Tenemos que hablar de abuso sexual en las universidades

Un caso de presunto abuso sexual ocurrido en la Universidad Javeriana de Bogotá y dado a conocer la semana que termina por Vice recuerda que las instituciones educativas nacionales no están preparadas de manera adecuada para enfrentar estos problemas y es una evidencia amarga de que todas las condiciones están dadas para que estas situaciones queden condenadas al silencio. Colombia necesita empezar a tener conversaciones públicas y constantes, acompañadas de medidas concretas y eficientes por parte de las universidades, si de verdad quiere decir que combate adecuadamente los crímenes sexuales, que son más comunes de lo que se acepta.

El caso puntual involucra a Juanita Díaz, una estudiante de la Facultad de Artes de esa universidad, quien dice haber sido encerrada por un compañero de clase, Sebastián Guzmán, en el sótano de uno de los edificios del campus y haber sido sujeta a varios toques no consentidos. Después de lo ocurrido, Díaz, que en un principio decidió no denunciar, sufrió de trastorno de ansiedad con fobia social, trastorno de estrés postraumático y depresión. Cuando, tras haberse cruzado con el agresor en una clase, decidió poner en conocimiento de la Javeriana los hechos, la universidad decidió expulsar a Guzmán, quien ya tenía matrícula condicional por haber sido denunciado por hechos similares en otras dos ocasiones. Díaz, por su parte, puso denuncia en la Fiscalía en un caso que, como tantos otros, corre el riesgo de quedar en la impunidad.

Pese a que la universidad tomó la acción disciplinaria contra Guzmán, su actuar estuvo lejos de ser el ideal en estos casos. ¿No debió, por ejemplo y ante la presencia de varias denuncias, remitir el caso a Medicina Legal y a la Fiscalía? Por lo que se sabe, no hubo tampoco un acompañamiento psicológico a Díaz ni a las otras denunciantes.

El problema, no obstante, no es de una universidad en particular. Las instituciones educativas no suelen estar preparadas ni prestarle mucha atención a un tema que, por su naturaleza, se soluciona entre rumores y obliga a que las víctimas se mantengan en silencio.

Ni siquiera es un problema exclusivamente colombiano. Según un estudio de universidades en Estados Unidos, el 16 % de las universitarias han experimentado abuso sexual y, de esas, el 88 % no reporta lo ocurrido. En los casos que sí se reportan es muy raro que las universidades adelanten investigaciones rigurosas. En muchas ocasiones, de hecho, asumen una posición en contra de la persona que denuncia, preguntando si no hizo algo para propiciar lo ocurrido.

Algo no muy distinto a lo que parece suceder en Colombia. En otro texto de Vice, la profesora de la Universidad de los Andes Isabel Cristina Jaramillo cuenta que a una persona que denunció abuso sexual por parte de un profesor, otro docente le contestó: “¿Usted qué quiere que yo haga? Es el profesor que más plata trae a la facultad”.

El problema perverso para las universidades es que impulsar campañas que empoderen a las víctimas y, por ende, aumenten el número de denuncias (gran parte del silencio se debe a la hostilidad y la impunidad que priman en estas situaciones), genera un dilema de publicidad, como lo denuncia el documental The Hunting Ground. Ninguna quiere ser el espacio donde ocurren tantos casos de violaciones o abusos. Pero la situación que subyace es mucho más compleja: el desinterés de los centros educativos ignora que en efecto estos casos se producen y muchos estudiantes lo tienen que sufrir en silencio, mientras que los perpetradores reinciden.

Hay que apoyar las iniciativas estudiantiles que se han formado para recibir las denuncias y dar acompañamiento. Ojalá que éstas se institucionalicen y reciban apoyo directo de las universidades. El Ministerio de Educación, por cierto, no debe lavarse las manos argumentando que cada centro educativo es autónomo para lidiar con estos temas. Ante este tipo de tragedias que están llenas de estigmas, miedos y dificultades para darse a conocer, el esfuerzo de la sociedad tiene que ser contundente y claro. Para que no se repitan historias como la de Díaz, quien cuenta que después de lo ocurrido “empecé a tener pesadillas con él; en la calle sentía que todos los hombres eran él, me estaba enloqueciendo”. Qué bueno que, cuando eso pase, las víctimas sepan que tienen a su universidad, y al país entero, dispuestos a ayudarlas. Pero empecemos, al menos, hablando del tema.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Un caso de presunto abuso sexual ocurrido en la Universidad Javeriana de Bogotá y dado a conocer la semana que termina por Vice recuerda que las instituciones educativas nacionales no están preparadas de manera adecuada para enfrentar estos problemas y es una evidencia amarga de que todas las condiciones están dadas para que estas situaciones queden condenadas al silencio. Colombia necesita empezar a tener conversaciones públicas y constantes, acompañadas de medidas concretas y eficientes por parte de las universidades, si de verdad quiere decir que combate adecuadamente los crímenes sexuales, que son más comunes de lo que se acepta.

El caso puntual involucra a Juanita Díaz, una estudiante de la Facultad de Artes de esa universidad, quien dice haber sido encerrada por un compañero de clase, Sebastián Guzmán, en el sótano de uno de los edificios del campus y haber sido sujeta a varios toques no consentidos. Después de lo ocurrido, Díaz, que en un principio decidió no denunciar, sufrió de trastorno de ansiedad con fobia social, trastorno de estrés postraumático y depresión. Cuando, tras haberse cruzado con el agresor en una clase, decidió poner en conocimiento de la Javeriana los hechos, la universidad decidió expulsar a Guzmán, quien ya tenía matrícula condicional por haber sido denunciado por hechos similares en otras dos ocasiones. Díaz, por su parte, puso denuncia en la Fiscalía en un caso que, como tantos otros, corre el riesgo de quedar en la impunidad.

Pese a que la universidad tomó la acción disciplinaria contra Guzmán, su actuar estuvo lejos de ser el ideal en estos casos. ¿No debió, por ejemplo y ante la presencia de varias denuncias, remitir el caso a Medicina Legal y a la Fiscalía? Por lo que se sabe, no hubo tampoco un acompañamiento psicológico a Díaz ni a las otras denunciantes.

El problema, no obstante, no es de una universidad en particular. Las instituciones educativas no suelen estar preparadas ni prestarle mucha atención a un tema que, por su naturaleza, se soluciona entre rumores y obliga a que las víctimas se mantengan en silencio.

Ni siquiera es un problema exclusivamente colombiano. Según un estudio de universidades en Estados Unidos, el 16 % de las universitarias han experimentado abuso sexual y, de esas, el 88 % no reporta lo ocurrido. En los casos que sí se reportan es muy raro que las universidades adelanten investigaciones rigurosas. En muchas ocasiones, de hecho, asumen una posición en contra de la persona que denuncia, preguntando si no hizo algo para propiciar lo ocurrido.

Algo no muy distinto a lo que parece suceder en Colombia. En otro texto de Vice, la profesora de la Universidad de los Andes Isabel Cristina Jaramillo cuenta que a una persona que denunció abuso sexual por parte de un profesor, otro docente le contestó: “¿Usted qué quiere que yo haga? Es el profesor que más plata trae a la facultad”.

El problema perverso para las universidades es que impulsar campañas que empoderen a las víctimas y, por ende, aumenten el número de denuncias (gran parte del silencio se debe a la hostilidad y la impunidad que priman en estas situaciones), genera un dilema de publicidad, como lo denuncia el documental The Hunting Ground. Ninguna quiere ser el espacio donde ocurren tantos casos de violaciones o abusos. Pero la situación que subyace es mucho más compleja: el desinterés de los centros educativos ignora que en efecto estos casos se producen y muchos estudiantes lo tienen que sufrir en silencio, mientras que los perpetradores reinciden.

Hay que apoyar las iniciativas estudiantiles que se han formado para recibir las denuncias y dar acompañamiento. Ojalá que éstas se institucionalicen y reciban apoyo directo de las universidades. El Ministerio de Educación, por cierto, no debe lavarse las manos argumentando que cada centro educativo es autónomo para lidiar con estos temas. Ante este tipo de tragedias que están llenas de estigmas, miedos y dificultades para darse a conocer, el esfuerzo de la sociedad tiene que ser contundente y claro. Para que no se repitan historias como la de Díaz, quien cuenta que después de lo ocurrido “empecé a tener pesadillas con él; en la calle sentía que todos los hombres eran él, me estaba enloqueciendo”. Qué bueno que, cuando eso pase, las víctimas sepan que tienen a su universidad, y al país entero, dispuestos a ayudarlas. Pero empecemos, al menos, hablando del tema.

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