En El Espectador entendemos muy bien lo que significa denunciar el crimen organizado y los poderosos grupos tras él, y lo que puede llegar a implicar. Por eso sabemos que cualquier amenaza contra un periodista tiene que ser tomada en serio y rechazada por toda la sociedad. También tenemos claro que un ataque contra un medio, sea grande, pequeño, independiente o regional, es un ataque contra todos los que ejercemos esta profesión. Las recientes intimidaciones denunciadas por el equipo de Vorágine nos recuerdan que hacer periodismo en Colombia es un oficio de alto riesgo.
Vorágine es un medio nativo digital que le apuesta a la investigación. Por eso mismo ha recibido fuertes presiones, descalificaciones, estigmatizaciones y, más recientemente, amenazas contra la integridad de sus periodistas. Para protegerse, el medio informó el pasado 10 de octubre que ha decidido dejar de publicar reportajes sobre paramilitarismo y narcotráfico de manera indefinida. Es un lamentable caso de autocensura. En un país donde esos males no han cesado de aquejar a la sociedad, los únicos que ganan con esa decisión son los violentos.
Por razones de seguridad, Vorágine no ha especificado a cuál de sus investigaciones responden las amenazas que motivaron su difícil decisión. Sin embargo, su más reciente publicación sobre paramilitarismo es la del caso de la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands. El equipo de Vorágine ha seguido de cerca el juicio por el que esa empresa fue condenada en Estados Unidos a pagar millonarias indemnizaciones a familias colombianas víctimas de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que esa empresa financió entre 1997 y 2004.
Esta no es una situación excepcional. Debido a los frecuentes hostigamientos, muchos periodistas han tenido que huir del país para proteger su vida. A inicios de este año, en estas páginas editoriales, levantamos nuestra voz de protesta frente a las amenazas que recibió El Periódico de Valledupar, que lamentablemente llevaron a que sus periodistas tuvieran que exiliarse. Algo similar vivieron Laura Ardila, conocida por sus denuncias sobre corrupción en la costa Caribe y sus clanes políticos, Andrea Aldana, investigadora de derechos humanos, y Andrés Celis, periodista del conflicto armado e investigador de la Comisión de la Verdad. Sus reportajes han aportado al esclarecimiento de la verdad y la transparencia en el país, pero ahora tienen que vivir en otro. Por ellos y por muchos más colegas que han huido protegiendo sus vidas y las de los suyos, les exigimos a la sociedad colombiana y al Estado que no los dejen solos.
El presidente Gustavo Petro informó que tomaría las medidas necesarias para proteger la integridad de los periodistas de Vorágine y seis más no especificados. No obstante, tememos que no sea suficiente. En 2024 ya se han registrado más amenazas contra periodistas que el año pasado, lo que preocupa a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), teniendo en cuenta que 2023 fue año electoral y en esas épocas es cuando se suelen incrementar los hostigamientos. Según datos de la FLIP, en Bogotá se han duplicado las amenazas frente al año anterior, y en Cúcuta hay incluso más amenazas que en la capital. Más allá de las confrontaciones diarias que ahondan en la polarización, es necesario que el país haga una pausa para intentar comprender que sin periodistas no hay prensa libre y sin prensa libre no hay democracia.
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