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Es una vergüenza para Colombia que la Policía Nacional sea incapaz de tratar adecuadamente una denuncia de abuso sexual dentro de su institución. Pese a la presión de la opinión pública y la Vicepresidencia, el mensaje de la institución para las mujeres del país parece ser que la entidad encargada de protegerlas se siente cómoda siendo cómplice de la impunidad y las malas prácticas en este tema.
En una entrevista que resume la frustración de las colombianas con las autoridades cuando se trata de enfrentar la violencia sexual, la teniente Kelly Sierra le contó a RCN Radio que se siente muy mal. “Es triste saber que denunciar el hecho es peor que haberme quedado callada”, dijo, porque “se ha generado una campaña de desprestigio en mi contra por parte de algunos oficiales de la Policía”.
La teniente se refiere a la denuncia penal y pública que hizo contra el capitán de la Policía Eduardo Merchán Prieto, por abuso sexual en una fiesta de fin de año de esa institución. Pese a que buscó respuesta dentro de la entidad, el silencio cómplice de sus superiores la llevó a utilizar los medios de comunicación para contar su historia; pero aun así, le ha servido de poco.
En la entrevista con RCN Radio, la teniente dijo: “No he sentido apoyo por parte de la institución y este es el momento que no he podido hablar con el director de la Policía Nacional. Vuelvo hacer un llamado a la vicefiscal y la señora vicepresidenta para que pongan atención al caso, porque he visto algunas imprudencias que pueden afectar el normal transcurso de la investigación”.
Cuando una víctima de violencia sexual dice que hubiera sido mejor quedarse callada, se trata de un fracaso para el país entero.
¿Por qué el silencio de la Policía Nacional? ¿Por qué la comodidad con que la denuncia no haya sido acompañada? ¿Por qué la ausencia de protocolos efectivos para combatir la violencia sexual? ¿Por qué la institución que defiende las leyes se queda inmóvil cuando se trata de presuntos crímenes entre sus rangos? ¿Por qué, pese a que la misma vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, pidió atender el caso, la teniente se sigue sintiendo perseguida y abandonada?
La responsabilidad de esta situación recae sobre las directivas de la Policía en Valledupar, en el Cesar y a escala nacional. Si siguen permitiendo que una denuncia tan delicada esté plagada de respuestas con irregularidades, si la teniente ve su futuro profesional truncado por la campaña de desprestigio, ellos deben rendirle cuentas a Colombia. El país está vigilando.
No se trata de prejuzgar al capitán Merchán. El asunto aquí es que la Policía ha demostrado no tener los mecanismos adecuados para tramitar estas denuncias, acompañar a las víctimas ni proteger sus derechos. Si la teniente se siente abandonada, ¿qué pasará la próxima vez que haya un caso de abuso? ¿Qué incentivo tendrá la próxima víctima de denunciar, sabiendo que la respuesta será el silencio y la persecución? ¿Cómo, además, pueden las colombianas confiar en una institución que no sabe cómo lidiar con la violencia sexual? ¿Cómo fomentamos la denuncia en delitos que suelen ser silenciados y viven en la impunidad, si el ejemplo de respuesta institucional es este caso?
Exigimos una respuesta contundente por parte de la Policía. Todavía están a tiempo de demostrar que el tema les concierne.
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