Un asesinato que muestra una crisis enorme en el INPEC
Otra vez las cárceles del país son noticia por razones vergonzantes. El viernes fue encontrado muerto, en la celda 25 de La Picota, Francisco Luis Correa Galeano, quien sería el coordinador del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Al cierre de esta edición, los detalles publicados por las autoridades son escasos, pero se sabe que el homicidio ocurrió con un arma blanca y que hay una persona capturada. Lo frustrante es que este tipo de hechos, que chocan con la promesa de justicia que hace el Estado colombiano, ocurran dentro de espacios supuestamente controlados por la vigilancia de servidores públicos. El año pasado fue nefasto para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y este 2025 no arrancó muy bien.
Correa Galeano fue uno de los capturados gracias al operativo conjunto de Colombia y Paraguay. Su búsqueda comenzó cuando fue asesinado Pecci en la isla Barú, en Cartagena, el 10 de mayo de 2022. El fiscal paraguayo era conocido por llevar adelante investigaciones de alto impacto contra el crimen organizado y mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico. Su homicidio fue otro motivo de vergüenza para Colombia y todavía hay muchas preguntas en torno a sus determinadores. Por eso la sentencia contra Correa Galeano era tan importante.
Según la Fiscalía colombiana, “Francisco Luis Correa Galeano reconoció haber transportado el arma de fuego utilizada en el crimen (de Pecci) y amenazado a la fiscal y al juez de control de garantías que participaron en las audiencias concentradas en las que fue legalizada su captura y judicializado”. Firmó un preacuerdo y por eso estaba pagando seis años de cárcel. La investigación arrojó que Correa Galeano recibió el dinero y ordenó al resto de los involucrados. Entonces, se trataba de un testigo clave que todavía tenía mucho por contarle a la justicia, a la familia de la víctima y a los ciudadanos de Colombia y de Paraguay. Sin embargo, el crimen en su contra crea un obstáculo infranqueable en la búsqueda de la verdad.
Más allá de las implicaciones en el caso de Pecci, el asesinato de Correa Galeano plantea una pregunta recurrente: ¿cómo es posible que este tipo de situaciones ocurran en las cárceles del país? Propuestas como centros de resocialización, en la práctica son tierra de nadie donde la criminalidad se potencia. Hace apenas seis meses, la noticia fue el asesinato en Bogotá de Élmer Fernández Velasco, director de la cárcel La Modelo. Unos meses antes de eso, el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, había publicado un video lamentando el asesinato de varios miembros del INPEC y prometiendo acciones contundentes para fortalecer el trabajo de las autoridades en los centros de reclusión del país. Poco ha servido.
El problema es que los funcionarios del INPEC viven bajo amenaza y temor de que sus vidas o las de sus familias estén en riesgo. Así es muy complicado combatir la corrupción y garantizar que las cárceles no se conviertan en espacios de más criminalidad. El asesinato de Correa Galeano deja muy mal parado al Estado colombiano y hace evidente la urgencia de una reforma penitenciaria que vaya de la mano de una reforma al régimen penal. Si las cárceles siguen hacinadas, si el INPEC y la Fiscalía siguen sin los suficientes recursos, la pelea contra el crimen se seguirá viendo obstaculizada. Eso lleva a más tragedias.
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Otra vez las cárceles del país son noticia por razones vergonzantes. El viernes fue encontrado muerto, en la celda 25 de La Picota, Francisco Luis Correa Galeano, quien sería el coordinador del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Al cierre de esta edición, los detalles publicados por las autoridades son escasos, pero se sabe que el homicidio ocurrió con un arma blanca y que hay una persona capturada. Lo frustrante es que este tipo de hechos, que chocan con la promesa de justicia que hace el Estado colombiano, ocurran dentro de espacios supuestamente controlados por la vigilancia de servidores públicos. El año pasado fue nefasto para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y este 2025 no arrancó muy bien.
Correa Galeano fue uno de los capturados gracias al operativo conjunto de Colombia y Paraguay. Su búsqueda comenzó cuando fue asesinado Pecci en la isla Barú, en Cartagena, el 10 de mayo de 2022. El fiscal paraguayo era conocido por llevar adelante investigaciones de alto impacto contra el crimen organizado y mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico. Su homicidio fue otro motivo de vergüenza para Colombia y todavía hay muchas preguntas en torno a sus determinadores. Por eso la sentencia contra Correa Galeano era tan importante.
Según la Fiscalía colombiana, “Francisco Luis Correa Galeano reconoció haber transportado el arma de fuego utilizada en el crimen (de Pecci) y amenazado a la fiscal y al juez de control de garantías que participaron en las audiencias concentradas en las que fue legalizada su captura y judicializado”. Firmó un preacuerdo y por eso estaba pagando seis años de cárcel. La investigación arrojó que Correa Galeano recibió el dinero y ordenó al resto de los involucrados. Entonces, se trataba de un testigo clave que todavía tenía mucho por contarle a la justicia, a la familia de la víctima y a los ciudadanos de Colombia y de Paraguay. Sin embargo, el crimen en su contra crea un obstáculo infranqueable en la búsqueda de la verdad.
Más allá de las implicaciones en el caso de Pecci, el asesinato de Correa Galeano plantea una pregunta recurrente: ¿cómo es posible que este tipo de situaciones ocurran en las cárceles del país? Propuestas como centros de resocialización, en la práctica son tierra de nadie donde la criminalidad se potencia. Hace apenas seis meses, la noticia fue el asesinato en Bogotá de Élmer Fernández Velasco, director de la cárcel La Modelo. Unos meses antes de eso, el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, había publicado un video lamentando el asesinato de varios miembros del INPEC y prometiendo acciones contundentes para fortalecer el trabajo de las autoridades en los centros de reclusión del país. Poco ha servido.
El problema es que los funcionarios del INPEC viven bajo amenaza y temor de que sus vidas o las de sus familias estén en riesgo. Así es muy complicado combatir la corrupción y garantizar que las cárceles no se conviertan en espacios de más criminalidad. El asesinato de Correa Galeano deja muy mal parado al Estado colombiano y hace evidente la urgencia de una reforma penitenciaria que vaya de la mano de una reforma al régimen penal. Si las cárceles siguen hacinadas, si el INPEC y la Fiscalía siguen sin los suficientes recursos, la pelea contra el crimen se seguirá viendo obstaculizada. Eso lleva a más tragedias.
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