El canciller Álvaro Leyva hizo un espectáculo público sobre la licitación de pasaportes, insultó a una funcionaria, mandó a leer a una congresista del Pacto Histórico, y todo para que este jueves el comité de conciliación de la Cancillería llegase a la conclusión que parece evidente para el resto del país: no se podía suspender el proceso licitatorio de manera abrupta. Mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, habla de corrupción, la Fiscalía aprovecha para abrir investigaciones que enlodan a la Presidencia, y la Procuraduría busca hacer de tercero imparcial cuando su legitimidad se ha cuestionado. La novela de los pasaportes muestra el problema de no seguir las normas de contratación pública como es debido.
Desde que a Martha Lucía Zamora le pidieron la renuncia como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hemos tenido una avalancha de información sobre el contrato de los pasaportes. Por un lado, el director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, Juan Carlos Losada, al parecer le facilitó al hijo del canciller, Jorge Leyva, reunirse con terceros interesados en intervenir la licitación. Aunque han negado malas intenciones en lo ocurrido, siembra dudas sobre los motivos detrás de todo este desastre. Por otro lado, a pesar de la oposición del canciller, la comisión de conciliación de la Cancillería dijo que era necesario llegar a un acuerdo con Thomas Greg & Sons para evitar una demanda contra el Estado por $117.000 millones. Finalmente, El Espectador dio a conocer unos audios en donde la exdirectora Zamora menciona una posible cercanía entre un funcionario de la Agencia de Defensa Jurídica y el apoderado de Thomas Greg & Sons, que fue desvirtuada pero sirvió para agregar dudas adicionales.
En el intermedio, hubo varias intervenciones públicas. En un debate de control político ante la Comisión Segunda del Senado de la República, el canciller Leyva dijo, visiblemente exasperado, que “ustedes no han leído las resoluciones; pero, como esto continúa, hágame el favor y se pone a leer”. Se refería en particular a Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico, quien le exigió respeto y lo acusó de machismo. Mientras tanto, en su cuenta de X, el presidente Petro volvió a referirse al tema: “En mi opinión, funcionarios públicos han trabajado para que la empresa en particular gane el contrato de elaboración de pasaportes y eso se llama corrupción y debe ser investigado penalmente desde el inicio del proceso”.
Esto es gravísimo. Si el presidente de la República tiene indicios de corrupción, debe compartirlos de manera transparente con los colombianos. Mientras tanto, lo que se ha conocido es que fue la misma Cancillería a cargo de Leyva la que redactó los pliegos y generó todo este lío. Por cierto que pueda ser que Thomas Greg & Sons parece ser un contratista consentido del Estado, es innegable que cumplieron los requisitos de las normas y por eso llegaron al final de la licitación como únicos oferentes. Insistimos: si el presidente quiere evitar que haya contratación pública con un solo oferente —una buena idea—, necesita aprobar una reforma al estatuto de contratación pública. Mientras tanto, la Cancillería ha actuado de forma errática y preocupante y el Estado se enfrenta a multas millonarias que ahora habrá que tratar de conciliar. Pierde el país y pierden las instituciones.
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El canciller Álvaro Leyva hizo un espectáculo público sobre la licitación de pasaportes, insultó a una funcionaria, mandó a leer a una congresista del Pacto Histórico, y todo para que este jueves el comité de conciliación de la Cancillería llegase a la conclusión que parece evidente para el resto del país: no se podía suspender el proceso licitatorio de manera abrupta. Mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, habla de corrupción, la Fiscalía aprovecha para abrir investigaciones que enlodan a la Presidencia, y la Procuraduría busca hacer de tercero imparcial cuando su legitimidad se ha cuestionado. La novela de los pasaportes muestra el problema de no seguir las normas de contratación pública como es debido.
Desde que a Martha Lucía Zamora le pidieron la renuncia como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hemos tenido una avalancha de información sobre el contrato de los pasaportes. Por un lado, el director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, Juan Carlos Losada, al parecer le facilitó al hijo del canciller, Jorge Leyva, reunirse con terceros interesados en intervenir la licitación. Aunque han negado malas intenciones en lo ocurrido, siembra dudas sobre los motivos detrás de todo este desastre. Por otro lado, a pesar de la oposición del canciller, la comisión de conciliación de la Cancillería dijo que era necesario llegar a un acuerdo con Thomas Greg & Sons para evitar una demanda contra el Estado por $117.000 millones. Finalmente, El Espectador dio a conocer unos audios en donde la exdirectora Zamora menciona una posible cercanía entre un funcionario de la Agencia de Defensa Jurídica y el apoderado de Thomas Greg & Sons, que fue desvirtuada pero sirvió para agregar dudas adicionales.
En el intermedio, hubo varias intervenciones públicas. En un debate de control político ante la Comisión Segunda del Senado de la República, el canciller Leyva dijo, visiblemente exasperado, que “ustedes no han leído las resoluciones; pero, como esto continúa, hágame el favor y se pone a leer”. Se refería en particular a Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico, quien le exigió respeto y lo acusó de machismo. Mientras tanto, en su cuenta de X, el presidente Petro volvió a referirse al tema: “En mi opinión, funcionarios públicos han trabajado para que la empresa en particular gane el contrato de elaboración de pasaportes y eso se llama corrupción y debe ser investigado penalmente desde el inicio del proceso”.
Esto es gravísimo. Si el presidente de la República tiene indicios de corrupción, debe compartirlos de manera transparente con los colombianos. Mientras tanto, lo que se ha conocido es que fue la misma Cancillería a cargo de Leyva la que redactó los pliegos y generó todo este lío. Por cierto que pueda ser que Thomas Greg & Sons parece ser un contratista consentido del Estado, es innegable que cumplieron los requisitos de las normas y por eso llegaron al final de la licitación como únicos oferentes. Insistimos: si el presidente quiere evitar que haya contratación pública con un solo oferente —una buena idea—, necesita aprobar una reforma al estatuto de contratación pública. Mientras tanto, la Cancillería ha actuado de forma errática y preocupante y el Estado se enfrenta a multas millonarias que ahora habrá que tratar de conciliar. Pierde el país y pierden las instituciones.
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