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El miércoles, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que le presentó al Ministerio de Hacienda propuestas para aumentar el recaudo de recursos para el sistema de salud, que los necesita con urgencia. A la discutida polémica sobre el impuesto a las bebidas azucaradas (que el ministro propone tasar en 20 %), se suma ahora la de aumentar la contribución que se recibe de la venta de cigarrillos. Pese a la esperable oposición, desde este espacio apoyamos la medida.
La propuesta del ministro Gaviria es que se incremente el impuesto actual en 400 % o 500 %, lo que en dinero representará un recaudo adicional de medio billón de pesos en los próximos cuatro o cinco años, con el objetivo de ayudar a financiar la Ley Estatutaria de Salud.
De modo similar al caso de las bebidas azucaradas, el Ministerio de Salud sustenta su posición en dos argumentos: uno de salud pública —que en este caso es aún más evidente que en el de las bebidas— y otro de sostenibilidad presupuestal. Los datos lo respaldan.
Como lo dice el Minsalud en un documento técnico que acompaña la propuesta, “según estimaciones del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, alrededor de 72 personas mueren por día en el país a causa del tabaquismo”. En total, Colombia tiene cerca de tres millones de fumadores activos y, de no hacerse nada, esa cifra aumentará. Hay que hacer algo para evitar más muertes innecesarias.
En el documento aportado por Minsalud también se menciona que la OMS encontró que “el 75 % del precio de venta es la medida más efectiva para controlar la epidemia, especialmente entre los más jóvenes y los más pobres”. Es decir, hay lecciones internacionales para presumir que el aumento de impuestos ayudará a reducir la prevalencia del tabaquismo y, con eso, la aparición de enfermedades asociadas.
En ese último punto entra la consideración presupuestal. Según datos del IETS, gasta $4,2 billones anualmente para el tratamiento de las enfermedades asociadas al tabaquismo, carga que asume un sistema de salud en problemas. Cuando se considera que Colombia, además, tiene un precio de cigarrillos dos veces por debajo del promedio regional, es inevitable no preguntarse por qué no aprovechar para recaudar más impuestos que alivien un poco la tensión causada por el daño del tabaquismo.
La Compañía Colombiana de Tabaco (Coltabaco), en voz de su vicepresidente, Humberto Mora, argumentó que el aumento del impuesto consolidará los productos de contrabando, y cita el ejemplo del aumento del 50 % en el 2010, que, según él, hizo que los consumidores buscaran cigarrillos que no hayan pagado los impuestos.
Ese argumento, además de ser comúnmente esbozado por las tabacaleras en todo el mundo —donde se ha demostrado que no necesariamente es cierto—, no se soluciona ignorando el problema de salud pública. El contrabando se enfrenta con políticas de administración tributaria contundentes, que, junto con las fuerzas policiales, se encarguen de evitar el comercio ilegal y ayudar a reducir la evasión de impuestos. No hacer nada no es, entonces, la respuesta lógica a esa crítica.
Las personas conservan, por supuesto, su libertad de consumir tabaco si lo desean, pero el aumento en los precios es una medida razonable para evitar que esa decisión, que le causa cargas al sistema de salud que todos financiamos, venga también acompañada de un aporte para el bien común. Ojalá la propuesta no caiga en oídos sordos en el Congreso.
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