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                                                                                                                                Torpezas y noticias falsas sobre la JEP

                                                                                                                                El Espectador

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                                                                                                                                PUBLICIDAD
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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Primero, generó un aparente choque de trenes entre la justicia transicional y la ordinaria, pues la JEP, que en aquel entonces no tenía una debida reglamentación por la inacción del Congreso, dijo que ella debía verificar si los delitos en cuestión ocurrieron después del pacto, antes de que el proceso pudiera continuar. Segundo, ha creado polémica porque la JEP ha argumentado que el acceso a las pruebas del Departamento de Justicia es fundamental para determinar si los hechos ocurrieron antes o después del pacto, pero hay quienes dicen que apenas debe constatar si la solicitud se realizó de manera adecuada.

                                                                                                                                Ambas situaciones, unidas al hecho de que el delito del que se acusa a Santrich es el narcotráfico, han permitido que quienes se oponen a la justicia transicional desaten sus peores instintos retóricos. Si la JEP decide que no debe proceder la extradición, dicen sus opositores, eso es prueba de que todo el sistema de justicia transicional se construyó para bañar en impunidad a los exguerrilleros. Esto se une a la narrativa que ha pedido el desmonte, o cuando menos el debilitamiento, de toda la JEP.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                El común denominador en estas situaciones, no obstante, es que la JEP no ha tenido la culpa de las fallas. Pero eso no lo quieren ver sus detractores. Y en ese ambiente, tropiezos como el de esta carta llevan a preguntarse si estamos frente a unas enigmáticas coincidencias —que pueden suceder, y suceden— o si en realidad existe una cuidadosa campaña de desprestigio contra la justicia transicional, como piensan los más suspicaces. Nos negamos a creer que lo segundo sea posible.

                                                                                                                                ¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

                                                                                                                                Ridículo y peligroso todo lo que está ocurriendo alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los motivos que utilizan algunos líderes políticos y miembros de la sociedad para desacreditar su trabajo. Después de haber enfrentado noticias falsas e irresponsables sobre el tema de la extradición de Jesús Santrich, ahora el sistema de justicia transicional está ante un problema bizarro: la solicitud de pruebas sobre el caso a Estados Unidos nunca llegó a ese país porque la compañía de correos 4-72 dejó la comunicación en Panamá. ¿Quién responde y cómo quitamos del debate tantas distracciones innecesarias?

                                                                                                                                PUBLICIDAD
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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Primero, generó un aparente choque de trenes entre la justicia transicional y la ordinaria, pues la JEP, que en aquel entonces no tenía una debida reglamentación por la inacción del Congreso, dijo que ella debía verificar si los delitos en cuestión ocurrieron después del pacto, antes de que el proceso pudiera continuar. Segundo, ha creado polémica porque la JEP ha argumentado que el acceso a las pruebas del Departamento de Justicia es fundamental para determinar si los hechos ocurrieron antes o después del pacto, pero hay quienes dicen que apenas debe constatar si la solicitud se realizó de manera adecuada.

                                                                                                                                Ambas situaciones, unidas al hecho de que el delito del que se acusa a Santrich es el narcotráfico, han permitido que quienes se oponen a la justicia transicional desaten sus peores instintos retóricos. Si la JEP decide que no debe proceder la extradición, dicen sus opositores, eso es prueba de que todo el sistema de justicia transicional se construyó para bañar en impunidad a los exguerrilleros. Esto se une a la narrativa que ha pedido el desmonte, o cuando menos el debilitamiento, de toda la JEP.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                El común denominador en estas situaciones, no obstante, es que la JEP no ha tenido la culpa de las fallas. Pero eso no lo quieren ver sus detractores. Y en ese ambiente, tropiezos como el de esta carta llevan a preguntarse si estamos frente a unas enigmáticas coincidencias —que pueden suceder, y suceden— o si en realidad existe una cuidadosa campaña de desprestigio contra la justicia transicional, como piensan los más suspicaces. Nos negamos a creer que lo segundo sea posible.

                                                                                                                                ¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

                                                                                                                                Por El Espectador

                                                                                                                                Ver todas las noticias
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