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Ridículo y peligroso todo lo que está ocurriendo alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los motivos que utilizan algunos líderes políticos y miembros de la sociedad para desacreditar su trabajo. Después de haber enfrentado noticias falsas e irresponsables sobre el tema de la extradición de Jesús Santrich, ahora el sistema de justicia transicional está ante un problema bizarro: la solicitud de pruebas sobre el caso a Estados Unidos nunca llegó a ese país porque la compañía de correos 4-72 dejó la comunicación en Panamá. ¿Quién responde y cómo quitamos del debate tantas distracciones innecesarias?
Ayer, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, informó al país de una situación irregular que parece sacada de alguna ficción. Aunque la JEP en su momento le solicitó al Ministerio enviar una comunicación al Departamento de Justicia de Estados Unidos para conocer las pruebas que operan contra Santrich, esa carta nunca llegó. ¿La excusa? Un error del servicio de mensajería elegido.
Desde abril del año pasado, la solicitud de extradición que hizo el Departamento de Justicia de EE. UU. por Santrich, uno de los negociadores de las Farc durante los diálogos de La Habana, acusado ahora de continuar con el narcotráfico luego de la firma, ha marcado un momento crítico en la implementación del Acuerdo.
Primero, generó un aparente choque de trenes entre la justicia transicional y la ordinaria, pues la JEP, que en aquel entonces no tenía una debida reglamentación por la inacción del Congreso, dijo que ella debía verificar si los delitos en cuestión ocurrieron después del pacto, antes de que el proceso pudiera continuar. Segundo, ha creado polémica porque la JEP ha argumentado que el acceso a las pruebas del Departamento de Justicia es fundamental para determinar si los hechos ocurrieron antes o después del pacto, pero hay quienes dicen que apenas debe constatar si la solicitud se realizó de manera adecuada.
Ambas situaciones, unidas al hecho de que el delito del que se acusa a Santrich es el narcotráfico, han permitido que quienes se oponen a la justicia transicional desaten sus peores instintos retóricos. Si la JEP decide que no debe proceder la extradición, dicen sus opositores, eso es prueba de que todo el sistema de justicia transicional se construyó para bañar en impunidad a los exguerrilleros. Esto se une a la narrativa que ha pedido el desmonte, o cuando menos el debilitamiento, de toda la JEP.
A medida que nos acercábamos al final de los tiempos propuestos por la JEP para evaluar el tema Santrich, arreciaron las críticas. Hace unos días, provenientes de una fuente conocida de noticias falsas, circularon unos supuestos documentos que indicaban que la JEP ya había recibido las pruebas del Departamento de Justicia y que se las estaba ocultando al país. Esto fue usado para reforzar la idea de que el sistema de justicia transicional miente. Era absolutamente falso.
Ahora, pese a que el Ministerio de Justicia le había dicho en comunicado oficial a la JEP que EE. UU. no había remitido las pruebas, se sabe que el Gobierno falló en su tarea de hacer llegar la solicitud del tribunal a las autoridades estadounidenses. Se trata de una falla que, muy seguramente, vicia el proceso y obliga a que se extiendan nuevamente los tiempos para la decisión. El resultado es doblemente nefasto, pues entre más tarde la JEP en solucionar la situación de Santrich y mientras menos herramientas de juicio tenga a su disposición, queda vulnerable a las críticas que se le van a seguir haciendo.
El común denominador en estas situaciones, no obstante, es que la JEP no ha tenido la culpa de las fallas. Pero eso no lo quieren ver sus detractores. Y en ese ambiente, tropiezos como el de esta carta llevan a preguntarse si estamos frente a unas enigmáticas coincidencias —que pueden suceder, y suceden— o si en realidad existe una cuidadosa campaña de desprestigio contra la justicia transicional, como piensan los más suspicaces. Nos negamos a creer que lo segundo sea posible.
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