Haider Ibrahim Al-Masdar, Mutasim Mahmoud Gharab y Muhammad Abu Jasser son los nombres de periodistas palestinos que murieron en ataques de fuerzas israelíes esta semana en Gaza. En total, desde los ataques del 7 de octubre, 136 colegas han sido asesinados en el contexto de esa guerra. Cuatro periodistas israelíes fueron asesinados por terroristas de Hamás el día de la incursión. Tres libaneses murieron después al sur de su país y 129 han sido asesinados en la Franja de Gaza, y se ha confirmado que la mayoría murieron por acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu. Esto equivale a un periodista asesinado cada dos días desde la declaración de guerra.
La inseguridad para los reporteros palestinos de la guerra en Gaza ha sido persistente desde antes del 7 de octubre: el ejército israelí asesinó a la periodista Shireen Abu Akleh en 2022. El Estado luego lo reconoció y pidió perdón. La semana pasada, la Corte Internacional de Justicia confirmó lo que muchos de ellos llevan años documentando: en Cisjordania, Gaza y Jerusalén este, Israel practica apartheid, una ocupación ilegal, discriminación sistemática, negación de derechos humanos, maltratos y anexiones de tierras palestinas. Acogemos la declaración de Carlos Martínez de la Serna, del Comité para la Protección de los Periodistas: “Cada vez que un periodista es asesinado, herido, arrestado u obligado a exiliarse, perdemos fragmentos de la verdad. Los responsables enfrentan dos juicios: el del derecho internacional y el de la mirada implacable de la historia”.
El desinterés del gobierno de Benjamin Netanyahu por la verdad y el derecho internacional ha sido evidente. Este lunes 22, la knesset (parlamento) aprobó declarar como terrorista a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés). El comunicado de la decisión dice que personal de la UNRWA tiene filiación con terroristas islámicos y participó en las masacres de Hamás. Esas acusaciones inicialmente llevaron a que varios miembros de la ONU cortaran la financiación a la agencia. Sin embargo, a excepción de Estados Unidos, los países regresaron la financiación luego de que investigaciones independientes encontraron infundadas las denuncias. Cuando la ONU pidió pruebas a Israel, no las recibió. Sí recibió, en cambio, testimonios de funcionarios de la UNRWA que afirmaban haberse visto obligados a confesar vínculos con Hamás bajo tortura de militares israelíes. Esa agencia opera en territorios donde Hamás es la autoridad de facto y sus funcionarios se ven obligados a interactuar con ellos en términos pacíficos. Esto no es una violación del principio de neutralidad. La ONU encontró posibles faltas en el 0,22 % de los empleados y despidió a algunos sobre los cuales existía un manto de duda, antes de un proceso que confirmara los hechos. Aun así, el parlamento de Israel, sin pruebas contundentes, declaró terrorista a la entidad que mayor capacidad tenía para brindar asistencia humanitaria a las víctimas civiles de su ofensiva.
Por supuesto que Israel tiene derecho a defenderse de los extremistas de Hamás, pero es real que la mayoría de víctimas en la desproporcionada respuesta israelí al sanguinario ataque del 7 de octubre han sido civiles. Si es preciso calificar estos hechos como genocidio, les corresponde a tribunales internacionales hacerlo. Lo que sí podemos afirmar es que esta es una guerra asimétrica donde la verdad está bajo la mira.
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