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En el Reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos (International Narcotics Control Strategy Report), el Departamento de Estado de Estados Unidos pone la lupa sobre 91 países que no están haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico. Entre ellos aparece Colombia.
Son dos los hallazgos sobre nuestro país. Primero, que seguimos siendo una de las mayores fuentes de precursores químicos usados para producir estupefacientes. Segundo, que el aumento de los cultivos de hoja de coca es preocupante.
Sobre lo primero, el informe cuenta que en Colombia hay 2.689 empresas certificadas para el manejo de sustancias controladas, y durante 2017 en todas se hicieron inspecciones. El resultado: en 86 visitas se hallaron irregularidades y se incautaron 21.250 toneladas de químicos sólidos y, en su mayoría, líquidos.
Sobre lo segundo, el Departamento de Estado afirma que “el gobierno de Estados Unidos consideró seriamente designar a Colombia como un país que evidentemente falló en adherir sus obligaciones (…) debido al extraordinario crecimiento de cultivos de coca y producción de cocaína en los últimos tres años, incluyendo un récord de cultivos (de uso ilícito) durante los últimos 12 meses”. El 90 % de la cocaína que llega al país del norte, según datos del informe, es de origen colombiano.
Desde que Donald Trump llegó a la Presidencia, Estados Unidos ha sido un aliado difuso en lo concerniente al narcotráfico. Pasamos de entender que el Acuerdo de Paz traería un incremento en la violencia y en los cultivos mientras se lograban implementar las nuevas medidas, a un constante recordatorio de que estamos en la mira y no se está haciendo lo suficiente.
Por supuesto, el narcotráfico es el reto número uno del país en este momento. Desde este espacio hemos comentado cómo la reacción por parte del Gobierno ha sido lenta e ineficiente, pero también hemos mostrado los casos de éxito, la creatividad sobre todo en garantizar la sustitución pacífica y los casos como el de Putumayo, que producen esperanza no sólo para bajar el número de hectáreas, sino para construir un país que incluya en su economía a las zonas que siempre han sido marginadas.
El Gobierno que termina y, especialmente, el que arrancará, no debe permitir que esta presión sea un distractor. Estamos en una coyuntura donde el modelo de la lucha contra las drogas debe superar la obsesión con reducir el número de hectáreas a la fuerza. Si fracasamos en lograr crear un sistema de sustitución eficiente que llene a las regiones de oportunidades en la legalidad, tendremos contento a Estados Unidos, pero perderemos la guerra a largo plazo.
La situación no es buena, pero las semillas para solucionar el problema están en el Acuerdo. Hay que persistir.
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