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El fin de semana tuvimos tres nuevas masacres con 11 personas asesinadas. Según el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), van 90 masacres este año con 289 víctimas. El año pasado, el total fueron 94 masacres con 300 víctimas. Un año antes, en 2021, tuvimos 96 masacres con 338 víctimas. El gobierno de Gustavo Petro responde culpando a la administración de Iván Duque, pero ya lleva más de un año en la Casa de Nariño y no ha logrado parar la tragedia. ¿Por qué los justos reclamos que se escuchaban durante el gobierno pasado parecen haberse silenciado? Las masacres no pueden ser cooptadas por la ideología, menos cuando el país va en un rumbo tan preocupante.
En la Casa de Nariño saben que se trata de un fracaso temprano. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “las masacres son expresiones de violencia que desafortunadamente continúan”. Aunque, a renglón seguido, señaló cómo muchas de ellas se deben a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, lo que no les resta importancia, pues se trata de fallas en la política de seguridad y muestran un país sumido en el terror. Desde Dubái, el presidente Petro dijo que “Colombia tiene, lamentablemente, el mismo número de víctimas que el año pasado en masacres, no se ha podido reducir”. Luego procedió a culpar a la administración pasada: “El Acuerdo de Paz con la FARC en el gobierno de Santos bajó al mínimo las masacres, el número de muertos, y subió, lamentablemente, con la desactivación de ese acuerdo en el anterior gobierno, y en este momento nos mantenemos en el mismo estado en que lo dejó el gobierno de Duque”. Nos parece que esa es una estrategia de respuesta insuficiente.
Es cierto que la administración Duque fue pésima para la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y para la política general de seguridad. El Gobierno se pasó entre la hostilidad y la indiferencia a las preocupaciones de los excombatientes y de las comunidades, mientras desplegó una estrategia contra el narcotráfico que dio resultados insuficientes más allá de algunos golpes mediáticos. Sin embargo, eso no justifica que la administración Petro, hasta ahora, no haya mostrado capacidad de reducir las masacres o mejorar el deplorable estado de la seguridad. Su apuesta por la “paz total” es un todo o nada que, mientras se ejecuta, deja a las poblaciones desprotegidas, exigiendo respuestas y sometidas al terror de la violencia.
¿Por qué las voces que fueron tan críticas durante la administración Duque, con razón, sobre las masacres ahora no se levantan de la misma forma y con la misma energía? ¿Por qué se evita el conteo semanal de asesinatos, de personas que perdemos a causa de la violencia? Cambió el gobierno, pero la crisis no ha cambiado, y no es momento de callar ni de ser condescendiente con la barbarie. La administración Petro se ha quedado corta en sus respuestas y se escuda tras el espejo retrovisor, como si eso sirviese para aliviar la angustia de los pobladores. En Colombia sigue el goteo sistemático de muertos y las autoridades parecen cruzadas de brazos y sin el escrutinio que merece la situación.
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