Sobre el POT

El POT es el principal instrumento de planificación del desarrollo del territorio y del uso del suelo en los municipios y distritos. Lo aprueba el Concejo, pero la iniciativa le corresponde al Alcalde. El Plan delimita el perímetro urbano y regula en lo espacial tres estructuras: la ecológica principal (cerros, ríos, humedales), la funcional y de servicios (malla vial, parques, servicios domiciliarios, equipamientos sociales) y la socioeconómica y espacial (distribución de las viviendas y las actividades productivas en el territorio).

El POT regula también las operaciones estratégicas, los planes zonales, los planes parciales y otros instrumentos de intervención de las autoridades de planeación en el territorio. Y se ocupa, asimismo, de la financiación del desarrollo urbano mediante el cobro de plusvalías y el reparto de cargas y beneficios entre los urbanizadores y los municipios.

La Secretaría de Planeación contrató varias consultorías sobre la aplicación del POT vigente y sus posibles ajustes y organizó discusiones con sectores sociales sobre el tema. Sin embargo, la ausencia de una propuesta de la administración sobre el sentido de las modificaciones contribuyó a que las deliberaciones no fueran fecundas. Esto habrá que corregirlo.

Distintos modelos de desarrollo territorial y físico de la capital de la República están puestos en juego. Lo que se está imponiendo en la práctica es la expansión de Bogotá como una mancha de aceite sobre la Sabana. Esa dinámica la está llevando a conurbarse con los municipios vecinos y a convertirse en una megalópolis muy difícil de habitar y manejar.

Existe un modelo alternativo. Es el de compactar la ciudad, haciéndola crecer sólo en altura, y liberando suelo para espacio público, vías y equipamientos. En principio, es el que adopta el POT vigente. Pretende aterrizarlo mediante la creación de “centralidades”, áreas dinámicas con una intensa mezcla de usos del suelo, donde la población encontrará una alta oferta de oportunidades económicas y de servicios, sin movilizarse hacia el lejano centro metropolitano.

La revisión del Plan se realizará en un ambiente enredado por ciertas iniciativas del Gobierno Nacional. Aunque de labios para afuera el Gobierno se muestra partidario de la compactación, actúa en dirección contraria.

Según el Plan de Desarrollo vigente, las autoridades nacionales podrán ordenar la realización de macroproyectos de interés social nacional, que se incorporarán a los POT de los municipios y distritos. Con base en eso, el Gobierno viene promoviendo grandes programas de vivienda por fuera del perímetro de las principales ciudades, en clara aplicación del modelo territorial expansivo —en torno a Bogotá se harán en Soacha, Funza y Mosquera—. También impulsa el tren de cercanías, que fácilmente se transformará, como ocurrió con la Autopista Norte, la Autopista Sur y la Calle 80, en un eje de movilidad al que se le irán colgando inmensos proyectos urbanísticos. La autorización acelerada de zonas francas en la Sabana, sin previo estudio de la presión que ejercen por la construcción de vías, redes de servicios domiciliarios y otros emplazamientos, es otro factor introducido por el Gobierno nacional que estimula la expansión y la conurbación.

Vale la pena preguntarse qué sentido tiene la revisión del POT bogotano en este contexto de debilitamiento de la autonomía distrital para decidir sobre el futuro de su territorio.

El POT es el principal instrumento de planificación del desarrollo del territorio y del uso del suelo en los municipios y distritos. Lo aprueba el Concejo, pero la iniciativa le corresponde al Alcalde. El Plan delimita el perímetro urbano y regula en lo espacial tres estructuras: la ecológica principal (cerros, ríos, humedales), la funcional y de servicios (malla vial, parques, servicios domiciliarios, equipamientos sociales) y la socioeconómica y espacial (distribución de las viviendas y las actividades productivas en el territorio).

El POT regula también las operaciones estratégicas, los planes zonales, los planes parciales y otros instrumentos de intervención de las autoridades de planeación en el territorio. Y se ocupa, asimismo, de la financiación del desarrollo urbano mediante el cobro de plusvalías y el reparto de cargas y beneficios entre los urbanizadores y los municipios.

La Secretaría de Planeación contrató varias consultorías sobre la aplicación del POT vigente y sus posibles ajustes y organizó discusiones con sectores sociales sobre el tema. Sin embargo, la ausencia de una propuesta de la administración sobre el sentido de las modificaciones contribuyó a que las deliberaciones no fueran fecundas. Esto habrá que corregirlo.

Distintos modelos de desarrollo territorial y físico de la capital de la República están puestos en juego. Lo que se está imponiendo en la práctica es la expansión de Bogotá como una mancha de aceite sobre la Sabana. Esa dinámica la está llevando a conurbarse con los municipios vecinos y a convertirse en una megalópolis muy difícil de habitar y manejar.

Existe un modelo alternativo. Es el de compactar la ciudad, haciéndola crecer sólo en altura, y liberando suelo para espacio público, vías y equipamientos. En principio, es el que adopta el POT vigente. Pretende aterrizarlo mediante la creación de “centralidades”, áreas dinámicas con una intensa mezcla de usos del suelo, donde la población encontrará una alta oferta de oportunidades económicas y de servicios, sin movilizarse hacia el lejano centro metropolitano.

La revisión del Plan se realizará en un ambiente enredado por ciertas iniciativas del Gobierno Nacional. Aunque de labios para afuera el Gobierno se muestra partidario de la compactación, actúa en dirección contraria.

Según el Plan de Desarrollo vigente, las autoridades nacionales podrán ordenar la realización de macroproyectos de interés social nacional, que se incorporarán a los POT de los municipios y distritos. Con base en eso, el Gobierno viene promoviendo grandes programas de vivienda por fuera del perímetro de las principales ciudades, en clara aplicación del modelo territorial expansivo —en torno a Bogotá se harán en Soacha, Funza y Mosquera—. También impulsa el tren de cercanías, que fácilmente se transformará, como ocurrió con la Autopista Norte, la Autopista Sur y la Calle 80, en un eje de movilidad al que se le irán colgando inmensos proyectos urbanísticos. La autorización acelerada de zonas francas en la Sabana, sin previo estudio de la presión que ejercen por la construcción de vías, redes de servicios domiciliarios y otros emplazamientos, es otro factor introducido por el Gobierno nacional que estimula la expansión y la conurbación.

Vale la pena preguntarse qué sentido tiene la revisión del POT bogotano en este contexto de debilitamiento de la autonomía distrital para decidir sobre el futuro de su territorio.