Vuelve un integrante de la Rama Judicial a mostrarnos su peor rostro y sacar la mordaza a la prensa. La decisión en contra de la revista Semana es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y un claro acto de censura. Más aún, demuestra un tinte arrogante por parte del togado sobre lo que supuestamente pueden hacer y no hacer los periodistas. ¿En dónde, dentro de la Constitución, dice que un juez tiene derecho a filtrar los contenidos dando un juicio sobre su calidad e idoneidad? ¿Desde cuándo es jurisprudencia que los periodistas no pueden opinar y que, además, sus posibles opiniones corren el riesgo de suplir la función judicial? De mantenerse el precedente, sería un obstáculo contundente para la democracia colombiana y para proveer información sensible y crítica a los colombianos.
Según el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, Semana incurrió en una afectación a la intimidad familiar y personal de Marta Elena Monsalve, hermana de Juan Guillermo Monsalve, quien es el principal testigo en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. La transgresión, dice el juzgado, fue dar a conocer el expediente de ese caso, donde se incluían las interceptaciones legales a algunos miembros de la familia de Monsalve. Por eso ordenó eliminar el contenido. Esta decisión, como bien dicen la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios), “configura censura y desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión”.
El juez utiliza una lógica extraña para sustentar su decisión. Por un lado, dice que las pruebas no se podían publicar porque “no está permitida su utilización, menos su divulgación en asuntos diversos de la actuación penal”. También regaña a los periodistas por opinar, ya que eso es suplir “la labor judicial asignada únicamente a los jueces, incluso generando a priori juicios de valor sobre las conversaciones escuchadas”. Finalmente, en el acto más agresivo de todos, el juez le ordena a la Fiscalía investigar cuáles son las fuentes de los periodistas de Semana.
Una de dos: o el juez no entiende la importancia y la dificultad de hacer periodismo en Colombia, o lo entiende pero no le interesa y en el proceso quiere llevarse de frente la Constitución y la larga jurisprudencia de la Corte Constitucional.
¿Cuántas veces el país se ha enterado de asuntos importantes para la vida pública gracias a la divulgación de información de procesos judiciales? Incontables. ¿Cuántas veces el debate público se ha nutrido gracias al periodismo que revela lo que suele quedar encerrado en los archivos de los juzgados y la Fiscalía? Claro que es de alta relevancia pública que el país conozca todos los detalles del proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Sin esa transparencia, ¿cómo van las personas a tomar decisiones informadas?
Amenazar, además, con averiguar las fuentes de información es censurar de antemano y hacia el futuro el trabajo de todos los periodistas. En este país no hay fuentes prohibidas. La reserva del anonimato, además, ha sido esencial para arrojar luces sobre asuntos públicos que estaban en la oscuridad y tenían la complicidad del silencio.
Finalmente, ¿cómo así que no se puede opinar sobre procesos judiciales? En este país de impunidad por los cielos, de casos que nunca se resuelven, de una justicia colapsada, ¿es siquiera realista creer que la única verdad es la procesal y la judicial? Parece más bien que el juez lo que quiere es un país de gente callada y periodistas sin crítica.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Vuelve un integrante de la Rama Judicial a mostrarnos su peor rostro y sacar la mordaza a la prensa. La decisión en contra de la revista Semana es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y un claro acto de censura. Más aún, demuestra un tinte arrogante por parte del togado sobre lo que supuestamente pueden hacer y no hacer los periodistas. ¿En dónde, dentro de la Constitución, dice que un juez tiene derecho a filtrar los contenidos dando un juicio sobre su calidad e idoneidad? ¿Desde cuándo es jurisprudencia que los periodistas no pueden opinar y que, además, sus posibles opiniones corren el riesgo de suplir la función judicial? De mantenerse el precedente, sería un obstáculo contundente para la democracia colombiana y para proveer información sensible y crítica a los colombianos.
Según el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, Semana incurrió en una afectación a la intimidad familiar y personal de Marta Elena Monsalve, hermana de Juan Guillermo Monsalve, quien es el principal testigo en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. La transgresión, dice el juzgado, fue dar a conocer el expediente de ese caso, donde se incluían las interceptaciones legales a algunos miembros de la familia de Monsalve. Por eso ordenó eliminar el contenido. Esta decisión, como bien dicen la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios), “configura censura y desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión”.
El juez utiliza una lógica extraña para sustentar su decisión. Por un lado, dice que las pruebas no se podían publicar porque “no está permitida su utilización, menos su divulgación en asuntos diversos de la actuación penal”. También regaña a los periodistas por opinar, ya que eso es suplir “la labor judicial asignada únicamente a los jueces, incluso generando a priori juicios de valor sobre las conversaciones escuchadas”. Finalmente, en el acto más agresivo de todos, el juez le ordena a la Fiscalía investigar cuáles son las fuentes de los periodistas de Semana.
Una de dos: o el juez no entiende la importancia y la dificultad de hacer periodismo en Colombia, o lo entiende pero no le interesa y en el proceso quiere llevarse de frente la Constitución y la larga jurisprudencia de la Corte Constitucional.
¿Cuántas veces el país se ha enterado de asuntos importantes para la vida pública gracias a la divulgación de información de procesos judiciales? Incontables. ¿Cuántas veces el debate público se ha nutrido gracias al periodismo que revela lo que suele quedar encerrado en los archivos de los juzgados y la Fiscalía? Claro que es de alta relevancia pública que el país conozca todos los detalles del proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Sin esa transparencia, ¿cómo van las personas a tomar decisiones informadas?
Amenazar, además, con averiguar las fuentes de información es censurar de antemano y hacia el futuro el trabajo de todos los periodistas. En este país no hay fuentes prohibidas. La reserva del anonimato, además, ha sido esencial para arrojar luces sobre asuntos públicos que estaban en la oscuridad y tenían la complicidad del silencio.
Finalmente, ¿cómo así que no se puede opinar sobre procesos judiciales? En este país de impunidad por los cielos, de casos que nunca se resuelven, de una justicia colapsada, ¿es siquiera realista creer que la única verdad es la procesal y la judicial? Parece más bien que el juez lo que quiere es un país de gente callada y periodistas sin crítica.
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