Los siguen matando, cuando son más necesarios
Tener que comparar cifras de homicidios siempre ha sido un acto incómodo. Se trata de una herramienta necesaria para evaluar políticas públicas, para medir si las acciones de los gobiernos están funcionando, pero implica una deshumanización que, con el tiempo, normaliza el terror. Lo hemos visto a lo largo de los años en un país lastimado por la violencia. Ahora corremos el riesgo de vivir lo mismo con el goteo de asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ya perdimos la cuenta de los editoriales que hemos tenido que escribir con el mismo mensaje: los están matando. Aun así, de nuevo nos encontramos en estas páginas con una cifra angustiante, una de esas comparaciones que ocultan muchas cosas, pero también permiten dimensionar el problema: en los primeros cuatro meses del año los asesinatos de líderes crecieron en un 53 %. Colombia les sigue fallando a quienes le apuestan a la democracia en las zonas más afectadas.
El informe lo presentó la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Titulado “Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental”, hace un conteo preocupante: 16 líderes fueron asesinados en enero, 11 en febrero, 13 en marzo y nueve en abril, para un total de 49, mientras que en los primeros cuatro meses de 2019 fueron 32. De ahí sale ese 53 %. Más aún, dice la Fundación, “los departamentos más críticos durante el primer cuatrimestre de 2020 fueron Cauca (con 14 homicidios), Putumayo (6) y Antioquia (5)”.
Las malas noticias no terminan ahí. Las muertes violentas vienen creciendo especialmente en Tumaco y Buenaventura, territorios en disputa y esenciales para la construcción de un país en paz. Además, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) alertó que en los primeros cuatro meses de 2020 crecieron un 5 % los desplazamientos forzados, de los cuales más de la mitad (57 %) fueron masivos. En la Colombia de 2020 todavía hay cientos de personas que tienen que abandonar sus hogares, sus trabajos y sus tierras escapando del riesgo de ser asesinadas. Es una tragedia.
El Gobierno insiste en que está haciendo lo posible. Las organizaciones piden más presencia estatal y mucho más respaldo a las promesas del Acuerdo de Paz. El resultado, sin embargo, sigue siendo negativo. Hoy no hay una persona en Colombia, especialmente en los territorios “calientes”, que no sepa que ser líder social es un oficio de alto riesgo. Eso, por supuesto, desincentiva la construcción de Estado y de comunidad, justo las dos cosas que necesitamos para hacerle frente a esta crisis.
No nos gusta contar muertos ni amenazados. Reducir historias de vida tan complejas, tan importantes, silenciadas tan pronto en una cifra que es comparable con otra es un acto problemático. Sin embargo, solo viendo el conjunto puede verse la magnitud y repetir el diagnóstico: Colombia es un lugar peligroso para los líderes, los grupos armados al margen de la ley siguen imponiendo sus deseos en varios sectores del país y las autoridades están abrumadas. Otra cifra: el 67 % de los casos no tienen responsables establecidos. Asesinatos cometidos por fantasmas en un país cansado de tanto dolor. ¿Hasta cuándo?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El informe lo presentó la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Titulado “Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental”, hace un conteo preocupante: 16 líderes fueron asesinados en enero, 11 en febrero, 13 en marzo y nueve en abril, para un total de 49, mientras que en los primeros cuatro meses de 2019 fueron 32. De ahí sale ese 53 %. Más aún, dice la Fundación, “los departamentos más críticos durante el primer cuatrimestre de 2020 fueron Cauca (con 14 homicidios), Putumayo (6) y Antioquia (5)”.
Las malas noticias no terminan ahí. Las muertes violentas vienen creciendo especialmente en Tumaco y Buenaventura, territorios en disputa y esenciales para la construcción de un país en paz. Además, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) alertó que en los primeros cuatro meses de 2020 crecieron un 5 % los desplazamientos forzados, de los cuales más de la mitad (57 %) fueron masivos. En la Colombia de 2020 todavía hay cientos de personas que tienen que abandonar sus hogares, sus trabajos y sus tierras escapando del riesgo de ser asesinadas. Es una tragedia.
El Gobierno insiste en que está haciendo lo posible. Las organizaciones piden más presencia estatal y mucho más respaldo a las promesas del Acuerdo de Paz. El resultado, sin embargo, sigue siendo negativo. Hoy no hay una persona en Colombia, especialmente en los territorios “calientes”, que no sepa que ser líder social es un oficio de alto riesgo. Eso, por supuesto, desincentiva la construcción de Estado y de comunidad, justo las dos cosas que necesitamos para hacerle frente a esta crisis.
No nos gusta contar muertos ni amenazados. Reducir historias de vida tan complejas, tan importantes, silenciadas tan pronto en una cifra que es comparable con otra es un acto problemático. Sin embargo, solo viendo el conjunto puede verse la magnitud y repetir el diagnóstico: Colombia es un lugar peligroso para los líderes, los grupos armados al margen de la ley siguen imponiendo sus deseos en varios sectores del país y las autoridades están abrumadas. Otra cifra: el 67 % de los casos no tienen responsables establecidos. Asesinatos cometidos por fantasmas en un país cansado de tanto dolor. ¿Hasta cuándo?
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