La estela de sangre que está impregnada en las paredes de la cárcel La Modelo, ubicada en una zona con gran proyección de desarrollo urbanístico en Bogotá, hace parte de las múltiples historias de violencia que tiene Colombia y que no puede invisibilizarse ahora que se sabe de un plan muy avanzando para sacar de esa zona al centro penitenciario.
En un reciente reportaje de El Espectador quedó al descubierto que el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la alcaldía de Carlos Fernando Galán vienen hilvanando una estrategia para mover a La Modelo de la zona de Puente Aranda en la que está ubicada. Se trata de un terreno que supera las siete hectáreas (es lo que miden unas diez canchas de fútbol profesional) en el que se podrían desarrollar varios proyectos urbanos, tanto de vivienda como a nivel comercial.
Y aunque la idea de hacer este movimiento se ventiló por primera vez hace dos décadas durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, y en la de Luis Eduardo Garzón se dieron algunos avances, solo fue hasta la de Claudia López cuando el tema quedó explícito en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que actualmente rige a la capital.
El proyecto, por supuesto, despierta el interés de sectores privados que ven en la zona una importante fuente de ingresos pues –según cálculos extraoficiales– el valor del metro cuadrado, que actualmente ronda los $4 millones, podría dispararse hasta en un 50 %. Además, está cerca de la Terminal de Transportes de El Salitre y de las líneas de Transmilenio que pasan por Las Américas y la Avenida El Dorado, a lo que se suman las nuevas troncales de la Avenida Centenario y la Carrera 68.
Incluso, en el mediano plazo, estaría la posible tercera línea del metro, de acuerdo con proyecciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), y al lado pasaría el Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá (Regiotram). Por eso, según reconoció el Distrito, las siete hectáreas de La Modelo hacen parte de la Actuación Estratégica de Montevideo, con la que se abriría la puerta al traslado.
En medio de estos movimientos, en los que también están inmersos el Ministerio de Justicia de Ángela María Buitrago, la Cámara de Comercio de Ovidio Claros y el interés expresado por algunos políticos como la representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), lo que poco se ha escuchado es la voz de quienes han denunciado masacres, desapariciones, torturas y todo tipo de vejámenes dentro de una cárcel que tiene un hacinamiento que supera el 30 % de su capacidad y cuya apertura se dio en la década de los 60.
Casos tristemente emblemáticos como el de la periodista Jineth Bedoya, abusada mientras ejercía su labor profesional, la masacre de 24 personas en marzo de 2020 y –entre muchos otros episodios– el asesinato del coronel (r) Élmer Fernández en mayo pasado, mientras ejercía como director de La Modelo, son casos ligados a esta cárcel que siguen impunes. Y que podrían quedar enterrados si se traslada este centro penitenciario sin que se resuelva la historia de sangre que allí existe.
Una ciudad de más de 10 millones de habitantes no se puede negar a su desarrollo y tal vez los terrenos de La Modelo sirvan para ello. La obsolescencia de sus instalaciones, también, pueden justificar su cierre definitivo. Pero la capital y el país merecen claridad sobre qué se va a hacer para preservar la memoria de todas las víctimas que ha dejado la existencia y operación de esta cárcel. Es la respuesta que nadie ha querido dar hasta ahora y que no se puede soslayar entre las maquetas, los renders y las cuentas alegres.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
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La estela de sangre que está impregnada en las paredes de la cárcel La Modelo, ubicada en una zona con gran proyección de desarrollo urbanístico en Bogotá, hace parte de las múltiples historias de violencia que tiene Colombia y que no puede invisibilizarse ahora que se sabe de un plan muy avanzando para sacar de esa zona al centro penitenciario.
En un reciente reportaje de El Espectador quedó al descubierto que el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la alcaldía de Carlos Fernando Galán vienen hilvanando una estrategia para mover a La Modelo de la zona de Puente Aranda en la que está ubicada. Se trata de un terreno que supera las siete hectáreas (es lo que miden unas diez canchas de fútbol profesional) en el que se podrían desarrollar varios proyectos urbanos, tanto de vivienda como a nivel comercial.
Y aunque la idea de hacer este movimiento se ventiló por primera vez hace dos décadas durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, y en la de Luis Eduardo Garzón se dieron algunos avances, solo fue hasta la de Claudia López cuando el tema quedó explícito en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que actualmente rige a la capital.
El proyecto, por supuesto, despierta el interés de sectores privados que ven en la zona una importante fuente de ingresos pues –según cálculos extraoficiales– el valor del metro cuadrado, que actualmente ronda los $4 millones, podría dispararse hasta en un 50 %. Además, está cerca de la Terminal de Transportes de El Salitre y de las líneas de Transmilenio que pasan por Las Américas y la Avenida El Dorado, a lo que se suman las nuevas troncales de la Avenida Centenario y la Carrera 68.
Incluso, en el mediano plazo, estaría la posible tercera línea del metro, de acuerdo con proyecciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), y al lado pasaría el Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá (Regiotram). Por eso, según reconoció el Distrito, las siete hectáreas de La Modelo hacen parte de la Actuación Estratégica de Montevideo, con la que se abriría la puerta al traslado.
En medio de estos movimientos, en los que también están inmersos el Ministerio de Justicia de Ángela María Buitrago, la Cámara de Comercio de Ovidio Claros y el interés expresado por algunos políticos como la representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), lo que poco se ha escuchado es la voz de quienes han denunciado masacres, desapariciones, torturas y todo tipo de vejámenes dentro de una cárcel que tiene un hacinamiento que supera el 30 % de su capacidad y cuya apertura se dio en la década de los 60.
Casos tristemente emblemáticos como el de la periodista Jineth Bedoya, abusada mientras ejercía su labor profesional, la masacre de 24 personas en marzo de 2020 y –entre muchos otros episodios– el asesinato del coronel (r) Élmer Fernández en mayo pasado, mientras ejercía como director de La Modelo, son casos ligados a esta cárcel que siguen impunes. Y que podrían quedar enterrados si se traslada este centro penitenciario sin que se resuelva la historia de sangre que allí existe.
Una ciudad de más de 10 millones de habitantes no se puede negar a su desarrollo y tal vez los terrenos de La Modelo sirvan para ello. La obsolescencia de sus instalaciones, también, pueden justificar su cierre definitivo. Pero la capital y el país merecen claridad sobre qué se va a hacer para preservar la memoria de todas las víctimas que ha dejado la existencia y operación de esta cárcel. Es la respuesta que nadie ha querido dar hasta ahora y que no se puede soslayar entre las maquetas, los renders y las cuentas alegres.
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