Las críticas del antiguo Secretariado de las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegaron a un nivel que amerita una conciliación inmediata. Después de que se hiciera pública una nueva carta sobre la labor de los tribunales de paz, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), senador de Comunes, habló con Colombia+20 de El Espectador. En sus palabras se lee un hartazgo con la actuación de los magistrados y la idea de pedirle al presidente de la República, Gustavo Petro, la creación de un tribunal de cierre. Esto, que implicaría una modificación sustancial a lo acordado en La Habana, muestra la crisis institucional en la que nos encontramos. No hay solución sencilla.
En la nueva carta, firmada por todo el Secretariado, los ex-FARC pintan un panorama preocupante. “Todos nosotros somos conscientes de las inmensas dificultades que hemos tenido que pasar durante estos siete años largos desde que firmamos el Acuerdo de Paz; a los asesinatos, los atentados, las amenazas, el desplazamiento, la estigmatización y los entrampamientos se agrega la desfiguración de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha llevado a que su verdadera esencia se haya perdido”. Ya antes hablaban de cómo se descarriló lo pactado, se ha violado el principio de legalidad y hay atrasos en la concesión de amnistías. Antes de esta coyuntura, el entonces canciller colombiano, Álvaro Leyva, afirmó en Naciones Unidas que le preocupaba el actuar de la JEP.
Cuando comentamos esta crisis hace unas semanas, dijimos que los reclamos de los ex-FARC desentonan con la labor de la JEP. Nos mantenemos. Es muy incómodo que, ahora que los tribunales de paz están en vísperas de expedir sentencias y que han mostrado su utilidad estos años, se pida un tribunal de cierre. Eso es precisamente lo que está sobre la mesa. El senador Gallo aseguró en este diario: “Nosotros no descartamos la posibilidad (de eliminar la JEP) si se convierte en un obstáculo para la paz, no habría por qué no hacerlo (...). Sería un tribunal que haga lo que la JEP no ha hecho, que posibilite la paz total, que logre cobijar a todo el mundo para garantizar que el conflicto va a tener un cierre”. Son palabras mayores.
Por lo anterior, la situación ya se salió de un simple rifirrafe público. Escribiendo para El Espectador, el exministro de Justicia Yesid Reyes dijo que “lo deseable sería que delegados de la JEP, de quienes tomaron parte en la negociación de paz y de quienes sirvieron y fungen aún como garantes de lo convenido se reunieran para buscar y unificar criterios interpretativos de acuerdo con los lineamientos generales que inspiraron el nacimiento de esta jurisdicción”. Estamos de acuerdo. Ya la discusión entró en el ámbito de lo político y es necesario evitar que se siga ahondando. Más aún, en vísperas de posibles futuros acuerdos de paz, donde la pregunta sobre los tribunales de paz está abierta.
La labor tan importante que ha hecho la JEP no se puede perder ni mucho menos coartar. Por eso su legitimidad debe ser prioridad del Gobierno, que tiene la función de mediador en este momento. Es tiempo de volver a dialogar.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Las críticas del antiguo Secretariado de las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegaron a un nivel que amerita una conciliación inmediata. Después de que se hiciera pública una nueva carta sobre la labor de los tribunales de paz, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), senador de Comunes, habló con Colombia+20 de El Espectador. En sus palabras se lee un hartazgo con la actuación de los magistrados y la idea de pedirle al presidente de la República, Gustavo Petro, la creación de un tribunal de cierre. Esto, que implicaría una modificación sustancial a lo acordado en La Habana, muestra la crisis institucional en la que nos encontramos. No hay solución sencilla.
En la nueva carta, firmada por todo el Secretariado, los ex-FARC pintan un panorama preocupante. “Todos nosotros somos conscientes de las inmensas dificultades que hemos tenido que pasar durante estos siete años largos desde que firmamos el Acuerdo de Paz; a los asesinatos, los atentados, las amenazas, el desplazamiento, la estigmatización y los entrampamientos se agrega la desfiguración de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha llevado a que su verdadera esencia se haya perdido”. Ya antes hablaban de cómo se descarriló lo pactado, se ha violado el principio de legalidad y hay atrasos en la concesión de amnistías. Antes de esta coyuntura, el entonces canciller colombiano, Álvaro Leyva, afirmó en Naciones Unidas que le preocupaba el actuar de la JEP.
Cuando comentamos esta crisis hace unas semanas, dijimos que los reclamos de los ex-FARC desentonan con la labor de la JEP. Nos mantenemos. Es muy incómodo que, ahora que los tribunales de paz están en vísperas de expedir sentencias y que han mostrado su utilidad estos años, se pida un tribunal de cierre. Eso es precisamente lo que está sobre la mesa. El senador Gallo aseguró en este diario: “Nosotros no descartamos la posibilidad (de eliminar la JEP) si se convierte en un obstáculo para la paz, no habría por qué no hacerlo (...). Sería un tribunal que haga lo que la JEP no ha hecho, que posibilite la paz total, que logre cobijar a todo el mundo para garantizar que el conflicto va a tener un cierre”. Son palabras mayores.
Por lo anterior, la situación ya se salió de un simple rifirrafe público. Escribiendo para El Espectador, el exministro de Justicia Yesid Reyes dijo que “lo deseable sería que delegados de la JEP, de quienes tomaron parte en la negociación de paz y de quienes sirvieron y fungen aún como garantes de lo convenido se reunieran para buscar y unificar criterios interpretativos de acuerdo con los lineamientos generales que inspiraron el nacimiento de esta jurisdicción”. Estamos de acuerdo. Ya la discusión entró en el ámbito de lo político y es necesario evitar que se siga ahondando. Más aún, en vísperas de posibles futuros acuerdos de paz, donde la pregunta sobre los tribunales de paz está abierta.
La labor tan importante que ha hecho la JEP no se puede perder ni mucho menos coartar. Por eso su legitimidad debe ser prioridad del Gobierno, que tiene la función de mediador en este momento. Es tiempo de volver a dialogar.
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