Temibles acusaciones de “chuzadas” en el Ejército

Miembros del Ejército Nacional le han mentido al país, han interceptado ilegalmente las comunicaciones de magistrados, políticos y periodistas, han hecho trampas para cubrir sus rastros frente a las investigaciones de los entes de control y han enviado amenazas para que no fueran puestos en descubierto. Gracias a una investigación de la revista Semana, ahora sabemos que fue en ese contexto en el que se dio el retiro del excomandante del Ejército Nicacio Martínez, aduciendo “asuntos personales”. La solución no puede terminar en encontrar las “manzanas podridas”, sino en modificar los procedimientos dentro de la institución que permiten este tipo de abusos de poder.

Cuando la Corte Suprema de Justicia adelantó una inspección en instalaciones del Ejército a finales del año pasado, los oficiales negaron que tuvieran la posibilidad de interceptar llamadas, correos electrónicos o mensajes de Whatsapp. Eso era falso. El país conoció que, en un contrato por $3.000 millones, el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) compró un sistema conocido como “Hombre Invisible”, que permite llevar a cabo interceptaciones sin ser detectado. También, que tiene otras herramientas para realizar chuzadas. Ahí empezó lo peor.

Según fuentes y documentos conocidos por Semana, en el Ejército tenían interceptada a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, así como a tres senadores, dos representantes a la Cámara y tres gobernadores. No había orden judicial que permitiera esas interceptaciones. Una fuente dijo: “Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos, y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”.

Como Semana estaba llevando a cabo la investigación, sus periodistas empezaron a recibir lápidas funerarias y a ser víctimas de seguimientos y otros tipos de amenazas.

En pocas palabras, miembros del Ejército desestabilizaron la división de poderes, violentaron a la Rama Judicial, la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva regional, así como atacaron la libertad de prensa. Se trata de una grave violación a la Constitución que merece pasar a la historia como uno de los peores ataques a la democracia.

El presidente Iván Duque dijo que “aquí hay cero tolerancia con cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública que atenten contra la Constitución y la ley”. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la apertura de investigaciones. Se trata de un acertado primer paso, pero la gravedad de lo ocurrido exige que el Gobierno y la Comandancia del Ejército hagan mucho más.

Colombia debe conocer los nombres de todas las personas que sean retiradas de sus cargos por estos hechos, pero también saber cuáles van a ser los cambios en la cultura organizacional para garantizar que algo así no ocurra. ¿Por qué ni el Ejército ni el Ministerio de Defensa se habían dado cuenta de los crímenes que se estaban cometiendo? ¿Por qué en el pasado la reacción a las denuncias periodísticas fue de desdén? Tienen la palabra el nuevo comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Fernando Navarro.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

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Cuando la Corte Suprema de Justicia adelantó una inspección en instalaciones del Ejército a finales del año pasado, los oficiales negaron que tuvieran la posibilidad de interceptar llamadas, correos electrónicos o mensajes de Whatsapp. Eso era falso. El país conoció que, en un contrato por $3.000 millones, el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) compró un sistema conocido como “Hombre Invisible”, que permite llevar a cabo interceptaciones sin ser detectado. También, que tiene otras herramientas para realizar chuzadas. Ahí empezó lo peor.

Según fuentes y documentos conocidos por Semana, en el Ejército tenían interceptada a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, así como a tres senadores, dos representantes a la Cámara y tres gobernadores. No había orden judicial que permitiera esas interceptaciones. Una fuente dijo: “Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos, y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”.

Como Semana estaba llevando a cabo la investigación, sus periodistas empezaron a recibir lápidas funerarias y a ser víctimas de seguimientos y otros tipos de amenazas.

En pocas palabras, miembros del Ejército desestabilizaron la división de poderes, violentaron a la Rama Judicial, la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva regional, así como atacaron la libertad de prensa. Se trata de una grave violación a la Constitución que merece pasar a la historia como uno de los peores ataques a la democracia.

El presidente Iván Duque dijo que “aquí hay cero tolerancia con cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública que atenten contra la Constitución y la ley”. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la apertura de investigaciones. Se trata de un acertado primer paso, pero la gravedad de lo ocurrido exige que el Gobierno y la Comandancia del Ejército hagan mucho más.

Colombia debe conocer los nombres de todas las personas que sean retiradas de sus cargos por estos hechos, pero también saber cuáles van a ser los cambios en la cultura organizacional para garantizar que algo así no ocurra. ¿Por qué ni el Ejército ni el Ministerio de Defensa se habían dado cuenta de los crímenes que se estaban cometiendo? ¿Por qué en el pasado la reacción a las denuncias periodísticas fue de desdén? Tienen la palabra el nuevo comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Fernando Navarro.

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