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Un asesinato y un atentado que ocurrieron la semana pasada se suman a la avalancha de masacres, persecuciones y ataques a los defensores de la democracia en el país. La muerte de Juana María Perea Plata, en Nuquí (Chocó), y el ataque contra la camioneta que transportaba al senador Feliciano Valencia, reconocido líder indígena, hacen parte de un patrón amplio de violencia contra las personas que están buscando proteger la paz y obtener mejor representación de las zonas olvidadas de Colombia. Las autoridades expresaron su rechazo y se comprometieron a dar con los responsables, pero persiste la frustración de ver cómo los casos se repiten una y otra vez mientras la consolidación de la paz a escala nacional se siente como un camino muy largo pendiente de recorrer.
El asesinato de Perea resalta la situación en Nuquí. También debería servir como una crítica a los relatos nacionales. Se trataba de una extranjera que decidió residir en Colombia hace dos años para construir un ecohotel en una de las zonas más hermosas, pero más disputadas por la violencia, que hay en el país. Es todo lo que hemos intentado fomentar en la imagen de una Colombia posacuerdo: turismo sostenible en emprendimientos que impulsen al país hacia el futuro, creación de tejido social a través de proyectos productivos viables, construir allí donde más se necesita. Y pese a esto, el país le falló a Perea. Fue encontrada muerta, con un disparo en la cabeza y con sus sueños derrumbados. Era reconocida por haberse opuesto al puerto de Tribugá y expresar su descontento con el olvido de la región.
No es un caso aislado —¿cuándo lo son?—. Ya van seis homicidios reportados en la misma zona, de la mano con varios desplazamientos forzados. Los actores son los sospechosos de siempre: bandas al margen de la ley unidas con narcotraficantes que hacen y deshacen a su antojo en el territorio. Como dijo el personero de Nuquí, “necesitamos que nos escuchen. Ojalá haya inversión social en el municipio. Los grupos al margen de la ley nos están tomando ventaja y si no se ataca este problema de raíz pueda que sucedan otros hechos violentos como el de Juana”. ¿Se escuchará el grito?
Lo propio ocurrió con Valencia. El senador del partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), quien se ha posicionado como una de las voces de oposición más reconocidas en Colombia, fue blanco de un atentado entre los corregimientos de El Palo y Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cauca). Por fortuna no ocurrió nada, gracias a los implementos otorgados por la Unidad Nacional de Protección (UNP); sin embargo, este tipo de situaciones no deberían presentarse. Es particularmente mórbido que Valencia se estaba trasladando a conmemorar el primer aniversario de la masacre de La Luz, en la cual fueron asesinadas cinco personas, entre ellas dos indígenas, en el casco urbano del corregimiento de Tacueyó.
Según información del Consejo Regional Indígena del Cauca, el ataque lo llevó a cabo la Columna Móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, que llevan varias semanas buscando aterrorizar a la población. Como dijo el alto consejero para las víctimas, Carlos Vladimir Rodríguez, “es muy grave que quienes (defienden la paz), con la humanidad presente siempre primero, hoy tengan riesgo en sus territorios”.
Nos vemos convocados a repetir lo esencial: mientras sigan matando personas comprometidas con la democracia, Colombia no estará en paz.
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