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Celebramos que después de casi un mes de bloqueos, focos de violencia, peticiones desmedidas y estigmatizaciones, por fin el Gobierno y los representantes de la minga indígena en el Cauca parecen haber llegado a un acuerdo mesurado. Es particularmente esperanzador que lo pactado tiene el potencial de ser cumplido.
Lo dijimos cuando el bloqueo a la vía Panamericana por parte de la minga del Cauca llevaba pocos días: es innegable que hay reclamos históricos que los gobiernos no han sabido atender. También, dijimos, la violencia no tiene cabida en ninguna protesta que busca reivindicaciones sociales y que no pueden instrumentalizarse las manifestaciones para pedir cambios estructurales utópicos al funcionamiento del Estado. Si no hay una voluntad genuina de dialogar, ceder y obtener resultados tangibles, es imposible construir una mejor sociedad.
Tuvieron que pasar 26 días de bloqueos en la vía Panamericana para que se consiguiera un acuerdo que reconoce lo mencionado. Por fortuna, el Gobierno mantuvo su disposición de dialogar y la minga cedió, entendiendo que puede lograr más con pactos razonables que exigiendo que se solucionen todos los problemas del país de manera abstracta.
De los $4 billones que exigía inicialmente la minga, el Gobierno se comprometió a darles un 17 % (unos no despreciables $800.000 millones), que se destinará a inversión en viviendas, nuevas tierras y protección y reparación a las víctimas de la violencia. Además se incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) un capítulo dedicado a los campesinos, se planearon reuniones de seguimiento en meses futuros y se reabrieron la mesa con los afros en el norte del Cauca y la mesa campesina.
Como mencionamos, lo mejor del pacto es que se trata de medidas tangibles y logrables. Esto fue posible gracias a que, desde el principio, los representantes del Gobierno dijeron que no iban a prometer nada que no pudiesen cumplir.
Con el bloqueo levantado, se espera que el presidente Iván Duque se siente con la minga el día de hoy para conversar sobre las peticiones más grandes que no quedaron saldadas en el pacto, relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el uso del fracking y otras preocupaciones expresadas por los manifestantes.
Fueron, en total, $70.000 millones en pérdidas en los tres departamentos afectados con el bloqueo, además de 12 víctimas mortales por hechos que todavía son sujeto de investigación. La pregunta obligada es si era necesario causar tanta disrupción cuando, desde el principio, el Gobierno mostró disposición de diálogo.
Es preocupante que los manifestantes, tanto de la minga como de los paros nacionales que están anunciados para dentro de un par de semanas, vean una oportunidad política en la voluntad de diálogo que tiene la administración Duque. Eso sería un error y desdibujaría los propósitos de las manifestaciones. Si el objetivo no es hablar sino debilitar la gobernabilidad, es el país entero el que sufre. Esperamos que esa no sea la situación en las marchas por venir.
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