Dos policías y una civil asesinados, un total de 10 heridos y un país entero lleno de temores dejó el atentado en Tibú (Norte de Santander) del miércoles pasado. Se trata de un crimen canalla no solo contra la fuerza pública, sino contra todos los colombianos, pues trae los ecos de los peores años del conflicto, cuando las bombas convertidas en trampas eran una herramienta para sembrar terror y zozobra. Lo están logrando de nuevo: la sensación de que la inseguridad está fuera de control crece con cada atentado, masacre y desplazamiento. No tiene el Gobierno de Gustavo Petro más opción que continuar lo que está haciendo, fortalecer la ofensiva contra la criminalidad y enviar ultimátums a los grupos ilegales. El Estado necesita hacer sentir su presencia para que la apuesta por la paz no termine de naufragar.
Al cierre de esta edición no sabemos quiénes son los responsables del ataque. Es bien conocido que en la zona operan el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, y el ELN, guerrilla sentada en diálogos de paz con el Gobierno. Así que cualquiera de las dos opciones es un golpe más a los esfuerzos de la “paz total”. Ayer el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “no se puede asegurar cuál de las organizaciones mencionadas fue” y que “no vamos a aventurar con hipótesis, es con realidades”. También agregó que si se trata de la disidencia, sería una violación del cese al fuego; con el ELN todavía no se ha pactado ningún acuerdo de no agresión.
En un tuit, el presidente Gustavo Petro extendió “un abrazo de solidaridad para las familias de las víctimas de este atroz hecho. Este acto criminal no quedará en la impunidad”. En efecto, lo que está claro es que el país necesita respuestas. No solo sobre quiénes son los responsables de estos asesinatos viles, sino cuál es el objetivo que tienen con esto. ¿Qué hará el Gobierno para evitar estas tragedias? ¿Cómo va a fortalecer a una Fuerza Pública atacada y perseguida? Norte de Santander es una de las zonas más violentas del país y no parece haber solución a la vista. El ministro Velásquez anunció que llegarán 10 pelotones con 360 miembros para reforzar las tropas que ya hay en la región, pero la sensación es de crisis en la apuesta de seguridad del Gobierno.
Estamos, entonces, en un momento difícil de superar. La administración Petro le apostó a la generosidad al decretar los ceses bilaterales y la respuesta ha sido la violencia cruel. La anunciada transformación de la Fuerza Pública ha dejado a una Policía y un Ejército con capacidades limitadas de actuar y mucha confusión. La confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para protegerla viene reduciéndose, aunque también se debe reconocer que la situación de seguridad ya venía deteriorándose en los últimos años. Los grupos ilegales están usando estrategias cada vez más agresivas para hacerse sentir, bajo la dañina lógica de que entre más fuerza muestren, más concesiones tendrán.
Necesitamos justicia para las familias de las víctimas. También, que el Gobierno logre enderezar el barco en su estrategia de seguridad. No se puede permitir que el terror triunfe en Colombia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Dos policías y una civil asesinados, un total de 10 heridos y un país entero lleno de temores dejó el atentado en Tibú (Norte de Santander) del miércoles pasado. Se trata de un crimen canalla no solo contra la fuerza pública, sino contra todos los colombianos, pues trae los ecos de los peores años del conflicto, cuando las bombas convertidas en trampas eran una herramienta para sembrar terror y zozobra. Lo están logrando de nuevo: la sensación de que la inseguridad está fuera de control crece con cada atentado, masacre y desplazamiento. No tiene el Gobierno de Gustavo Petro más opción que continuar lo que está haciendo, fortalecer la ofensiva contra la criminalidad y enviar ultimátums a los grupos ilegales. El Estado necesita hacer sentir su presencia para que la apuesta por la paz no termine de naufragar.
Al cierre de esta edición no sabemos quiénes son los responsables del ataque. Es bien conocido que en la zona operan el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, y el ELN, guerrilla sentada en diálogos de paz con el Gobierno. Así que cualquiera de las dos opciones es un golpe más a los esfuerzos de la “paz total”. Ayer el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “no se puede asegurar cuál de las organizaciones mencionadas fue” y que “no vamos a aventurar con hipótesis, es con realidades”. También agregó que si se trata de la disidencia, sería una violación del cese al fuego; con el ELN todavía no se ha pactado ningún acuerdo de no agresión.
En un tuit, el presidente Gustavo Petro extendió “un abrazo de solidaridad para las familias de las víctimas de este atroz hecho. Este acto criminal no quedará en la impunidad”. En efecto, lo que está claro es que el país necesita respuestas. No solo sobre quiénes son los responsables de estos asesinatos viles, sino cuál es el objetivo que tienen con esto. ¿Qué hará el Gobierno para evitar estas tragedias? ¿Cómo va a fortalecer a una Fuerza Pública atacada y perseguida? Norte de Santander es una de las zonas más violentas del país y no parece haber solución a la vista. El ministro Velásquez anunció que llegarán 10 pelotones con 360 miembros para reforzar las tropas que ya hay en la región, pero la sensación es de crisis en la apuesta de seguridad del Gobierno.
Estamos, entonces, en un momento difícil de superar. La administración Petro le apostó a la generosidad al decretar los ceses bilaterales y la respuesta ha sido la violencia cruel. La anunciada transformación de la Fuerza Pública ha dejado a una Policía y un Ejército con capacidades limitadas de actuar y mucha confusión. La confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para protegerla viene reduciéndose, aunque también se debe reconocer que la situación de seguridad ya venía deteriorándose en los últimos años. Los grupos ilegales están usando estrategias cada vez más agresivas para hacerse sentir, bajo la dañina lógica de que entre más fuerza muestren, más concesiones tendrán.
Necesitamos justicia para las familias de las víctimas. También, que el Gobierno logre enderezar el barco en su estrategia de seguridad. No se puede permitir que el terror triunfe en Colombia.
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