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Justo ayer, en este espacio, nos preguntábamos cuál sería la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para el poco tiempo que le queda en el Congreso. ¿Seguiría siendo hostil y confrontacional, atrincherándose en su falta de aliados, o adoptaría una postura más conciliadora, como la que se ha promovido desde el Ministerio del Interior? Ayer, también, el presidente de la República nos dio una respuesta. En medio de su frustración por el difícil trámite de la ley de financiamiento, escribió en su cuenta de X que “pudiendo evitarlo, la oposición nos lleva a [la cesación de pagos], solo para ver si perdemos las elecciones del 2026. No les importa el bienestar de la gente”. También dijo que hay una “actitud extorsiva de miembros del parlamento” y una persecución contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La hostilidad, entonces, será el camino.
La frustración del presidente Petro con la ley de financiamiento es entendible, aunque buena parte de la culpa también la tienen en la Casa de Nariño. Las fallas en el recaudo de impuestos, la demora en la ejecución de los recursos asignados, la necesidad de recortar el presupuesto sobre la marcha y las constantes rencillas con el Congreso han hecho que poder financiar al Estado en el 2025 sea más difícil de lo habitual. La ley de financiamiento, que pretende llenar un hueco de $12 billones, fue presentada sin mucho ambiente en la rama Legislativa y con la pregunta abierta de por qué el Gobierno no pudo planear de manera más adecuada sus gastos e ingresos.
Dicho lo anterior, también es cierto que la oposición en el Congreso vio una oportunidad de darle un golpe político a la Casa de Nariño. Efraín Cepeda, presidente del Senado y miembro del Partido Conservador, se convirtió en el vocero de facto de quienes no desean tramitar la medida. Aunque cita múltiples argumentos, lo que subyace es el deseo de capitalizar políticamente la no aprobación de una ley de financiamiento impopular. Contrasta este trámite estancado, por ejemplo, con la velocidad y agilidad que ha tenido la reforma al Sistema General de Participaciones. Dice mucho de dónde están las prioridades de los congresistas que, antes de las consideraciones macroeconómicas, desean anotarse puntos en el corto plazo.
En respuesta al presidente Petro, Cepeda le dijo al mandatario que “sería importante que entendiera que el Congreso es una rama autónoma que tiene plena independencia para determinar qué se aprueba y qué no, sin que eso quiera decir que hacemos parte de una conspiración nacional o internacional”. Estamos de acuerdo en que hablar de conspiraciones es inadecuado para el debate, pero también el Congreso debería reconsiderar su renuencia a discutir el proyecto y encontrar la manera de salvarlo. En épocas de vacas flacas y de tantos ruidos en torno al manejo económico, la institucionalidad tiene que superar tanta división y encontrar una solución consensuada.
Para completar el escenario, están las investigaciones contra el ministro Bonilla, que Petro califica de injustas. Sin embargo, las declaraciones ante Fiscalía de María Alejandra Benavides, antigua mano derecha del ministro, ponen en jaque la credibilidad de su exjefe. Benavides afirmó que él no solo conocía el entramado de corrupción en la UNGRD, sino que también participó. Pero para eso está la justicia: hay que dejarla hacer su trabajo sin estar enviando indirectas. El país necesita saber qué ocurrió.
Son, en todo caso, dos discusiones distinas. Una, ineludible y urgente, es la ley de financiamiento y espantar el miedo de la cesación de pagos. El Congreso debería reconsiderar su postura, mientras el Gobierno cambia su tono.
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