficiente. ¿Cuántos más muertos vamos a contar este año?
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